Victoria

Respetar trabajo de la Comisión Anticorrupción y sancionar violación a la libre expresión

¡Esta petición logró su objetivo con el apoyo de 184 personas!


La Comisión Anticorrupción del Ecuador [CNACE] con la facultad ciudadana de fiscalizar los actos del poder público -incluídos aquellos acerca del manejo y destino de fondos públicos- no pueden ser objeto de represalias ni sanciones de ningún tipo, pues la ciudadanía, como mandante, tiene el derecho y la obligación de controlar y pedir cuentas a los funcionarios estatales de sus gestiones. Esto constituye un elemento fundamental para la existencia misma y fortalecimiento de un Estado democrático.

Existen amenazas, actos de hostigamiento, descalificación y procesamientos judiciales contra los miembros de la CNACE (demanda civil y penal), a razón de las gestiones de investigación y denuncia de posibles actos de corrupción en el gobierno. Esto constituye violaciones flagrantes al derecho a la libertad de expresión, consagrado en el artículo 66.7 de la Constitución, 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Solidarizarnos con esta causa es recordar que la libertad de expresión y la denuncia a la falta de transparencia y corrupción en el gobierno, son derechos del pueblo ecuatoriano. Representantes de varias organizaciones gremiales y ciudadanas conforman la CNACE: Jorge Rodríguez, quien es el coordinador general, Julio César Trujillo, Isabel Robalino, David Rosero, María Arboleda, Simón Espinosa, Ramiro Román, Germán Rodas Chaves, Byron Celi, Gustavo Cedeño, Mario Unda, Hernando Morales y el padre Fernando Vega. El secretario general es Víctor Rivadeneira.

Más información grupoderechoambiental@cedenma.org
Caso Mandariacu [Fuente: Plan V

 

Se enviará la siguiente carta:

Nosotros, los abajo firmantes suscribimos la presente carta en rechazo a las amenazas proferidas por el Vicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel, y de los procesos judiciales en contra de los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción, CNACE, tras emitir un informe con el cual se evidencian irregularidades en el proceso de contratación de la central hidroeléctrica Manduriacu.

En repetidas ocasiones, el Vicepresidente Glas ha sostenido, con respecto al informe que “(…) esto va a terminar en la Fiscalía por injurias, por daños y perjuicios”. Además, ha descalificado a los miembros de la CNACE alegando que representan a “los opositores de siempre”, por sus actos de defensa a varias personas y grupos sociales en asuntos relacionados con el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Estas amenazas han venido realizándose desde que en septiembre de 2015 la Comisión anunció que presentarían una denuncia formal en la Fiscalía, amparándose en los resultados del antes mencionado informe. En particular, indicaron que era necesario que las autoridades establezcan "claramente quiénes son las personas e instituciones responsables, desde la etapa precontractual de Manduriacu, contratación de la obra, fiscalización y revisión final”, que permitió incrementar el costo del proyecto hasta el 82% del valor contratado.  Ante ello, otros funcionarios, como el Ministro de Electricidad, también han hecho amenazas del mismo estilo, en un intento de impedir que se investiguen estos hechos.

Creemos que las amenazas, actos de hostigamiento, descalificación y procesamientos judiciales contra los miembros de la CNACE por sus gestiones de investigación y denuncia de posibles actos de corrupción en el gobierno, constituyen violaciones flagrantes al derecho a la libertad de expresión, consagrado en el artículo 66.7 de la Constitución, 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En este sentido, le recordamos al gobierno que las expresiones y opiniones que versen sobre asuntos de interés público constituyen un discurso especialmente protegido a la luz de esos instrumentos internacionales. La facultad ciudadana de fiscalizar los actos del poder público -incluidos aquellos acerca del manejo y destino de fondos públicos- no pueden ser objeto de retaliaciones ni sanciones de ningún tipo, pues la ciudadanía, como mandante, tiene el derecho y la obligación de controlar y pedir cuentas a los funcionarios estatales de sus gestiones. Esto constituye un elemento fundamental para la existencia misma y fortalecimiento de un Estado democrático.

Recordamos también, que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha indicado en varias oportunidades, que la sola amenaza de iniciar procesos penales por la denuncia de posibles actos de corrupción, constituye en sí misma una violación al derecho a la libre expresión, por el efecto inhibidor que puede causar en la sociedad. Ello, pues no solo amedranta y silencia a quienes las sufren, sino a todo aquel que quisiera hacer denuncias similares.  En esta misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido de manera constante, que la utilización de la vía penal para castigar la manifestación de expresiones que versan sobre asuntos de interés público es desproporcionada y no persigue fines legítimos dentro de una sociedad democrática, y por tanto es violatoria del derecho a la libre expresión.

En virtud de lo anterior, denunciamos públicamente que los actos de amenaza, descalificación y procesamientos judiciales que varios funcionarios del Ejecutivo han proferido contra los miembros de la CNACE, a raíz de la emisión del Informe en el caso de la Central Manduriacu, son inconstitucionales y merman el derecho ciudadano de recibir información y debatir sobre estos asuntos. Reiteramos nuestro apoyo y solidaridad a los señores Julio César Trujillo, Isabel Robalino, Jorge Rodríguez, David Rosero, María Arboleda, Simón Espinosa, Ramiro Román, Germán Rodas Chaves, Byron Celi, y el padre Fernando Vega miembros integrantes de la CNACE, quienes cumplieron con su derecho fundamental y deber ciudadano de investigar, denunciar y fiscalizar tales hechos. Exigimos, de igual manera, que las autoridades investiguen en tiempo razonable, los hechos alegados en el informe, y, de ser el caso, se sancione a los responsables de las irregularidades que constan en el mismo.

Afirmamos que formas autoritarias de ejercicio del poder resquebrajan la institucionalidad y abren campo a la corrupción.



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