Solicitud para la declaración de una Zona Libre de Transgénicos en Quintana Roo, México

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Más de 50 organizaciones civiles e instituciones han firmado ya esta petición colectiva que busca disminuir la contaminación que afecta a la laguna de Bacalar y al manto acuífero de la bioregión. ¡Apóyanos con tu firma!

La laguna de Bacalar es solo una pequeña porción, la parte visible de lo que conforma la segunda reserva de agua dulce más importante que tiene el país. Este espejo de agua es producto de una falla geológica que funciona como una zona de descarga de ríos subterraneos que se extienden como una inmensa red a lo largo del territorio peninsular. Toda esta región, posee características únicas que la hacen más vulnerable ante las prácticas productivas industriales, pues el tipo de suelo (kárstico), filtra rápidamente al acuífero cualquier sustancia que llega al suelo, exponiendo esta importantísima reserva de agua a la contaminación y a todos los sistemas que dependen de ella, como a los asentamientos poblacionales.

Uno de los principales motivos de esta iniciativa, es la preocupación colectiva por la creciente tasa de deforestación debido al sistema de producción agrícola que se utiliza en esta región, basado en un modelo de monocultivo, en el uso intensivo de agroquímicos sintéticos y la siembra de semillas transgénicas (Organismos Genéticamente Modificados). Estas prácticas agroindustriales y el uso de los pesticidas requeridos, representan riesgos potenciales con efectos impredecibles a largo plazo y graves consecuencias entre las que podemos mencionar:

1.     Consecuencias en el sector forestal: el desmonte de la cobertura vegetal ocasiona la fragmentación y reducción del ecosistema, y la exposición y aceleración del proceso de erosión del suelo, ocasionando la pérdida de la capacidad de retención de nutrientes, degradando su fertilidad, además de acelerar con estos hechos el efecto global de cambio climático.

2.    Consecuencias en el acuífero: La compleja red de ríos subterráneos facilita la amplia diseminación de los agrotóxicos contaminantes del manto freático, llegando a los cuerpos de agua cercanos, como la laguna de Bacalar, poniendo en riesgo la vida acuática, la salud de la población (que obtiene el agua de pozos), la de los turistas y a la reserva de agua más limpia de México.

3.    Consecuencias en la Biodiversidad: Este tipo de prácticas agrícolas han tenido un efecto negativo sobre la diversidad biológica de la flora y fauna, y en el equilibrio de los ecosistemas. La afectación a los polinizadores es contundente; las abejas responsables del 9.5% del valor de la producción agrícola mundial, han sido de las especies más afectadas. Además, México es centro de origen y diversificación genética del 15.4 % de las especies de maíz que se consumen en el mundo. La milpa es el laboratorio histórico de domesticación y diversificación genética mesoamericano.

4.    Consecuencias en el desarrollo económico: gradualmente se ha registrado una disminución en la producción de miel de la región. Los grupos de apicultores de la Península de Yucatán han sido uno de los grupos más afectados y de los principales interesados en impedir la siembra de maíz y soya transgénica, pues pone en riesgo su forma de vida y su economía.

5.    Consecuencias en vestigios culturales y los pueblos originarios: las prácticas agrícolas con OGM no son compatibles con los métodos de cultivo de los pueblos originarios de la región, la introducción de semillas transgénicas genera una ruptura en el tejido social y debilita la identidad cultural.

6.    Consecuencias en la salud: numerosos institutos de investigación están comprobando los efectos de los OGM en la salud humana. El glifosato puede estar implicado en enfermedades neurodegenerativas que causan afectación al sistema nervioso, malformaciones durante el desarrollo embrionario, infertilidad y cáncer. Además, los alimentos transgénicos pueden contener residuos de agrotóxicos hasta 200 veces más altos que los elaborados con cultivos que no lo son.

Diferentes investigaciones realizadas en distintos cuerpos de agua de la Península de Yucatán, incluidos varios sitios de Quintana Roo, han documentado la presencia de 74 plaguicidas, entre los que resaltan: el glifosato, paraquat, 2,4-D, imidacloprid, cipermetrina, clorpirifos, abamectina, metamidofos y endosulfán. En el caso específico del glifosato, en el 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a esta sustancia como posible cancerígeno para los humanos, además de que no garantiza la calidad alimentaria y la pureza de las variedades de semillas nativas de nuestro país, como el maíz.

