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Ministras Sra Ana Mato y Mª Fátima Bañez: Cesen de los recortes en los servicios para personas con discapacidad

Las últimas medidas tomadas por los gobiernos del Estado español y de la Generalitat de Catalunya han incrementado la vulnerabilidad de este colectivo de ciudadanos; un colectivo que sin estos recortes ya se encontraba en la franja de exclusión social y que con estos brutales ajustes han visto lesionados sus derechos y oportunidades hasta niveles insoportables, condenando a gran parte de estas personas a su exclusión permanente. Los recortes sociales afectan a toda la ciudadanía en diversos grados, pero en este colectivo se suma la falta de medidas compensatorias suficientes y adecuadas que hacen que la vida de estas personas se vea más gravemente afectada, ya que su vida habitual ya resulta más onerosa que en el caso de la población sin discapacidad.

Como grupo social ya padecían una imprevisibilidad histórica por falta de compromiso de la gran mayoría de los gobiernos y de la Administración pública que, durante más de dos décadas, han practicado un sistema de ayudas falto de objetividad y de eficacia, sin control efectivo, sin realizar ninguna reforma de fondo; al contrario, se ha decretado cómo saltarse la Ley de Integración de los Minusválidos de 1982 (LISMI), por ejemplo para evadir la reserva del 2% de los puestos de trabajo, en las empresas de más de 50 trabajadores, para personas con alguna discapacidad.

Los Centros Especiales de Empleo (CEE), modalidad de centro de trabajo protegido, no han cumplido con su objetivo; el número de personas trabajadoras con discapacidad que se ha integrado en empresas ordinarias ha sido testimonial, el salario de éstos no va más allá del SMI (Salario Mínimo Interprofesional). Los CEE se han convertido en empresas de mano de obra barata, subsidiarios de otras empresas y de servicios de las Administraciones públicas la cuales ya no pagan a causa del déficit público y algunas empresas han cerrado o han entrado en crisis afectando de esta manera a los CEE.

¿Cómo se pretende integrar a las personas con discapacidad y garantizar el disfrute de sus derechos constitucionales como marca la ley si se eliminan o reducen puestos de trabajo y se precarizan los servicios a ellas destinados?

Los Servicios de Terapia Ocupacional y de Integración y Orientación, así como los servicios residenciales, se han visto afectados por medidas organizativas derivadas de los recortes, incrementando el número de usuarios por cada profesional.
En 2012, las ayudas a la Dependencia bajaron un 13% para quienes necesitan ayuda de una tercera persona así como para quienes necesitan ayudas técnicas para su autonomía. Las pensiones, por hijo al cargo, se han congelado en caso de hijos con discapacidad o han incrementado con minucias en caso de hijos con los mayores grados de discapacidad, superiores al 65%.

En cuanto a los profesionales que trabajamos para procurarles una vida lo más plena posible, nuestras condiciones de servicio han empeorado al incrementar el número de usuarios por persona educadora/monitora, esto provoca un incremento de la carga de trabajo y, a medio plazo, un descenso de la calidad del servicio. Además estamos viviendo una gran incertidumbre ya que no tenemos garantizado el cobro de un salario mensual que está congelado desde el año 2009, ni la continuidad de nuestros puestos de trabajo, a lo que se añade una secular falta de reconocimiento social sobre nuestra labor.

Queremos calidad de vida para las personas con diversidad funcional y que no empeoren las condiciones de los servicio ni los de las personas que las atendemos.

CUANDO LAS NORMAS DESAMPARAN A LOS MÁS DÉBILES, SE DESHUMANIZA LA SOCIEDAD QUE LO TOLERA

Letter to
Ministra de Sanidad y Seguridad Social Ana Mato
Ministra de Empleo y Seguridad Social Ministra Sra. Mª Fátima Bañez
A las Ministras de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad, Sra. Ana Mato y
de Empleo Sra. María Fátima Bañez

Nos dirigimos a ustedes para pedirles el CESE DE LOS RECORTES EN LOS SERVICIOS DESTINADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Las últimas medidas tomadas por los gobiernos del Estado español y de la Generalitat de Catalunya han incrementado la vulnerabilidad de este colectivo de ciudadanos; un colectivo que sin estos recortes ya se encontraba en la franja de exclusión social y que con estos brutales ajustes han visto lesionados sus derechos y oportunidades hasta niveles insoportables, condenando a gran parte de estas personas a su exclusión permanente. Los recortes sociales afectan a toda la ciudadanía en diversos grados, pero en este colectivo se suma la falta de medidas compensatorias suficientes y adecuadas que hacen que la vida de estas personas se vea más gravemente afectada ya que su vida habitual ya es más onerosa que en el caso de la población sin discapacidad.

Como grupo social ya padecían una imprevisibilidad histórica por falta de compromiso de la gran mayoría de los gobiernos y de la Administración pública que, durante más de dos décadas, han practicado un sistema de ayudas falto de objetividad y de eficacia basado en aportaciones económicas sin control efectivo, sin realizar ninguna reforma de fondo; al contrario, se han tomado medidas para saltarse la Ley de Integración de los Minusválidos de 1982 (LISMI) haciendo decretos para evadir, por ejemplo, el cumplimiento de cubrir el 2% de los puestos de trabajo, en las empresas de más de 50 trabajadores, por personas con alguna discapacidad.

Los Centros Especiales de Empleo (CEE), modalidad de centro de trabajo protegido, no han cumplido con su objetivo; el número de personas trabajadoras con discapacidad que se ha integrado en empresas ordinarias ha sido testimonial. El 70% de su plantilla ha der trabajadores con discapacidad los cuales no cobran más allá del SMI (Salario Mínimo Interprofesional). Los CEE se han convertido en empresas de mano de obra barata, subsidiarios de otras empresas y de servicios de las Administraciones públicas la cuales ya no pagan a causa del déficit público y algunas empresas han cerrado o han entrado en crisis afectando de esta manera a los CEE.

¿Cómo se pretende integrar a las personas con discapacidad y garantizar el disfrute de sus derechos constitucionales como marca la ley si se eliminan o reducen puestos de trabajo y se precarizan los servicios a ellas destinados?

Los Servicios de Terapia Ocupacional y de Integración y Orientación, se han visto afectados por medidas organizativas derivadas de los recortes incrementando el número de usuarios por cada profesional

En el 2012, las ayudas a la Dependencia bajaron un 13% para quienes necesitan ayuda de una tercera persona así como para quienes necesitan ayudas técnicas para su autonomía. Las pensiones por hijo al cargo se congelaron en caso de hijos con discapacidad ≥ al 33%, ha incrementado en 14,58€/mes, en caso de hijos con discapacidad del ≥ 65% y si es ≥ al 75% sólo 21,84€/mes.

En cuanto a los profesionales que trabajamos para procurarles una vida lo más plena posible, han empeorado nuestras condiciones de servicio al incrementar la ratio de usuarios por reducción del número de educadores/monitores, esto provoca un incremento de la carga de trabajo y, a medio plazo, un descenso de la calidad del servicio. Además estamos viviendo una gran incertidumbre ya que no tenemos garantizado el cobro de un salario mensual que está congelado desde el año 2009, ni nuestros puestos de trabajo a lo que se añade una falta de reconocimiento social de nuestra labor.

Queremos calidad de vida para las personas que atendemos y que no empeoren las condiciones de servicio de las personas que las atendemos.

CUANDO LAS LEYES DESAMPARAN A LOS MÁS DÉBILES, SE DESHUMANIZA LA SOCIEDAD QUE LO TOLERA