MANIFIESTO FEDERAL POR LA VIDA, LA INFRAESTRUCTURA, LA SEGURIDAD VIAL Y LA RECUPERACIÓN DE LAS RUTAS ARGENTINAS

Los abajo firmantes, vecinos autoconvocados, familiares de víctimas de siniestros viales, organizaciones sociales, instituciones comprometidas con la seguridad vial, representantes de las y los trabajadores viales, entidades técnicas, académicas y ciudadanos de todas las provincias argentinas, hacemos público nuestro profundo estado de preocupación frente al acelerado deterioro de la infraestructura vial nacional y a la ausencia de una política pública sostenida que coloque en el centro de las decisiones la protección de la vida humana.

Las rutas argentinas constituyen la principal red de integración territorial, productiva y social del país. Por ellas transitan diariamente millones de personas, trabajadoras y trabajadores, estudiantes, turistas, servicios de emergencia y la producción nacional. Un 95% del transporte de carga y pasajeros transita por nuestras rutas. Sin embargo, hoy asistimos a un escenario donde el abandono, la falta de mantenimiento integral, la paralización de obras estratégicas y la insuficiencia de inversiones exponen a toda la población a riesgos crecientes e innecesarios.

La seguridad vial comienza con una infraestructura segura, mantenida, correctamente diseñada, técnicamente controlada y permanentemente auditada, así como una política de educación vial para el conjunto de la sociedad. Una ruta en mal estado condiciona la conducción pudiendo generar maniobras que producen siniestros, roturas de vehículos, lesiones de todo tipo y víctimas fatales.

La infraestructura vial segura constituye una condición indispensable para el ejercicio efectivo del derecho a la vida, a la integridad física, a la circulación y al desarrollo de nuestras comunidades. Por ello, la conservación de las rutas no puede ser considerada una cuestión meramente presupuestaria o administrativa, sino una obligación esencial del Estado derivada de los principios constitucionales y de los compromisos asumidos por la República Argentina en materia de protección de los derechos humanos.

No aceptamos que se pretenda mostrar como política de mantenimiento aquello que apenas constituye una respuesta superficial. El corte de pasto, el bacheo aislado o las intervenciones esporádicas no reemplazan la obligación de ejecutar programas integrales de conservación, rehabilitación, modernización y ampliación de la infraestructura vial. La sociedad necesita obras reales, planificación técnica, controles permanentes y mantenimiento continuo, no acciones cosméticas destinadas únicamente a generar una apariencia de gestión.

Del mismo modo, observamos con preocupación que el actual esquema de concesiones no evidencia una respuesta adecuada a las necesidades de las y los habitantes de diversos puntos del país, ni incorpora criterios objetivos vinculados con la siniestralidad, el desarrollo regional, la conectividad, la equidad federal y las verdaderas necesidades de quienes diariamente utilizan la red vial nacional.

Resulta indispensable que toda política pública de gestión de obra o de concesión tenga como finalidad prioritaria la reducción de la siniestralidad y la preservación de la vida, y no exclusivamente variables de rentabilidad económica. La vida como derecho constitucional de todas las y los habitantes que ocupan nuestro suelo y de quienes transitan por nuestras rutas.

Advertimos con suma preocupación el proceso de concesiones viales que se está llevando a cabo donde nuevamente se promueve un negocio financiero frente a la necesidad real de modernizar la red vial nacional. Resulta paradójico que en aquellos tramos con mayor cantidad de tránsito de la Argentina no habrá obras nuevas que permitan mejorar la transitabilidad y seguridad pero sí se multiplicarán las cabinas de peaje y se reducirá la asistencia para aquellas personas que tengan algún inconveniente sobre la traza. Cabe destacar que este proceso denominado Red Federal de Concesiones, lejos está de promover la inversión privada, pues sus inversiones son financiadas por el banco estatal BICE y las garantías de estos créditos se dan con un fondo destinado a las Pymes denominado FOGAR. Corresponde abrir un debate institucional profundo sobre la transparencia del sistema, la asignación real de los riesgos, la razonabilidad económica de los contratos y la efectiva protección del interés público que claramente no se encuentran sino en confrontación con la realidad que muestra otra cosa.

La infraestructura vial constituye una verdadera política de Estado. No puede quedar subordinada a decisiones coyunturales, restricciones presupuestarias auto impuestas y sin sustento legal, cuando existe un imperativo legal de asignación específica (Impuesto a los Combustibles Líquidos), las políticas públicas en materia de infraestructura deben asegurar estándares mínimos de conservación, seguridad y control técnico.

Por ello solicitamos a los Poderes Ejecutivo y Legislativos de la Nación, a las comisiones competentes del Honorable Congreso de la Nación, Poderes Ejecutivos Provinciales y sus Legislaturas, especialmente aquellas vinculadas con obras públicas, transporte, presupuesto y hacienda, seguridad vial y seguimiento de los procesos de concesión y a los organismos de control que impulsen con carácter urgente:
·         a. Declaración de Emergencia Vial: Para la recuperación integral de la infraestructura y seguridad vial.

·         b. Programas de Mantenimiento Inmediato: La ejecución inmediata de programas de mantenimiento, rehabilitación y modernización sobre toda la red vial nacional.

