Nuestro país ha caído en un círculo de inseguridad y violencia donde se normaliza el crimen y se castiga la falta de poder, no la comisión de delitos. Vivimos bajo una larga y penosa tradición de abuso de autoridad, desapariciones forzadas y corrupción. Con tristeza, la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968 fue un evento de una larga lista donde las víctimas han de olvidar y perdonar ya que los delincuentes, casi con seguridad, permanecerán impunes.
Hace una semana se presentó la “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2018” donde se identificó que 35.6% de los hogares del país tuvieron al menos una víctima de delito. Los estados de Zacatecas (30.3%), Tabasco (25.5%), Puebla (24.8%) y Ciudad de México (19.6%) tuvieron incrementos significativos con respecto del 2016. Y a nivel nacional, las pérdidas para las familias ascendieron a $89.1 millones de pesos, mientras que el gasto en medidas preventivas alcanzó los $210.5 millones de pesos.
La omisión de las autoridades nos está ahogando. ¿Podría considerarse su falta de acción como una medida para que los ciudadanos pidamos auxilio a costa de lo que sea? De los delitos denunciados, el 55.9% no tuvieron solución. La cifra negra (los delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició averiguación previa) ronda el 93%; es decir, en México se denuncia cerca del 7% de los delitos y de estos se resuelve menos de la mitad.
La Ley de Seguridad Interior aprobada en diciembre pasado permanece como un riesgo latente para todos. La indefensión en la que nos han obligado a vivir, la hace tentadora: ¡Seguridad a cualquier precio! El clamor de muchos sectores de nuestra sociedad legitima su aplicación y la hace atractiva ante la opinión pública. No obstante, el reto es ver más allá. Debemos exigir que el Estado cumpla con su misión de cuidado tanto de la integridad, como del patrimonio de las familias y la respuesta no la encontraremos en la actuación sin límites de la autoridad.
La decisión permanece en manos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nuestra labor reside en hacer oír nuestra voz y exigir esa seguridad que nos han arrebatado, pero no a costa de nuestra integridad. Sólo mediante la presión social lograremos que se escuche nuestra voz, por nuestros familiares y nosotros mismos, no decidas callar.