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Ministro de Justicia y Ayto. de Córdoba

Ministro de Justicia y Ayto. de Córdoba: Reintegrar el patrimonio público apropiado ilegalmente por la Igl. Católica

La Mezquita de Córdoba es propiedad de la Iglesia Católica y será imposible su retorno a los ciudadanos a partir de 2016.

  

El Cabildo de la Catedral elimina la palabra Mezquita de todas las señales en el interior de la Mezquita.

 

La ley de “inmatriculaciones” permite que nos roben sin posibilidad de retorno. Las administraciones y la ciudadanía pueden evitarlo pidiendo la titularidad pública antes de dos años. El Obispado se valió, para ponerla a su nombre, de dos artículos de la Ley Hipotecaria de Franco. El tiempo juega a su favor, que ha borrado del mapa una mezquita como una catedral.

Iniciamos una nueva campaña para pedir esta vez además del Ministerio de Justicia, al Ayuntamiento de Córdoba. Es importante para que se cumpla un principio de justicia social eliminando los privilegios abusivos de la Iglesia Católica.


Letter to
Ministro de Justicia y Ayto. de Córdoba
Luis Vega, Presidente de AMAL- Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores, te pide que firmes esta petición contra el espolio económico, cultural y productivo que la Iglesia Católica realiza de manera ininterrumpida de NUESTRO patrimonio público.

AMAL DENUNCIA LA ESCANDALOSA USURPACIÓN DE BIENES PÚBLICOS POR PARTE DE LA IGLESIA CATÓLICA, UN EJEMPLO SANGRANTE ES LA MEZQUITA DE CÓRDOBA (DECLARADA POR LA UNESCO “PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD”), UTILIZANDO UNA NORMATIVA QUE CONSIDERA A UNA CORPORACIÓN RELIGIOSA PRIVADA, COMO DE DERECHO PÚBLICO Y A LOS OBISPOS COMO FUNCIONARIOS RELIGIOSOS FEDATARIOS PÚBLICOS Y ELLO CON LA COMPLICIDAD Y PASIVIDAD DEL ESTADO.

ESTA ACTUACIÓN SE DENOMINA INMATRICULAR. Una práctica que en la última década ha supuesto que la institución religiosa se haya quedado un inmueble cada tres días.

EXIGIMOS QUE SE APLIQUE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 1993 “Sentencia del Tribunal Constitucional 340/1993, de 16 de Noviembre”, QUE ADVERTÍA AL ESTADO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHO RECONOCIMIENTO, CONSIDERANDO EN PRIMER LUGAR QUE DESDE 1978, SOMOS JURÍDICAMENTE UN ESTADO NO CONFESIONAL.

Te explico:
La Mezquita de Córdoba fue construida entre los años 780 y 785 por Abderramán I. Doce siglos después, el 2 de marzo de 2006, la Iglesia Católica inscribió el inmueble a su nombre en el Registro de la Propiedad número cuatro de Córdoba: tomo 2381, libro 155, folio 198. El trámite costó apenas 30 euros.

Tal robo fue posible por dos milagros.

El primero, que José María Aznar cambió la ley hipotecaria en 1998 para permitir a la iglesia apropiarse de edificios de dominio público, aunque sean patrimonio de todos los españoles: basta con que el señor obispo dé fe y certifique que pertenecen a la Iglesia, sin necesidad de notario.

El segundo milagro, que disponer de un edificio de 23.400 metros en pleno centro de Córdoba le sale gratis a la Iglesia: no paga el IBI y tampoco se ocupa de los gastos de conservación.

La entrada en la Mezquita de Córdoba cuesta 8 euros por persona; al año recibe más de un millón de visitantes. No te entregan factura y es dudoso que el dinero recaudado pague impuestos: se considera un donativo y, como tal, está exento de tributación.
El obispado de Córdoba dispone de la Mezquita a su absoluta voluntad.
También decide quién puede trabajar en ella como guía y quién no.
No es raro que haya días en los que se cierre el acceso a los turistas porque hay, por ejemplo, una convención de sacerdotes en su interior.

Sin embargo, los gastos de restauración y conservación no los paga la Iglesia: los PAGA el Estado.

Desde 1998, la iglesia ha inscrito a su nombre cientos de edificios, campos agrícolas… muchos de ellos financiados por los vecinos de cada pueblo o ciudad.
En esta situación se encuentran centenares de viviendas, suelo rústico y urbano, calles junto a iglesias, patrimonio cultural…etc. en toda España… que los “obispos diocesanos”, actuando como funcionarios públicos, dan fe y registran sin ningún tipo de escrúpulo. Los registradores de la propiedad lo apuntan, a cambio de un puñado de euros y la inmensa mayoría de las corporaciones locales, gobiernos territoriales y el Estado central “miran hacia otro lado”, en lo que podríamos considerar como un delito político de gran alcance.

Zapatero no cambió la ley en ocho años y tampoco hay ninguna intención de Rajoy para denunciar este robo.
Es improbable que tal abuso lo vaya a eliminar el PP pero, con algo de suerte, tal vez la Unión Europea obligue al Gobierno a cobrar el IBI a la iglesia, igual que ha hecho con Italia. No es poco dinero: este privilegio (el de no pagar impuestos) nos cuesta 3.000 millones de euros al año, ¡una décima parte del déficit que le falta por recortar a Rajoy!
Pero aún así es insuficiente.
¡Pedimos que se restituya al pueblo lo que siempre ha sido del pueblo!
Y si no, que pregunten a los navarros y sus 1086 inmatriculaciones -que así se llama esta acción- de la iglesia en aquella comunidad.

Y no hay dinero para sanidad, educación, justicia… es una vergüenza.
Ello se puede calificar de una gran estafa consentida por el Estado que asciende a miles de millones de euros, tanto en el intento de espolio de patrimonio público, como en cuestión tributaria.

AMAL EXIGE A LOS PODERES LEGISLATIVOS, JUDICIAL Y EJECUTIVO, QUE ACTÚEN EN SUS ÁMBITOS RESPECTIVOS, CON EL FIN DE ANULAR ESTOS ACTOS, HACIENDO DESAPARECER LA NORMA PRECONSTITUCIONAL QUE LO PERMITE.

Si estás de acuerdo, firma este documento dirigido al Ministro de Justicia, del que dependen las INMATRICULACIONES.