ASUNTO:      LLAMADO  URGENTE  PARA SALVAR A  COLOMBIA

Estamos atravesando una profunda crisis de valores en Colombia, empezando por la inmensa crisis de la Justicia y obviamente no podemos excluir ningún sector, ni de la economía, ni de la sociedad colombiana. 

Lo anterior nos lleva a solicitar muy comedidamente a sus excelencias, su intervención para eliminar la anarquía, la violencia, la corrupción y los delitos los cuales sin duda alguna son, el fenómeno de la contracultura y la contra armonía que no respetan regla, que aplauden la picardía, toleran la trampa, el delito y por lo tanto que no aprecian ni la belleza, ni la dignidad del ser humano y mucho menos la verdad y que están arrasando con la prosperidad y el desarrollo del País.

Vivimos uno de los momentos más difíciles de nuestra patria, donde el irrespeto a la autoridad, a las leyes, a los maestros, a los mayores, son manifestaciones que señalan que hemos llegado al más bajo de los niveles del comportamiento humano y todo porque se han vulnerado la ética y los principios esenciales que nos deben distinguir como Nación y como pueblo que tiene esperanza en el porvenir. Es esta una época en la que desafortunadamente tenemos que repetir, como bien lo dijera Rafael Núñez, hace unos años, “Restauración, moral o catástrofe”

Son ustedes los más importantes líderes de nuestra Nación y aunque es una obligación de todos los colombianos, inclusive la nuestra, les solicitamos encarecidamente su decidido empeño para evitar el colapso de Colombia y que la justicia sea justicia. 

En sus manos está esa obligación porque de una manera u otra son ustedes actores insoslayables de ese quehacer, constituyendo engranajes fundamentales del poder público y, para ello, es indispensable que todos empecemos por respetar y hacer respetar la Constitución y las Leyes, que imperen la justicia, el equilibrio y los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la dignidad, a la honorabilidad, a la libertad responsable, que deben guiar la conducta humana y recurrimos a ustedes para que nos lideren el proceso de la restauración moral porque, sin ella, no tenemos porvenir, ni futuro, y se habrá truncado la esperanza.

Este no es el momento de hablar de constituyente, ni de la reforma de la reforma, ni de pensar que con lo que tenemos no podemos construir, cuando lo único que estamos haciendo es romper las reglas y principios éticos y morales, que han dado sustento a una Colombia que, en medio de las inclemencias, ha construido un país acorde con su madurez histórica, que está en pleno desarrollo persiguiendo, aún, metas y sueños mayores.

Es nuestro deber defender el país de este ataque a su Institucionalidad más preciada como lo es su Constitución y con ello la justicia y la verdad. 

No es este un fenómeno que se pueda manejar superficialmente; se precisan medidas de fondo y asumir actitudes valerosas; se trata de reconstruir la Nación con los verdaderos valores democráticos y civiles, hoy dispersos y opacados por el rompimiento de las reglas y los principios. No necesitamos crear nuevas leyes, sino hacer cumplir las que ya tenemos. 

El Preámbulo de nuestra Constitución invoca la protección de Dios y nos compromete a fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, comprometido con la integración de la comunidad latinoamericana buscando la hermandad de los pueblos. 

Su primer Artículo declara: que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado como una república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, y en la prevalencia del interés general. En este Artículo se resumen los caracteres esenciales del Estado y su relación ontológica, basada en la naturaleza del ser humano.

Tanto ustedes con esa inmensa responsabilidad con la que han sido investidos, como todos los colombianos, debemos comprometernos con la aplicación del derecho y la defensa de los contenidos jurídicos de la justicia y sus fines esenciales. Esto solo se logra cumpliendo las normas y la Constitución sin concesiones. 

