LEY DE RIEGO (PRIVATIZACIÓN DEL AGUA). Inconstitucional, el pueblo ya decidió en 2004

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IMPULSEMOS LA DEROGACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE LA LEY DE RIEGO, APROBADAS POR LA MAYORÍA DE LOS PARLAMENTARIOS HACE UNAS SEMANAS. A CONTINUACIÓN LES DEJO ALGUNOS ARGUMENTOS CIENTÍFICOS.

Afirman que la redacción del texto entra en conflicto con el Artículo 47 de la Constitución de la República y advierten sobre los riesgos que existen por reducir los caudales de agua en presencia de exceso de fertilizantes como se constata hoy en todo el país.

Los investigadores advierten sobre los riesgos de la Ley de Riego en un informe científico que analiza todas las tomas de agua de OSE en el país.

“Cómo investigadores profesionales en temáticas ambientales y territoriales vinculadas al agua advertimos que la visión esgrimida en la fundamentación de la ley presenta problemas conceptuales graves respecto al funcionamiento de los ecosistemas, y que las acciones promovidas generarán impactos fuertes y duraderos en lo social, arqueológico y en los cuerpos de agua. Consideramos imprescindible que se consideren estos elementos para la reglamentación e implementación de la ley como forma de evitar y/o mitigar algunos de los impactos previstos".

Ésta norma tiene “una visión en extremo acotada que entiende a ríos y arroyos como simples conductores del agua, y desconoce el funcionamiento de los cursos de agua, embalses, y el ciclo hidrológico en general.”

Para los científicos, “La ley de riego surge de intereses sectoriales con la intención de alcanzar un aumento de la productividad de ciertos cultivos a gran escala.”

El informe señala, mediante un exhaustivo mapa, que “las modificaciones causadas en algún punto de esta densa red (de las tomas de agua de OSE), tendrían consecuencias en el proceso de extracción y potabilización del agua.”

Los investigadores indican, basados en experiencias internacionales, que “estas alteraciones de los cursos de agua presenta impactos a nivel de la biodiversidad como: reducción de la riqueza genética causada por el aislamiento de las poblaciones, pérdida de biodiversidad, fragmentación de hábitat, entre otros.”

Mientras tanto, afirman que la elaboración de la Ley se apoya en “conceptos confusos como residuos asociados al carbono en suelos, y el eventual rol positivo que los embalses tendrían como trampas de carbono en un escenario de cambio climático. Estos argumentos carecen de fundamento técnico y no pueden considerarse válidos.”

El informe también abarca aspectos histórico-culturales y advierte que en la construcción de las represas de Rincón del Bonete, Salto Grande y Palmar, y está siendo evaluada en el caso de la represa de Casupá, “todas ellas han dejado centenas de yacimientos arqueológicos prehispánicos e históricos sumergidos”.

Los científicos advierten que desde el punto de vista legal, la Ley no solo contradice lo consagrado en el artículo 47 de la Constitución sino que genera conflictos “con el artículo 34 de la Constitución (…) que expresa que: “Toda riqueza artística o histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye el tesoro cultural de la Nación, estará bajo la salvaguarda del Estado y la ley establecerá lo que estime oportuno para su defensa”.

En cuanto a las lógicas de gestión, el documento indica que “las potenciales repercusiones a nivel económico y social pueden ser revisadas en experiencias previas como la de España, donde el tratamiento del agua como un producto comercial, llevó al predominio de lógicas de gestión económica en un recurso básico, habilitando a sociedades de riego a fijar precios y lógicas productivas en base a intereses particulares.”



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