Somos tres mujeres afrodescendientes de la Ciudad de México que estamos cansadas de que nos pregunten en la calle si somos mexicanas o si hablamos español. En el peor de los escenarios estas preguntas pueden significar sometimiento, tortura, intimidación e incluso la muerte. 

En México, agentes del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional deciden a quiénes revisar o detener bajo ideas racistas y discriminatorias de cómo debe verse una persona mexicana. ¿Pero cómo debe verse una persona mexicana para que no sea sometida a revisiones arbitrarias y detenciones inhumanas? ¿Es que acaso el Instituto Nacional de Migración no sabe que 2.5 millones de personas nos reconocemos como afrodescendientes en México?  

¿Sabías qué en mayo de 2022 a raíz del caso de cuatro personas de Chiapas que fueron detenidas, privadas de su libertad y torturadas por no “parecer mexicanas” y no hablar español, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia en la que ordenó eliminar los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración, donde se establecen las revisiones migratorias en carreteras mexicanas por ser acciones basadas en perfilamiento racial.

Por desgracia, el perfilamiento racial no solo afecta a personas migrantes, afromexicanas e indígenas, los efectos de esta práctica racista pueden alcanzar a cualquier persona que a los ojos de las autoridades migratorias sea sospechosa de no ser o parecer mexicana, no solo por aspectos físico-corporales, sino también por no hablar español o no saberse la letra del himno nacional.

Los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración permiten que los agentes migratorios elijan a quiénes revisar y detener, pero no existen criterios claros en la Ley que especifiquen cómo identificar a una persona extranjera, por ejemplo en Querétaro. Entonces, al detener o revisar a una persona que no consideran mexicana, los agentes migratorios bajo sus ideas subjetivas, prejuicios y sesgos, reproducen la creencia de que “en México no existen personas negras” o que “todos los mexicanos somos mestizos”. 

A pesar de que la narrativa oficial es la de “protección a las personas migrantes”, reproducida en los medios de comunicación, en la práctica, la política migratoria del  Estado mexicano detiene, tortura y deporta a personas migrantes y de nacionalidad mexicana que “parecen extranjeras”.

Las revisiones y detenciones migratorias son inconstitucionales porque reproducen la creencia de que las personas negras, morenas y prietas no son mexicanas. Los artículos 97 y 98 son contrarios a la Constitución porque refuerzan prácticas discriminatorias y racistas hacia las corporalidades que históricamente hemos sido marginadas, excluidas y violentadas por el Estado, además, va en contra de los derechos de libre tránsito y circulación. Según los instrumentos internacionales de más alto nivel, decretos y declaratorias a los cuales México se ha suscrito, las personas migrantes tienen derecho a transitar libremente en el territorio. Migrar no es un delito, es un derecho, por lo tanto, la privación de la libertad no debería siquiera contemplarse.

A diario, en nuestras redes sociales, recibimos cientos de denuncias de personas afromexicanas, indígenas y mestizas que son sometidas a procedimientos absurdos y deshumanizantes para comprobar su nacionalidad mientras viajan de un estado a otro a visitar familiares o cumplir compromisos laborales. Ayúdanos a detener esta injusticia con tu firma.

Entre todas, todos y todes necesitamos exigirle al Congreso de la Unión que elimine de la Ley de Migración las revisiones y las detenciones migratorias, porque no sólo atentan contra los derechos humanos de quienes migran, sino también contra los derechos de las personas afrodescendientes e indígenas mexicanas que nos movilizamos dentro de nuestro propio país.