La gentrificación en Costa Rica desplaza a comunidades locales y causa estragos en los ecosistemas a un ritmo acelerado. Todo esto debido a  la falta de planificación territorial, la entrega de permisos irregulares, los cambios ilegales en el uso del suelo, un mercado inmobiliario y agentes de bienes raíces voraces sin ningún tipo de regulación. A esto se suma el auge e incremento de alquileres de corto plazo y el enfoque de las políticas públicas en beneficio de proyectos megaturísticos que buscan la atracción de nuevos residentes a las localidades, priorizando la garantía de los acuerdos de inversión en detrimento de la calidad de vida de las personas que históricamente habitan el territorio.  

Es por este motivo que nuestro colectivo Antigentrificación y las personas que firman este documento pedimos lo siguiente al poder legislativo de nuestro pais :

En el ámbito político:

• Asegurar el desarrollo legislativo para operativizar el acceso al derecho a la vivienda adecuada de acuerdo a la realidad salarial y capacidad adquisitiva de los habitantes pre-existentes.
• Asegurar el acceso no discriminatorio y en igualdad de oportunidades a una vivienda adecuada para que se ajuste a la realidad salarial e índices de desarrollo del país.

• Exigimos que se ratifique el Acuerdo de Escazú para proteger el acceso a la información y la participación ciudadana en proyectos que afectan el medio ambiente.
• Exigimos que haya representación por parte de las PYMES y de personas en el ámbito del turismo rural y ecológico.
• Exigimos que las decisiones que impacten nuestras políticas ambientales y sociales se tomen con base en perspectivas técnicas científicas y profesionales de personas que no tengan intereses o relaciones de ningún tipo con los proyectos en gestión.
• Creación de bancos de tierras con protecciones especiales que protejan la tenencia de la tierra de las poblaciones históricas y pre-existentes.
• Regulación de fideicomisos y sociedades en las intervengan personas extranjeras, especialmente cuando gocen de concesiones en zonas públicas.
• Creación de mecanismos para la protección, promoción y aseguramiento del acceso a derechos humanos y servicios básicos de las y los costarricenses frente a estas nuevas dinámicas.
• Delimitar las competencias de las instituciones en las que el ICT no sea instrumentalizado para desarrollos inmobiliarios y que se re enfoque en el eco turismo local rural.
• Tomar en cuenta e investigar las afectaciones a las poblaciones vulnerables en relación con lo expuesto, con atención particular a las poblaciones en condición de vulnerabilidad como infancias, mujeres, personas indígenas y afro-costarricenses, personas adultas mayores, migrantes y con capacidades diferentes.
• Que los planes reguladores sean consultados y aseguren la participación de las comunidades.

En el ámbito económico

• Regular urgente de los agentes de bienes raíces, que se requiera que sean costarricenses por nacimiento o por naturalización.
• Regulación del precio de las tierras en el mercado para garantizar un acceso real para la población costarricense quien se encuentra en excesiva desventaja en comparación a los nuevos residentes.
• Diversificación de las actividades económicas en zonas rurales y costeras que aseguren la captación y beneficios del capital en las poblaciones mayoritariamente afectadas por las desventajas en la capacidad para competir con empresas y capitales extranjeros.
• Revisar la tasa impositiva de las residencias de lujo y que se ajuste a la realidad económica del lugar.
• Regulación de transacciones de cryptomonedas para la captación de obligaciones tributarias.
• Exigimos el pago de cargas sociales a personas, fideicomisos y personas jurídicas extranjeras así como la finalización de los beneficios y exenciones tributarias que se han otorgado.
• Que el crecimiento macro-económico se traduzca efectivamente en el aumento de la calidad de vida de las personas o en su economía individual. Ofrecer formación y capacitación para que las y los locales puedan aprovechar con emprendimientos y apoyo estatal el turismo en su localidad.

En el ámbito ambiental

• Regular la adquisición de tierras por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras mediante la creación de requisitos previos como contar con una residencia y haber vivido cierta cantidad de años en el país. Al mismo tiempo, que se defina una extensión máxima de tierra para adquirir por persona o sociedad de capital extranjero.
• Crear impuestos a los alquileres de corto plazo (Airbnb), que tramiten y paguen a la municipalidad correspondiente y que dichos fondos se destinen a la creación de proyectos de vivienda para los habitantes pre-existentes locales.
• Fomentar la pequeña empresa a través de microcréditos para apoyar las economías locales.  Y que de esta forma las comunidades locales puedan ser las principales dueñas de los comercios que generen ganancias con el turismo y así  tengan menor necesidad de vender sus tierras.
• Enfocar las labores del Instituto Nacional de Turismo en apoyar a los emprendimientos y eco-turismo rural nacional.
• Asegurar el acceso al derecho humano al agua y la priorización de su acceso para consumo humano.
• Solicitamos la criminalización de delitos ambientales mediante proceso especial del artículo 1 de la ley de crimen organizado, se sugiere el aumento de la pena de manera progresiva para que sea contemplado dentro de los delitos graves, por ejemplo, la penalización del cambio del uso de suelo y afectaciones al recurso hídrico y fuentes de agua. Al igual que el endurecimiento de las multas a causa de la construcción ilegal en edificaciones de alta inversión.
• Exigimos el respeto por las protecciones ambientales existentes así como la tipificación del delito de Ecocidio en el ordenamiento jurídico costarricense.
• Exigimos la protección del paisaje natural que nos hace únicos en el mundo.
• Que al determinarse la culpabilidad de personas involucradas en tala ilícita, trasiego de tierras y otros, logrados mediante permisos irregulares, se les prohíba la construcción en el lugar afectado y en su lugar se ordene el pago por los gastos y costas para regenerar y reforestar la zona afectada.
• Aplicar las leyes que protegen la zona marítimo terrestre y las zonas de disfrute público en las playas  del país. Y que se apliquen debidamente las leyes que establecen las demoliciones de infraestructuras irregulares de acuerdo con las leyes nacionales y municipales. Con especial atención a lo dispuesto en el artículo 1 y 13 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre.
• Asegurar la implementación del deber estatal y municipal de crear accesos reales e irrestrictos a la zona pública (playas incluídas) mediante construcciones de vías para facilitar el acceso de poblaciones como adultos mayores y con capacidades diferentes.
• Fortalecer el presupuesto y las capacidades de las instituciones  técnicas dedicadas al manejo de la biodiversidad, los ecosistemas, y áreas silvestres protegidas.
• Respetar los territorios de poblaciones indígenas y afro, al igual que sus derechos a la consulta libre, previa e informada. Así mismo, la protección y acciones con el objetivo de minimizar el impacto del crecimiento poblacional desmedido que cercan los territorios ancestrales de estas poblaciones. Otorgar el reconocimiento y apoyo como guardianes primordiales de dichas tierras de acuerdo con el principio de autodeterminación.
• Que se requiera en las ASADAS y ADIS que sean personas costarricenses por nacimiento las que puedan conformar las Juntas Directivas. Que se les prohíba participar si están involucradas con el desarrollo inmobiliario de la zona.
• Asegurar el cumplimiento de las normativas existentes sobre el pago de impuestos y permisos para el uso y concesiones en la zona marítimo terrestre, de acuerdo con la normativa nacional para evitar un uso abusivo y continuo durante el incumplimiento.