El Instituto Privado Emilio Lamarca, propiedad de November Group S.R.L, cuyo representante legal y dueño es el Sr. Carlos Forno, funciona desde el año 2011. Su habilitación precaria solicitada ante DGIPE en septiembre de 2010 le fue otorgada, de forma regular, durante los tres primeros años, siendo otorgada luego a través de recurso de amparo hasta el 2016 inclusive.  
Con algunos altibajos y problemas económicos, la escuela funciona desde entonces, gracias al trabajo de los docentes y no docentes, y sobre todo al apoyo, y la elección que las familias hacen de nuestro proyecto educativo. Dicho sea de paso, es de destacar que la propuesta educativa que brinda el colegio ha recibido el beneplácito tanto de DGIPE como de los alumnos y alumnas y padres que hasta la actualidad nos siguen eligiendo.    
El instituto Privado Emilio Lamarca cuenta hoy con una planta funcional de alrededor setenta docentes, seis de los cuales son empleados de administración y personal de mantenimiento. La matrícula al día de la fecha es de 210 alumnos en los tres niveles y gracias al trabajo docente durante este año conseguimos aumentar la matrícula aproximadamente en sesenta alumnos/as para el 2017. En total, contaríamos con 270 alumnos para el año 2017. 
Lamentablemente, el día sábado en una nota de la Voz del Interior nos notificamos de la resolución de DGIPE, quien decidió, a nuestro entender de manera irresponsable, que el colegio no podrá seguir durante 2017. Y decimos de manera irresponsable porque nos parece una desprolijidad tomar semejante decisión sin prever las consecuencias que la misma podría en una fecha tan complicada tanto para el trabajo docente como para los padres y alumnos/as de nuestra institución. Al parecer, los docentes somos los únicos que pensamos en ellos, ya que teniendo una incertidumbre total sobre el cobro de nuestros sueldos, decidimos seguir tomando exámenes en diciembre para no perjudicarlos más de lo que ya se lo está haciendo.   
Entendemos que el motivo de la resolución se sustenta en algunos puntos esenciales. Como la no renovación del contrato de alquiler y el incumplimiento de los siguientes  requisitos legales: 
Presunta insolvencia económica, los propietarios del establecimiento no habrían acreditado su situación patrimonial ni el derecho del uso del inmueble (contrato del alquiler 2017).  
Incumplimiento de las obligaciones laborales de los docente (obra social y jubilación). 
Falta de acreditación del pago de ART. 
Retraso en el pago del salario. 
Deudas de aguinaldos. 
Incumplimiento en los acuerdo de pagos con UEPC.  
No obstante estos motivos, los docentes y demás trabajadores administrativos y de limpieza no estamos dispuestos a quedarnos sin trabajo. Si se nos cierra nuestra fuente laboral, se nos cierran las puertas para cumplir con el trabajo para el que fuimos formados y hemos trabajado los últimos años y que usted conoce muy bien: la docencia.    
Es por este motivo que solicitamos a este Ministerio de Educación su intervención, a través  de la defensa y el apoyo para la continuidad de nuestra fuente de trabajo. Es importante recalcar que se trata de un establecimiento educativo que funciona desde lo pedagógico con un proyecto exitoso, tal como lo afirma la resolución de DGIPE, que no cuestiona en ningún momento ni a su plantel docente ni sus resultados educativos, y que además ha sido elegido por muchas familias, cuyos hijos quedarán sin bancos, debiendo ser reubicados de urgencia en cualquier tipo de escuela sin la libertad de hacer una elección plena y de derecho. Porque confiamos en nosotros y en el trabajo que venimos realizando, esperamos tenga a bien concedernos esta audiencia.