Más de un año de espera, cientos de miles de expedientes sin respuesta clara y pensionistas sin cobrar lo que puede corresponderles por derecho.
 

👤 DESTINATARIOS:

Ministerio de Hacienda (Sr. Arcadi España)
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)
Defensor del Pueblo
Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados
 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Miles de pensionistas españoles, antiguos trabajadores que cotizaron durante años a mutualidades laborales, seguimos esperando que la Agencia Tributaria resuelva de forma efectiva las solicitudes de devolución del IRPF derivadas de las aportaciones realizadas a dichas mutualidades.

El Tribunal Supremo abrió la vía para que numerosos mutualistas pudieran solicitar la rectificación de sus declaraciones y la devolución de cantidades indebidamente tributadas, siempre que concurran los requisitos legales aplicables.

Posteriormente, la Ley 7/2024, de 20 de diciembre, habilitó un procedimiento extraordinario para tramitar estas devoluciones. Cumpliendo con lo exigido, muchos pensionistas presentamos nuestras solicitudes dentro del plazo establecido, a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. Muchos lo hicimos en abril de 2025.

Según datos oficiales facilitados por la propia AEAT en respuesta a una solicitud de transparencia, hasta el 1 de abril de 2026 se habían presentado 2.412.587 solicitudes de devolución; 1.580.463 contribuyentes habían recibido algún pago y el importe abonado ascendía a 3.124.876.299,91 euros. Sin embargo, estos datos no despejan una cuestión esencial: cuántos ciudadanos siguen pendientes de resolución completa, cuándo se les pagará y qué ocurre con los intereses de demora.

Hoy, más de un año después, seguimos sin resolución. Sin cobrar. Sin información.

 
¿QUÉ HA RESPONDIDO LA ADMINISTRACIÓN?

La propia AEAT, en respuesta a quejas formales presentadas ante el Consejo para la Defensa del Contribuyente, reconoció expresamente que los expedientes están sufriendo "un retraso indeseado debido a la carga de trabajo existente". Sin embargo, esta admisión no ha tenido consecuencia práctica alguna para los miles de ciudadanos afectados.

Hemos agotado, uno a uno, todos los cauces administrativos disponibles:

✅ Solicitud formal de devolución presentada en plazo.
✅ Requerimiento por inactividad administrativa con exigencia de intereses de demora.
✅ Queja ante el Consejo para la Defensa del Contribuyente.
✅ Solicitud de acceso a información pública ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
✅ Traslado competencial a la AEAT por parte del Consejo de Transparencia.
 

La respuesta ha sido siempre la misma: silencio, demora o traslado de responsabilidad.

 
¿QUÉ EXIGIMOS?

1. Resolución expresa e inmediata de todos los expedientes de devolución de mutualistas pendientes, sin más dilaciones injustificadas. La Administración tiene la obligación legal de resolver. No puede dejar a los ciudadanos en una espera indefinida.

2. Abono íntegro de los intereses de demora (actualmente en el 4,0625% anual) legalmente devengados desde el vencimiento del plazo de seis meses, conforme al artículo 31 de la Ley 58/2003, General Tributaria. Los pensionistas no debemos financiar con nuestro dinero la ineficacia de la Administración.

3. Transparencia real y efectiva: publicación del número total de expedientes pendientes, los importes globales adeudados a los ciudadanos y los plazos concretos de resolución.

4. Revisión del criterio aplicado a los mutualistas con pensiones más bajas, para evitar que queden excluidos de facto de una devolución que sí puede corresponderles en función de sus aportaciones y de su historial laboral. Exigimos al Ministro de Hacienda, Arcadi España, que revise esta situación y dé una respuesta clara, pública y motivada.

5. Responsabilidad institucional: la inactividad administrativa sostenida vulnera los principios constitucionales de eficacia, seguridad jurídica y buena administración, consagrados en el artículo 103 de la Constitución Española, así como el principio de confianza legítima del ciudadano en sus instituciones. La Administración no puede exigir puntualidad absoluta al contribuyente y, al mismo tiempo, permitirse meses y meses de retraso cuando es ella quien debe devolver. La ley debe obligar a todos. También a Hacienda.

 
¿A QUIÉN AFECTA ESTO?

A cientos de miles de pensionistas españoles —trabajadores que cotizaron honestamente durante toda su vida laboral— que hoy, en la última etapa de su vida, se enfrentan a una Administración que reconoce retrasos, pero sigue sin ofrecer una respuesta completa, individualizada y en plazo a miles de pensionistas. Personas mayores, muchas con recursos limitados, que no pueden esperar indefinidamente lo que la justicia ya les concedió. Detrás de cada expediente hay una persona.

Hay pensionistas que esperan una cantidad que puede ser importante para su economía familiar. Hay personas mayores que no pueden estar meses revisando la Sede Electrónica, llamando a teléfonos de información o presentando escritos para reclamar algo que debería resolverse de oficio, con claridad y diligencia.

Esto no es una petición de gracia. No es un favor. Es el cumplimiento de una obligación legal que la Administración lleva más de un año incumpliendo.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE FIRMAR?

Cada firma es una voz que exige que las instituciones respeten la ley que ellas mismas aprueban. Cada firma recuerda al Ministerio de Hacienda que detrás de cada expediente hay una persona mayor que espera, con toda la legitimidad jurídica de su parte, lo que le pertenece.

Firma y comparte. Cuantos más seamos, más difícil será ignorarnos.

 
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