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C. Lorenzo Córdova Vianello

Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral

Consejeras y consejeros del INE

C. José Luis Vargas Valdez

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPJF

En junio de este año se llevará a cabo en México el proceso electoral en el que se elegirán a los miembros de la Cámara de Diputados federal y otros cargos locales. 

Este proceso se da en medio de una crisis económica y sanitaria de dimensiones históricas, con graves consecuencias en las condiciones de vida de millones de trabajadores, trabajadoras y sectores populares del campo y la ciudad. 

Esto se ha traducido en despidos, recortes salariales, violación de derechos laborales, aumento de la pobreza y más de ciento treinta mil muertes por COVID-19, consecuencia de un sistema de salud desmantelado en las últimas décadas por los gobiernos neoliberales, aunado a la responsabilidad del gobierno actual que no ha tenido una política efectiva para evitar la expansión de los contagios.

A la par, continúa la violación a los derechos humanos, por ejemplo, con el hostigamiento y asesinato de periodistas y luchadores medioambientales, así como aumenta la violencia que enfrentan las mujeres. 

En este contexto, el proceso electoral en curso mantiene las restricciones antidemocráticas y las trabas que dificultan la participación electoral de trabajadoras, trabajadores, activistas sociales y la izquierda independiente, quienes, al no ser parte de los partidos con registro, como única opción para participar solo cuentan con las candidaturas independientes. 

Sin embargo, dichas candidaturas están sujetas a múltiples reglas impuestas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ejecutada por el Instituto Nacional Electoral (INE), que limitan enormemente las posibilidades de lograr su registro. Por ejemplo, el requisito de recabar miles de apoyos ciudadanos, lo que en plena pandemia no solo es profundamente antidemocrático sino que se vuelve criminal al exponer al contagio y vulnerar el derecho a la salud de quienes tienen esta intención, obligándolos a salir a las calles para conseguir tales apoyos.

Frente a las propuestas de los partidos oficialistas, alineados con el gobierno de Morena, así como de la oposición de derecha, consideramos muy importante que la voz de las y los trabajadores, mujeres y jóvenes pueda escucharse en las próximas elecciones. 

Los abajo firmantes —intelectuales, organizaciones y activistas sindicales, populares, estudiantiles, del movimiento de mujeres y defensores de derechos humanos, entre otros— saludamos la decisión de Flora Aco González, trabajadora del sector público y referente de la lucha por derechos laborales, acompañada por Leda Silva Victoria, trabajadora de la educación y activista feminista, de aspirar a una candidatura independiente para una diputación federal por el Distrito 23 de la Ciudad de México. Iniciativa impulsada por las organizaciones socialistas agrupadas en el Frente de Izquierda Anticapitalista.

Exigimos el derecho democrático de las compañeras Flora y Leda a contender en las próximas elecciones, como titular y suplente respectivamente, a nombre del Frente de Izquierda Anticapitalista. Que se eliminen  los antidemocráticos requisitos para el registro de las candidaturas independientes, así como que se detenga el proceso y se reprograme el periodo para la recolección de firmas de apoyo ciudadano mientras dure la emergencia sanitaria.

Llamamos a las y los trabajadores, jóvenes, mujeres, indígenas, campesinos y luchadores sociales, así como a las organizaciones de izquierda, a solidarizarse y apoyar activamente esta fórmula independiente y anticapitalista, encabezada por dos trabajadoras y luchadoras sociales, para que se logre su registro.