Dirigida a Mariano Rajoy y 3 otros

Una Oficina Científica para asesorar al Gobierno de España

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Dirigido a :

Mariano Rajoy Brey, Presidente del Gobierno de España

Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera

Partidos Políticos Españoles

Hace escasas semanas, durante la conmemoración del Día de la Tierra, decenas de miles de personas marcharon por las calles y plazas de todo el mundo en defensa de los valores de la Ciencia y su capital importancia en el progreso de las sociedades humanas. El detonante era la creciente permeabilidad en los discursos políticos y en las conversaciones a pie de calle de aseveraciones claramente contrarias a la evidencia científica como el negacionismo frente al cambio climático y su origen en la actividad humana o las pseudociencias con impacto en la salud (desde la homeopatía al miedo al Wi-Fi). Ayer la falsedad, no diremos post-verdad, se cobró una gran victoria en la retirada de los EEUU de los Acuerdos de París. Mientras los países más avanzados del planeta reaccionaron prontamente, el gobierno español no consideró necesario hacer mayor comentario.

Entre los hechos que han llevado a esta decisión por parte de la administración Trump hay uno que destaca fundamentalmente. Donald Trump es el primer presidente de los EEUU en décadas que no ha nombrado (aún) un Consejero Científico Jefe. La figura del consejero científico es un cargo consolidado, hasta ahora, en los principales estados europeos y anglosajones. Su misión es informar de forma independiente de si la evidencia científica soporta las acciones políticas del gobierno y alertar de aquellas materias que deben ser atendidas desde una perspectiva científica. En los países donde existe, la figura del consejero científico recae en profesionales de reconocido prestigio y su opinión contribuye a la mejora de la acción de gobierno en temas tan amplios como redes de transporte, investigación con embriones, cambio climático, agricultura etc.

Evidentemente nunca ha existido una figura comparable en el Gobierno de España. Contamos desde hace tiempo inmemorial con la Abogacía General y otros cuerpos de letrados que se aseguran que las nuevas normas no contradicen las anteriores. Más reciente es la Autoridad Fiscal Independiente, que mira porque las políticas sean económicamente viables. Pero no existe ninguna oficina que mire si esas políticas tienen base científica, si se basan en falsedades, prejuicios o si simplemente han tenido en cuenta toda la información disponible en su elaboración.

En los objetivos de la Marcha Por la Ciencia está el promover una acción política basada en la evidencia. En nuestro país eso pasa porque el Gobierno se dote de un Oficina Científica que revise, informe y asesore. Y ya puestos, no estaría mal que los partidos políticos se dotasen también de estructuras de asesoramiento científico permanentes, todos ganaríamos con la elaboración de mejores propuestas.

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