Debido al funcionamiento de los mecanismos disponibles para la movilidad de los funcionarios de nuevo ingreso en la administración general del Estado, se dan multitud de situaciones injustas que van en contra de la conciliación familiar y en muchos casos en contra de los derechos de los hijos menores de los funcionarios afectados que se ven obligados a vivir separados de su padre o madre. Estas situaciones entendemos que tendrían una solución sencilla.

Los funcionarios al ingresar en la administración se les destina a un puesto que puede estar en cualquier lugar del territorio español. Lo que da lugar a que una gran parte de los funcionarios se tengan que desplazar de su ciudad. La única posibilidad de volver a su casa es esperar dos años para poder participar en un concurso de traslados y esperar a que este se resuelva. La otra opción es optar a una comisión de servicio cuya concesión depende de la aprobación del organismo en el que esté destinado el funcionario. El problema aquí reside en que debido a la escasez de efectivos por la que atraviesan los organismos de la administración del estado, por norma general no se están concediendo comisiones de servicio que impliquen que un funcionario se cambie de organismo. 

Todo esto provoca que aun habiendo plazas vacantes en la localidad de origen de un funcionario, estos tengan que estar desplazados a kilómetros de distancia de sus familias (padres, hijos, cónyuges, etc)

Además, de afectar a las vidas de estos funcionarios, impidiéndoles la conciliación familiar, y la de sus familias. La productividad de la administración puede verse afectada debido a la desmotivación y malestar que esto genera en los trabajadores y a la inestabilidad de las plantillas. Ya que finalmente pasados unos años, los funcionarios ya podrán optar a los puestos vacantes en sus localidades, tras más de dos años de espera.

Los derechos que tienen estos trabajadores para conciliar vida laboral y familiar se ven mermados. Se ven obligados a dejar sus casas y familias durante al menos dos años, a pesar de existir multitud de plazas que les son vetadas.

Por consiguiente, consideramos que sería justo que se flexibilizaran los procesos de movilidad de los funcionarios de nuevo ingreso, facilitándoles el acercamiento a sus ciudades de origen, en lugar de imposibilitárselo. Sobre todo teniendo en cuenta situaciones que resultan absurdas, como que haya necesidad de cubrir vacantes en sus localidades (que en muchos casos no consiguen cubrir debido a la escasez de personal) y ellos estén a cientos de kilómetros desplazados. 

Esperamos que la administración entienda la solicitud de estas medidas y tenga en consideración las situaciones difíciles que tienen que atravesar los funcionarios afectados y sus familias con la pérdida de sus derechos de conciliación familiar. Así como también, tener en cuenta a los futuros funcionarios que se verán afectados en próximas convocatorias. Y por tanto, apelamos a que la administración muestre su buena voluntad y comprensión, abriendo un diálogo orientado a la concreción de medidas que ayuden a recuperar los derechos que se están negando y por supuesto, sin que se vea afectado el interés general de los ciudadanos, ya que entendemos que se podría mejorar además, la productividad de la administración.

Creemos firmemente que con comprensión y buena voluntad, sería un problema relativamente fácil de resolver.