Si bien, varias de las grandes empresas y comunidades agroindustriales asentadas en el estado, aseguran que estos cultivos sólo se han realizado de forma “experimental” con el fin de medir costos y no para la producción comercial; en un estudio realizado en 2015, se analizaron muestras de semillas de soya sembrada en la zona de Salamanca y Blanca flor, en el que se encontró ADN Genéticamente Modificado (GM) en las semillas de soya. Cabe mencionar que desde el 2001 hasta el 2015, en Quintana Roo se contabilizan 392,375 hectáreas deforestadas.

Debido a esto, más de 50 organizaciones de todo el país han firmado una solicitud para la protección, restauración y manejo sustentable de los ecosistemas afectados por el cambio de uso de suelo derivado de la producción agrícola intensiva y el uso de organismos genéticamente modificados en el territorio del sur del Estado de Quintana Roo, que solicita la intervención inmediata del gobierno para la implementación de los siguientes puntos:

1.     Un decreto mediante el cual que establezca la prohibición de la siembra de semillas genéticamente modificadas y sus prácticas asociadas en el estado de Quintana Roo, con el fin de asegurar la sustentabilidad y sostenibilidad de la agricultura, la protección del medio ambiente, la biodiversidad y salud del acuífero.

2.    La creación de un Programa Agrícola Sustentable para el estado, que ofrezca alternativas viables y que impulse la transición de los productores con sistemas de monocultivo hacia la implementación de modelos agroecológicos. Además de promover apoyos estatales y/o federales para el uso de tecnologías innovadoras en sistemas de riego que puedan asegurar una producción anual sostenible.

3.    Que se integre un plan de restauración ambiental de los ecosistemas afectados como parte de un procedimiento que se señala en el capítulo II la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en el artículo 78. Este plan, deberá contar con asesoría de expertos del sector académico y donde las principales actividades y beneficios se concentren en las comunidades Mayas como titulares de los derechos de su territorio.

4.    La realización de un estudio integral de la región, que determine la topografía, los flujos hídricos subterráneos y el grado de contaminación por agroquímicos en el acuífero y los cuerpos de agua cercanos; con el fin de evaluar las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo que presentan los centros poblacionales, el acuífero y los diferentes ecosistemas presentes en esta zona.

5.    Promover y establecer un mecanismo de protección ambiental que vigile y regule la actividad agroforestal, y detenga la alta tasa de deforestación que ocurre en el estado, mismo que deberá ser implementado en la región que resulte más vulnerable y menos resiliente.

6.    Integrar a los actores clave de cada región en la toma de decisiones de los proyectos y acuerdos a convenir en el ordenamiento del territorio, a través de consejos consultivos integrados por los representantes de los sectores productivos, los ejidatarios y organizaciones civiles, así como la comunidad del pueblo Maya.

Esta carta, dirigida a Carlos Joaquín González, gobernador del estado de Quintana Roo, al secreatrio de la SEMARNAT Rafael Pacchiano Alamán, y a otras dependencias de gobierno como la SAGARPA, la SEMA, la PROFEPA y la CONABIO, fue firmada por organizaciones protectoras de la biodiversidad y recursos naturales, defensores de la diversidad de semillas nativas y promotores de prácticas sustentables y sostenibles, asi como por asociaciones de productores de miel, centros de investigación, y por la Unión de Organizaciones de la Sociedad Civil de Bacalar.

México forma parte de varios acuerdos internacionales en favor de la protección de la biodiversidad, la conservación de los recursos naturales y para reducir los efectos del cambio climático, dentro de una agenda con objetivos específicos que nuestro estado tiene el compromiso de cumplir, como el Acuerdo de Sustentabilidad en la Península de Yucatán (ASPY), que promueve prácticas sustentables en favor de la biodiversidad, la restauración de ecosistemas y selvas degradadas, y lograr la deforestación tasa cero antes del 2030; tambien, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU donde 6 de 17 objetivos van alineados en este mismo sentido.

El futuro de la agricultura descansa en la biodiversidad y en el trabajo con la naturaleza y no contra ella, con un modelo de agricultura que se pueda adaptar a un clima cambiante y respetando la diversidad biológica que tiene nuestro país. Millones de agricultores en todos los continentes están dando testimonio de que los cultivos orgánicos y ecológicos pueden restaurar recursos naturales y proveer seguridad alimentaria a las comunidades locales, la posibilidad de acceder a agua y alimentos diversos, suficientes y libres de sustancias tóxicas, para tener una vida sana y productiva.

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