El pasado día 6 de julio de 2021 se publicó en el BOE el Real Decreto de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad del empleo público en el que se establece que, salvo que las Administraciones convocantes indiquen otra cosa, el proceso de selección será concurso-oposición y la fase de concurso representará un 40% de la nota final.

Dar a los méritos prácticamente el mismo peso que a la fase de oposición vulnera de forma sangrante el principio constitucional de igualdad de acceso al empleo público recogido, entre otros, en el artículo 55 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, del 30 de octubre del 2005: "Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad", especialmente cuando lo que se propone es que la antigüedad sea el principal mérito a valorar. Esto deja a miles de opositores de turno libre completamente desamparados y en una situación imposible: para aprobar se nos exige una antigüedad adquirible solo a través de bolsas de trabajo y para acceder a ellas prima la antigüedad. 

Si el objetivo del Real Decreto es acabar con la temporalidad, basta con ofertar esas plazas para ser cubiertas permanentemente por los funcionarios de carrera que superen el proceso selectivo de oposición libre. Este procedimiento de selección solventa el problema de una alta temporalidad de manera igualmente
efectiva pero sin crear un desequilibrio insalvable para muchos y permitiendo que interinos y no interinos puedan acceder en igualdad de condiciones al empleo público. La oposición libre es un proceso justo, no discriminatorio y el más eficaz, ya que garantiza que a la Administración accederán las personas que demuestren que poseen los conocimientos requeridos, mediante una
prueba de selección en la que todos los aspirantes parten en igualdad de condiciones.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicito que:
- Se reconsideren las medidas del Real Decreto, que son a todas luces discriminatorias e injustas,
vulneran en principio constitucional de igualdad y perjudican gravemente a los opositores de turno
libre, a la propia Administración y, como resultado, a todos los ciudadanos.
- Los opositores de turno libre tengan representación en las mesas de negociación en las que se
deciden las formas de acceso al empleo público para poder defender nuestros derechos.