Profesionales que hacen el mismo trabajo en los servicios públicos esenciales privatizados de justicia juvenil y protección de menores cobran diferente según el momento del contrato de su servicio. Esto es injusto y debe cambiar.

Cada día, profesionales de los centros y servicios de protección de menores y justicia juvenil en Andalucía trabajan con niños, niñas y jóvenes que han vivido situaciones muy difíciles: abandono, violencia o conflictos graves con la ley. Su labor es acompañarlos, protegerlos y ayudarles a reconstruir su futuro. Gestionan crisis, previenen situaciones de riesgo y trabajan para que estos/as jóvenes tengan una oportunidad real de inserción social.

Es un trabajo complejo, exigente y con una enorme responsabilidad social. Sin embargo, muchas de estas personas trabajan con salarios diferentes realizando exactamente las mismas funciones, simplemente porque el centro en el que trabajan depende de un contrato público que no se ha actualizado.

A esta situación se suma un problema grave de seguridad laboral. Una gran parte de
los/as profesionales ha sufrido agresiones verbales o físicas en el ejercicio de su trabajo,
muchas veces sin el respaldo institucional necesario. Desde el 1 de enero de 2026 está en vigor el V Convenio Colectivo Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores, que establece una estructura salarial obligatoria para todo el sector. Este convenio debe aplicarse siempre, independientemente de cuándo se firmó el contrato del centro o de la posible prorroga del misma.

Quienes protegen a menores también necesitan protección. Por eso pedimos desde la Federación de Enseñanza de CC.OO. a la Junta de Andalucía que garanticen seguridad, salarios justos y financiación suficiente para estos servicios públicos esenciales privatizados.

Los centros y servicios de protección de menores y de justicia juvenil son dispositivos esenciales para nuestra sociedad. En ellos se realiza una intervención socioeducativa intensiva, gestión de crisis, contención de conductas de riesgo y acompañamiento en procesos de reinserción social de jóvenes en situaciones muy complejas.

Aunque se trata de un servicio público, la mayoría de estos centros están gestionados por entidades privadas mediante contratos públicos, lo que genera desigualdades salariales y laborales. Profesionales que realizan el mismo trabajo pueden percibir salarios diferentes dependiendo del momento de adjudicación o de si la administración prorroga un contrato sin actualizar los costes.

Además, alrededor del 80 % de los profesionales ha sufrido agresiones verbales o físicas en su trabajo, pero solo un 6 % se denuncia debido a la falta de respaldo institucional. Solo en el segundo semestre de 2025 se registraron varias agresiones físicas graves en centros de menores en Andalucía.

El sistema de protección y justicia juvenil es un pilar de cohesión social, y no podemos permitir que quienes lo sostienen trabajen sin seguridad, sin reconocimiento y con desigualdades salariales.

Solicitamos a la Junta de Andalucía:
1.Garantizar la aplicación íntegra del convenio colectivo en todos los centros.

2. Incorporar los incrementos salariales y complementos del convenio en todas las
prórrogas y contratos vigentes.

3. Revisar los contratos actuales para asegurar el cumplimiento de los derechos
laborales.

4. Establecer financiación suficiente y estable para estos servicios públicos esenciales.

5. Mejorar las condiciones de seguridad y prevención de agresiones.

6. Reconocer profesionalmente el trabajo socioeducativo y técnico del sector.