Desde el inicio de la pandemia en nuestro país y de cara a la decisión de promover el confinamiento de la población como estrategia de contención, diversas organizaciones nacionales e internacionales así como el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y la Comisionada Michele Bachelet advirtieron a los gobiernos que la atención a la emergencia sanitaria no debía en modo alguno favorecer  la violación de los derechos humanos ni justificar la desatención a la violencia contra las mujeres y las niñas.

Con base en estudios acerca de epidemias previas y tomando en cuenta la experiencia de países como España bajo la cuarentena, se ha advertido también a las autoridades de nuestro país que la violencia machista está aumentando y pone en peligro la salud, la integridad y la vida de las mujeres. Como ha documentado, entre otras, la periodista Laura Castellanos, más mujeres han muerto asesinadas en este periodo que por COVID-19. Es evidente entonces que la ya antes denunciada pandemia de violencia feminicida en México se ha agudizado en esta cuarentena.

Ante esta situación, como señala ONUMUJERES se requiere: “Asegurar que los servicios de atención y respuesta a la violencia contra las mujeres se consideren servicios esenciales durante la pandemia (servicios de salud, centros de justicia, refugios/albergues, servicios de asesoría legal, servicios de salud sexual, servicios psicosociales y otros servicios sociales) y facilitar el acceso a través de mecanismos alternativos que respondan a las necesidades de las mujeres en su diversidad incluyendo redes de alerta solidaria a nivel territorial y comunitario.”

No obstante lo anterior, el gobierno mexicano ha sido omiso y negligente en relación con la prevención y atención a la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. En vez de tomar medidas de emergencia, más allá de la línea de atención 911, persistió en el recorte o administración a cuenta gotas de los recursos destinados a organizaciones de mujeres y a garantizar sus derechos.

Apenas a fines de abril recibieron fondos públicos los refugios de la Red Nacional de Refugios, que ya están al limite de su capacidad. Si ya este retraso es dañino, es injustificable que con base en la declaración de emergencia sanitaria el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI)  haya suspendido el otorgamiento de fondos destinados a mujeres indígenas organizadas, específicamente a las Casas de la Mujer Indígena que, como han explicado sus representantes en carta del 24 de abril, no sólo atienden casos de violencia contra las mujeres, niñas y niños, sino también partos y consultas sobre salud ya que las clínicas están centradas en la atención al COVID-19.

Esta situación intolerable nos indigna. Es una muestra evidente de la ausencia de una política de igualdad de género integral, intercultural y garante de los derechos humanos de las mujeres.

Exigimos por ello que de manera inmediata se otorgue a estas organizaciones los fondos necesarios para su funcionamiento.  Demandamos a las autoridades responsables en el poder ejecutivo y legislativo que garanticen el derecho a la salud y el derecho a una vida libre de violencia de todas las mexicanas, en todos los ámbitos.

El derecho a la salud no puede anteponerse al derecho de mujeres, niños y niñas a vivir sin violencia.

EXIGIMOS EL INMEDIATO FINANCIAMIENTO A LAS CASAS DE LA MUJER INDÍGENA PARA SALVAR VIDAS