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Ministro de Justicia Sr. Gallardón: No a la privatización de la Justicia. No a las tasas judiciales. La Justicia NO es un negocio.


La Ley de Tasas ya en vigor, está suponiendo un intolerable encarecimiento de la Justicia para la ciudadanía, para los que ya es obligatorio pagar por unos servicios que hasta ahora se prestaban por los empleados públicos de la Administración de Justicia de forma gratuita, al ser un servicio público indispensable.

También nos oponemos al proyecto del gobierno de privatizar los Registros Civiles dado que tendremos que pagar por la inscripción de un nacimiento, o por solicitar una partida de defunción, inscribir unas capitulaciones matrimoniales, o por tramitar una nacionalidad, etc., etc.

A partir de ahora, y con la Ley aprobada, nos enfrentamos a una Justicia para ricos.

Sólo tendrán derecho a Justicia Gratuita las personas en cuya unidad familiar no se superen unos ingresos de 1.242,52€ mensuales, ni tengan signos externos de capacidad económica (piso, vehículo, inversiones…).

MUY IMPORTANTE: el abono de las Tasas Judiciales se configura de una manera injusta, abusiva y desproporcionada porque su cuantía es igual, tanto para un banco como para un particular, para una gran empresa como para una pequeña, sin tener en cuenta en absoluto las rentas de los litigantes.

¿QUÉ HAY DETRÁS DE TODO ESTO?

El desmantelamiento de otro servicio público, en este caso, el de la Justicia, dificultando y, en la mayoría de los casos, impidiendo de forma manifiesta el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial de sus intereses reconocidos constitucionalmente. La justicia queda sólo al alcance de unos pocos, de los bancos, las grandes empresas y de las Administraciones Públicas.

Además, en paralelo, el Gobierno pretende aprobar en breve la privatización de los Registros Civiles y otros trámites judiciales.

Para los empleados y empladas públicos va a suponer una drástica reducción de juzgados y miles de despidos de trabajadores/as. Para Abogados y Procuradores, una disminución sustancial de su trabajo e ingresos.

EN RESUMEN, SUPONE la vulneración de un derecho fundamental recogido en el art. 24 de la Constitución Española, que es el derecho a la tutela judicial efectiva.

¿QUÉ SUPONE LA IMPOSICIÓN DE LA TASA JUDICIAL PARA EL CIUDADANO NORMAL?

1.- … Si tiene problemas con vecinos morosos...  

Reclamación            Tasa              Apelación

2001€                        100€                 810€

6000€                         115€                830€

12000€                       160€                860€

 

2.-   ...Si tiene un accidente de tráfico...

RECLAMACIÓN      TASA           APELACIÓN

2.001€                     160€               No recurrible

3.000€                     165€                    815€

6.000€                     180€                    830€

 

3.-  …y un problema con el préstamo bancario...

Poner una reclamación a la sentencia condenatoria de pago por haberse ya pagado les costará…

RECLAMACIÓN      TASA      APELACIÓN

1.000€                      205€              805€

3.000€                      215€               805€

6.000€                      230€               830€

 

4.-   ... Acudir al Juzgado por una multa de tráfico de 100€ les costará…

TASA:  200€

 

5.-  ... Y en caso de divorcio...

TASA       APELACIÓN

240€            890€

 

Pero esto no es todo... 

El Ministro de Justicia ha presentado un anteproyecto de Ley para privatizar el Registro Civil.

Esto supone para los ciudadanos, que tendrán que pagar -también- por un servicio hasta ahora gratuito: nacer, casarse, morirse, realizar capitulaciones matrimoniales, sacar partidas de nacimiento, defunción, etc., etc., costará dinero, ya que la gestión del Registro Civil se pretende entregar a los Registradores de la Propiedad y Notarios, y estos cobrarán los oportunos ARANCELES.

Por todas estas razones, te pedimos que apoyes esta iniciativa. La Justicia no puede ser sólo para unos pocos con dinero.

La Justicia ha de ser accesible para TODOS Y TODAS, y además, en igualdad de condiciones... ¿o es que ahora va a dar igual que un banco pague la misma tasa que un desahuciado?...

Letter to
Alberto Ruiz-Gallardón
Ministro de Justicia D. Alberto Ruiz Gallardón
POR LA DEFENSA DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA JUSTICIA PARA TODOS, DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA
Los abajo firmantes, queremos manifestar nuestra rotunda oposición a las medidas que está tomando el Ministerio de Justicia del que es titular porque suponen un ataque de enormes proporciones al Servicio Público de la Justicia, a los derechos de acceso a la Justicia en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos, a la justicia para todos que proclama nuestra Constitución representado por el principio de tutela judicial efectiva.
En este sentido:
Nos oponemos a la Ley 10/2012 (Ley de Tasas) porque crea una justicia sólo para una minoría, los llamados ricos, porque pueden sin problemas costearse la subida de las tasas judiciales, mientras deja a la inmensa mayoría de la sociedad, ciudadanos en paro, trabajadores, pensionistas…, sin posibilidades de acudir a la Justicia a defender sus derechos porque no podrán pagarla.
Denunciamos que la Administración de Justicia ampare a los bancos que con sus demandas privan a miles de ciudadanos de un derecho fundamental como es la vivienda.
Denunciamos el oscurantismo y el despotismo del Ministro de Justicia en la elaboración y tramitación de los proyectos de ley de reforma de la Administración de Justicia despreciando soberanamente a los profesionales que día a día somos los que mantenemos en pie el servicio público.
Nos oponemos a otros proyectos del ministro de Justicia de reforma de la Administración de Justicia, que van a suponer un encarecimiento de la Justicia para los ciudadanos, que pagarán por unos servicios que ahora prestamos los empleados públicos de la Administración de Justicia de forma gratuita, al ser un Servicio Público indispensable.
Nos oponemos a un proyecto del Gobierno por el que a partir de ahora tendremos que pagar por la inscripción de un nacimiento o por solicitar una partida de defunción o por presentar una demanda de divorcio o por inscribir unas capitulaciones matrimoniales o para que se cumpla una sentencia judicial o por tramitar una nacionalidad, etc, etc
Y exigimos:
La retirada de la Ley de Tasas y la retirada de todos los proyectos del ministerio de Justicia que pretenden convertir el Servicio Público de la Justicia en un negocio.