¡Por una ley contra la importación de fracking! #FrackingEsEcocidio

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El fracking, también llamado fracturación hidráulica, es una técnica que consiste en inyectar grandes cantidades de líquido a gran presión en el subsuelo para fracturar el esquisto, un tipo de roca, y liberar el gas y petróleo atrapados en él. Esta forma de extracción de gas es muy nociva allá donde se utilice: llega a consumir 20 millones de litros de agua por pozo, pudiendo provocar estrés hídrico en la zona, además de contaminar acuíferos y otras fuentes de agua potable de forma irreversible y producir terremotos en la región. El fracking contribuye gravemente al calentamiento global porque libera grandes cantidades de metano durante la extracción, un gas de efecto invernadero que es hasta 86 veces más potente que el CO2 en absorber calor. El fracking es responsable de más del 50% del incremento de todas las emisiones de metano por parte de combustibles fósiles a nivel global durante los últimos 10 años, por lo que el impacto en emisiones de gases de efecto invernadero del gas de esquisto es el mayor de todos los combustibles fósiles. 

La mayoría de las compañías prefieren no revelar la composición de los aditivos que añaden al agua a presión, pero se sabe que puede también suponer perjuicios gravísimos para la salud de la población y la fauna local, causando entre otras cáncer, leucemias, malformaciones fetales, abortos, enfermedades del corazón, etc. Por otro lado, según la Organización Marítima Internacional (OMI), entre 2012-2018 las emisiones de metano han aumentado un 150% en el transporte marítimo debido al incremento del uso de GNL como combustible para barcos. Además, el etileno del gas de esquisto es utilizado para producir plásticos baratos y seguir contaminando nuestros océanos, y el boom de fertilizantes debe su auge al gas de fracking, alimentando un modelo de agronegocios que está agotando y destruyendo los suelos del planeta. En conclusión, la evidencia científica es sobrecogedora: la extracción de gas de esquisto a través del fracking es peligrosa a muchos niveles, pues está detrás de la contaminación del agua, el suelo, el aire, la inducción de sismos y un sinnúmero de graves enfermedades. 

Mucho se ha debatido y luchado en España por la prohibición del uso de la fracturación hidráulica o fracking en todo el territorio nacional. Actualmente el fracking está prohibido en España y otros muchos países europeos, porque se conocen y reconocen los perjuicios que ocasiona sobre el territorio natural y la salud. Sin embargo, se sigue importando gas natural licuado (GNL) procedente de fracking desde EEUU, Argelia, Argentina y otros países del Sur Global. ¿No admitimos el fracking en España pero nos lucramos de la explotación del aire, el agua y el suelo en otros países, sin responsabilizarnos de sus consecuencias? Lo que está pasando con estos países no es más que una forma de neocolonialismo, un colonialismo energético que perjudica gravemente las vidas de muchas poblaciones alrededor del globo. 

España es el principal importador de GNL procedente de fracking de toda Europa, con más del 20% importado en 2019, siendo a la vez el principal destino para el GNL norteamericano y argelino. España se autoproclama líder en la transición energética, y sin embargo importa la mayoría de gas de esquisto, aceptando así el brutal impacto ambiental global que el fracking conlleva. Empresas como Repsol, Naturgy, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa importan o producen gas de fracking de países como Argelia, Qatar, Nigeria y EEUU, amparados bajo la ley vigente en España, a pesar de que echa por tierra los compromisos ambientales y el Acuerdo de París. 

Un ejemplo es el yacimiento de Vaca Muerta en Argentina, con una extensión comparable a Bélgica, tiene el 12% de las reservas globales de esquisto. Empresas europeas y estadounidenses se benefician del fracking aquí y España se encuentra entre los importadores de GNL argentino. La explotación del yacimiento consumirá el 15% de todo el presupuesto global de carbono necesario para cumplir con la meta de 1,5º C del Acuerdo de París. La extracción por fracking ya está causando problemas a la población argentina, y aunque la comunidad indígena Mapuche y otras activistas en Argentina están plantando cara al gobierno y a las empresas responsables, son criminalizadas, amenazadas y perseguidas por las autoridades.

Otro país afectado por esta política es Argelia. Desde los años 90, la Unión Europea y sus multinacionales favorecieron sus propios intereses y convirtieron a Argelia en un socio estratégico debido a sus recursos de petróleo y gas natural, y llevan desde entonces importando gas de esquisto argelino para la red energética europea. Esta política energética está altamente influenciada por los intereses de la producción de armas y combustibles fósiles, y convierte a la UE y España en cómplices de un régimen corrupto y represivo que viola los derechos humanos y obvia la voluntad de los pueblos de Argelia y sus reclamos y preocupaciones por el agua y el medio ambiente. La UE no denuncia la represión de las protestas en Argel y durante los 5 meses de rebelión en el Sahara argelino, las restricciones de libertades, el acoso hacia las activistas políticas y la corrupción endémica y el autoritarismo de la clase dirigente argelina; por el contrario, sigue firmando acuerdos con sus élites. El sur de Argelia es rico en petróleo, y aunque proporcione la mayoría de los recursos e ingresos del Estado, padece una marginalización política, económica y cultural brutal mientras las multinacionales saquean sus recursos y prosperan a su costa; así, la UE está involucrada en un “acaparamiento de gas". 

España importa el 34% del fracking argelino, y todo apunta a que sus relaciones van a intensificarse. España no es sólo el principal importador, sino que además utiliza su posición estratégica de frontera con Europa y sus infraestructuras gasísticas para servir de espacio de tránsito de gas hacia Europa.

A sabiendas de todos los perjuicios del fracking previamente mencionados, nos preguntamos cómo es posible que nuestro país y la UE no solo continúen importando este tipo de gas, sino que también estén destinando millones de euros en fondos públicos para expandir la infraestructura de terminales de importación de GNL en toda la región. Otra de las incongruencias que no comprendemos es que la página oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico destaque que el GNL posee “el distintivo medioambiental ECO de la Dirección General de Tráfico”, presentándolo como una forma limpia de energía, a pesar de que toda la evidencia científica afirme lo contrario. El gas limpio es una mentira sucia. 

Permitir la continuidad de las importaciones de gas de esquisto significa también ser cómplices del saqueo de recursos a través de técnicas absolutamente dañinas para el medio ambiente local y el sacrificio de poblaciones enteras en el Sur Global, donde las poblaciones indígenas son especialmente afectadas, sufriendo también asesinatos, represión, y desplazamiento de poblaciones.

Por todo ello demandamos que nuestro país, como mayor importador de GNL en todo el bloque y que impulsa una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, revierta este rumbo suicida de España y toda la UE, y prohíba terminantemente la importación de fracking. No es suficiente con frenar la explotación en España si se mantiene su consumo a través de políticas neocolonialistas igualmente contaminantes. 

Las luchas contra el fracking constituyen un frente común de poblaciones afectadas que, pese a estar alejadas geográficamente, nos unimos al grito de: ¡Fracking ni aquí, ni en ningún sitio!  

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