PLENOS DERECHOS PARA LAS PERSONAS INMIGRANTES

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El pasado 7 de abril, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto-ley 13/2020por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, entre las que se establece la flexibilización de la contratación en el campo para ciertas categorías de personas desempleadas, para los inmigrantes cuyos permisos de trabajo o residencia finalicen el 30 de junio y para los jóvenes extranjeros de entre 18 y 21 años (a quienes se les facilitará un permiso de trabajo para que puedan trabajar en estas labores).

La medida se adopta por una evidente situación de causa mayor y tiene varios objetivos, virtuosos e innegables: abastecer a la población de productos alimentarios básicos, evitar la pérdida de cosechas y la ruina de empresas de la industria agroalimentaria y proporcionar opciones de empleo a personas actualmente sin recursos, entre muchas otras.

Ahora bien, se trata de una medida excepcional y que supone, para aquellos que se acojan a ella (tras cumplir los requisitos y de manera voluntaria), un grado de riesgo vital adicional al experimentado por la población confinada y para cuyo abastecimiento estas personas van a ser contratadas. Las personas que participen en estas campañas estarán por lo tanto cumpliendo un servicio destacado para el país, al igual que el que vienen cumpliendo los profesionales sanitarios y todos los funcionarios públicos y personal laboral o personas autónomas encargadas del sostenimiento de servicios esenciales (transporte de personas y mercancías, limpieza, energía, telecomunicaciones, logística, seguridad ciudadana, etc).

Por ello y teniendo en cuenta la situación de especial vulnerabilidad administrativa, social, económica y sanitaria de las personas inmigrantes, quienes firmamos esta petición solicitamos para todas quienes participen en las campañas agrícolas promovidas bajo este decreto y que así lo deseen, el que puedan optar, o bien por un permiso de residencia de larga duración en España (del tiempo que requieran para cumplir los cinco años preceptivos para la residencia indefinida) o bien la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza. Hacemos extensiva esta petición a todas las personas inmigrantes que participen en otros servicios considerados esenciales para la población durante el período de vigencia del Estado de Alarma, no cubiertos por este Real Decreto (cuidados, salud, transporte, alimentación y hostelería, construcción...).

Es una medida voluntaria, que no ata a nadie, pero que regulariza una situación de explotación laboral y violación sistemática de derechos humanos que ya se alarga por más de dos décadas. Se trata de compensar y proteger a aquellos trabajadores/as que están realizando tareas que no puede asumir ni el Gobierno ni la población autóctona. 

Solicitamos que de la misma manera que se moviliza a la población inmigrante para atender necesidades poblacionales básicas y bajo situaciones excepcionales, este país retribuya su sacrificio con la protección legal que les garantizará el acceso a derechos fundamentales que hasta ahora les han sido negados, de facto y de iure.

Obviamente, nuestra petición se suma y se superpone y refuerza las reivindicaciones y esfuerzos sostenidos desde hace décadas por las organizaciones de defensa de los derechos de todas las personas inmigrantes en España, sea cual sea su situación administrativa y participen o no en las formas de trabajo amparadas bajo este Real Decreto. Todas las personas somos migrantes potenciales y todas deberíamos poder gozar de plenos derechos de estancia, residencia y trabajo en aquellos países en los que nos integramos y a los que aportamos de diversas maneras. Tampoco pretende esta medida que se solicita sea instrumentada por el Gobierno de España, el instituir una legislación paralela, sino responder de manera justa y garantista desde el Estado a un llamamiento que realiza el propio Estado para poder cubrir las necesidades urgentes de su población.

Nota: La adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza, tiene carácter graciable y no se sujeta a las normas generales de procedimiento administrativo. Es otorgada discrecionalmente por el Gobierno mediante Real Decreto, tras valorar la concurrencia de circunstancias excepcionales.