

México: aplica la Ley 3 de 3 y separa del cargo diplomático a Ricardo Martínez Martínez
La causa
Victoria Cárcamo y Yeny Romero son dos mujeres que mantuvieron relaciones familiares distintas con Ricardo Cayetano Martínez Martínez. Sus historias ocurrieron en momentos diferentes, pero tienen dolorosas coincidencias: violencia física, psicológica, económica y familiar; control, humillaciones, amenazas, afectaciones a sus hijas e hijos e incumplimiento de obligaciones familiares.
Hoy Ricardo Cayetano Martínez Martínez ocupa un cargo público como agregado diplomático de México en El Salvador, encargado de Asuntos Económicos, Comerciales, Promoción y Cooperación Internacional.
Por ello, esta situación no puede considerarse únicamente un problema privado. Quien representa al Estado mexicano en el extranjero debe conducirse de manera congruente con los derechos humanos, la protección de las infancias y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Victoria ha vivido violencia desde su embarazo y posteriormente ha requerido medidas de protección para ella y su hijo. Yeny, después de casi dieciocho años de relación, enfrentó violencia física, psicológica y económica, denunció violencia intrafamiliar y obtuvo medidas de protección y resoluciones familiares.
Dos mujeres. Dos relaciones distintas. Dos familias. Y formas de violencia que se repiten.
México cuenta con la denominada Ley 3 de 3 contra la violencia, incorporada a su Constitución, cuyo sentido es impedir que quienes violentan a las mujeres, las infancias o incumplen determinadas obligaciones alimentarias encuentren en el servicio público un espacio de protección o impunidad.
Por eso pedimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México la separación inmediata de Ricardo Cayetano Martínez Martínez de su cargo diplomático, la apertura de una investigación administrativa con perspectiva de género y la revisión de su permanencia en el servicio público.
También pedimos a las autoridades de El Salvador que garanticen la protección efectiva de las mujeres, niñas y niños involucrados y el cumplimiento de las resoluciones dictadas por sus instituciones.
No queremos esperar a que exista otra víctima.
Actuar hoy puede evitar que otra mujer salvadoreña, mexicana o de cualquier parte del mundo viva una historia semejante.
A las víctimas se les escucha, se les cuida y se les protege.
Ninguna persona violentadora debe representar a un Estado.

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La causa
Victoria Cárcamo y Yeny Romero son dos mujeres que mantuvieron relaciones familiares distintas con Ricardo Cayetano Martínez Martínez. Sus historias ocurrieron en momentos diferentes, pero tienen dolorosas coincidencias: violencia física, psicológica, económica y familiar; control, humillaciones, amenazas, afectaciones a sus hijas e hijos e incumplimiento de obligaciones familiares.
Hoy Ricardo Cayetano Martínez Martínez ocupa un cargo público como agregado diplomático de México en El Salvador, encargado de Asuntos Económicos, Comerciales, Promoción y Cooperación Internacional.
Por ello, esta situación no puede considerarse únicamente un problema privado. Quien representa al Estado mexicano en el extranjero debe conducirse de manera congruente con los derechos humanos, la protección de las infancias y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Victoria ha vivido violencia desde su embarazo y posteriormente ha requerido medidas de protección para ella y su hijo. Yeny, después de casi dieciocho años de relación, enfrentó violencia física, psicológica y económica, denunció violencia intrafamiliar y obtuvo medidas de protección y resoluciones familiares.
Dos mujeres. Dos relaciones distintas. Dos familias. Y formas de violencia que se repiten.
México cuenta con la denominada Ley 3 de 3 contra la violencia, incorporada a su Constitución, cuyo sentido es impedir que quienes violentan a las mujeres, las infancias o incumplen determinadas obligaciones alimentarias encuentren en el servicio público un espacio de protección o impunidad.
Por eso pedimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México la separación inmediata de Ricardo Cayetano Martínez Martínez de su cargo diplomático, la apertura de una investigación administrativa con perspectiva de género y la revisión de su permanencia en el servicio público.
También pedimos a las autoridades de El Salvador que garanticen la protección efectiva de las mujeres, niñas y niños involucrados y el cumplimiento de las resoluciones dictadas por sus instituciones.
No queremos esperar a que exista otra víctima.
Actuar hoy puede evitar que otra mujer salvadoreña, mexicana o de cualquier parte del mundo viva una historia semejante.
A las víctimas se les escucha, se les cuida y se les protege.
Ninguna persona violentadora debe representar a un Estado.

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Petición creada en 24 de agosto de 2026