·         c. Educación Vial Obligatoria e Institucional: Garantizar la incorporación sistemática de la educación vial integral y la formación para una movilidad segura en todos los niveles y grados de la escolaridad obligatoria, mediante contenidos curriculares, propuestas pedagógicas y acciones de formación reconocidas, supervisadas y evaluadas por el Ministerio de Educación y las autoridades educativas jurisdiccionales competentes, en el marco de los lineamientos establecidos por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y Ley Educación Nacional Nº 26.206 y por el Consejo Federal de Educación. La formación deberá desarrollarse asegurando continuidad, calidad y validez institucional, evitando que la educación vial quede limitada a acciones aisladas o a capacitaciones no incorporadas al sistema educativo. Asimismo, se debe impulsar el cumplimiento de programas integrales de educación vial obligatoria en los niveles inicial, primario y secundario, así como la creación de orientaciones y especialidades específicas en la enseñanza técnica, terciaria y universitaria para formar profesionales capacitados en la materia.

·         d. Infraestructura Vial Segura y Enfoque de Sistema Seguro: Promover el desarrollo y adecuación de una infraestructura vial segura, accesible, inclusiva y tolerante al error humano, conforme a los principios del Enfoque de Sistema Seguro, que contemple las características y necesidades de los distintos usuarios de la vía pública y reduzca la probabilidad de que los errores humanos previsibles produzcan muertes o lesiones graves. Los nuevos diseños y las intervenciones sobre la infraestructura existente deberán priorizar la protección de los usuarios vulnerables, la accesibilidad universal, la gestión segura de las velocidades, la separación de flujos cuando resulte necesario, cruces y recorridos seguros, adecuada iluminación, señalización y demás soluciones de diseño orientadas a preservar la vida y reducir la gravedad de los siniestros viales.

·         e. Prevención Pública y Regulación: El desarrollo permanente de campañas públicas de prevención de siniestros, el acondicionamiento de predios aptos para la enseñanza práctica de la conducción y la regulación estricta contra toda publicidad que ensalce o promueva conductas temerarias al volante.

·         f. Formación Vial Obligatoria en la Función Pública: La instauración de una formación vial obligatoria y continua para todo el personal de la administración pública en sus distintos poderes y niveles. Esta capacitación debe ser un requisito ineludible para el ejercicio de la función estatal, asegurando que quienes planifican, gestionan y auditan los recursos públicos comprendan el impacto técnico, humano y ético de cada decisión vinculada a la movilidad y la infraestructura.

·         g. Transparencia en Concesiones: La revisión técnica, económica y jurídica de los actuales procesos concesionales, garantizando absoluta transparencia, control público y participación ciudadana.

·         h. Auditorías Técnicas de Siniestralidad: La incorporación obligatoria de auditorías de seguridad vial, indicadores de siniestralidad y criterios técnicos objetivos como parámetros para definir prioridades de inversión.

·         i. Participación Ciudadana y Académica: La participación efectiva de universidades, organizaciones de la sociedad civil, especialistas, entidades técnicas, trabajadores del sector y representantes de los usuarios en el diseño y seguimiento de las políticas públicas vinculadas a la infraestructura vial.

·         j. Fortalecimiento Técnico del Estado: La preservación y el fortalecimiento de las capacidades técnicas del Estado para proyectar, construir, conservar, controlar y fiscalizar la red vial nacional.

·         k. Reforma del Código Penal: Reforma del Código Penal en materia de sanciones por siniestros viales. Impulsar una actualización de las sanciones penales frente a conductas viales de extrema gravedad que ocasionen muertes o lesiones graves.
Nos une una convicción mucho más profunda, ninguna discusión económica, presupuestaria, administrativa o contractual puede justificar que los argentinos continúen perdiendo la vida en rutas que el Estado tiene la obligación de conservar en condiciones seguras.

Cada kilómetro deteriorado representa una posibilidad cierta de una nueva tragedia, cada obra postergada tiene un costo humano, cada decisión pública u omisión que retrasa, limita o impide las intervenciones necesarias sobre la infraestructura vial compromete la responsabilidad institucional de quienes tienen el deber legal de planificar, conservar, controlar y garantizar la seguridad de la red vial nacional.

La desinversión sistemática, el abandono de obras indispensables o la omisión de adoptar las medidas necesarias para prevenir riesgos previsibles no constituyen meras decisiones de gestión cuando ponen en peligro la vida y la integridad de millones de personas. Tales conductas generan responsabilidades políticas, administrativas, penales, civiles cuando concurran los presupuestos previstos por el ordenamiento jurídico fruto de las consecuencias derivadas de esas acciones u omisiones.

Cuando una sociedad naturaliza el deterioro de sus caminos, comienza también a naturalizar la pérdida de vidas que pudieron haberse evitado.

Por la memoria de quienes ya no están, por quienes hoy transitan nuestras rutas y por las generaciones que vendrán, convocamos a toda la sociedad argentina, a las instituciones públicas y privadas, a las universidades, a los colegios profesionales, a las organizaciones de la sociedad civil, a los trabajadores, a los sectores productivos, a las y los señores Jueces de la Nación, las provincias y a todas las y los representantes del pueblo a asumir un compromiso común, entendiendo que la infraestructura vial vuelva a ser una verdadera política de Estado, concebida y ejecutada con un único objetivo irrenunciable cual es el proteger la vida.

Porque ninguna inversión pública es más importante que aquella que evita una muerte, porque cada vida salvada justifica el esfuerzo colectivo y porque la infraestructura vial no es solamente una cuestión de caminos, es una decisión ética, jurídica y política sobre el valor que la Nación Argentina asigna a la vida de su pueblo y a su territorio.