Hoy en día no se tutelan los derechos inalienables de las personas y se olvida que la familia es la institución matriz de la sociedad. La justicia con frecuencia flaquea y el desorden asume matices de normalidad, en detrimento del orden justo. Es inaceptable que se intente imponer ideologías quebrantando la ley, como si nada sucediera. Por esta razón recurrimos tanto al Congreso de la Republica como a todos ustedes, Altos Magistrados y Cabezas de la Administración, para que con su autoridad y competencia hagan cumplir la ley de manera estricta y eficiente, sin dilaciones ni demoras, ni contemplaciones personales o ideológicas, según los mandatos de la Constitución, porque Colombia está en alto riesgo y el futuro depende de evitar la tolerancia excesiva y dejar de aplicar el derecho en virtud de apariencias y no de la verdadera justicia.

Es indispensable defender la verdad, apartar la mentira y evitar el mal ejemplo que surge de la incomprensión, la confusión y el engaño, para poder tener un futuro promisorio.

El quehacer de las instituciones que ustedes presiden debe encaminarse a defender los intereses de la sociedad, la defensa del orden jurídico, la defensa del patrimonio público y la defensa de los derechos fundamentales y no a intereses confusos o particularistas porque prohíjan la corrupción.

Pensar en cambiar la Constitución cuando ni siquiera cumplimos la que tenemos, como si el mal estuviera en las letras y no en la conducta impropia del ser humano ?. Hemos estado dando carta abierta a una falaz legalidad, soportada no en un verdadero espíritu constitucional sino de formalista engaño con el sofisma de que las aspiraciones, aun legítimas, de los unos, atropellan los derechos de los otros connacionales, lo cual nos está llevando al individualismo, la pobreza y la desdicha.

Parece que el Presidente de la República olvida que él simboliza la unidad nacional y, al jurar cumplir la Constitución y las leyes con las que fue elegido, se comprometió a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos y no solo las aspiraciones de sus parciales. 

Un presidente que no gobierna sino que trina, y trina para difundir la división social y la lucha de clases,  la inseguridad de las metas y procederes de su gobierno en desdén de los otros Poderes y acentuando el garantismo hacia quienes se distinguen y se han distinguido en atacar la institucionalidad y que al parecer en apoyo a su propósito patrocina el todo se puede sin talanqueras, y con desmedro colateral de otras instituciones tan respetables como el accionar de las Fuerzas Armadas y el respeto hacia ellas o el terminar dañando la salud de los connacionales y frenando el espíritu económico y el desarrollo. 

Es impresionante el caos que se ha creado en este Gobierno; la corrupción irrumpe desde cada rincón. Para ejemplarizar, basta mirar lo que ha pasado con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres o la remuneración a aquellos que sembraron el desorden y el caos bajo la premisa de defender una ideología que tampoco llega ni se alcanza.

Se aprovechan de los más vulnerables, y con engaños y falacias manipulan la verdad creando espejismos, como los camiones cisterna de agua potable de la Guajira, mientras desvían recursos a sus intereses ideológicos y/o particulares.

Entendemos que para evitar que fuerzas oscuras nos impusieran al gobernante de turno, la Constitución de 91 prescribió claramente que el Estado financiaría a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, conforme a la ley. Se permitió que estas campañas fueran financiadas parcialmente con recursos estatales y se dejó en manos de la ley el porcentaje de votación necesario para acceder a dichos recursos. Se limitaron los gastos de los partidos y las contribuciones privadas, tratando de dar transparencia y eliminar la negociación del voto y la corrupción y la intervención de las mafias en la política.

Se permitió que las campañas presidenciales tuvieran acceso a espacios publicitarios en los diferentes medios de comunicación costeados por el Estado, para los candidatos con verdadera opción de gobierno. La violación de los topes de financiación sería sancionada con la pérdida de la investidura o del cargo (Artículo 109 de la Constitución), y se exigió rendir cuentas públicamente sobre el volumen, origen y destino de los ingresos de las campañas. Se prohibió recibir dineros oscuros y financiación extranjera y se limitaron las contribuciones privadas para evitar la corrupción. A pesar de todo lo anterior, vemos con asombro que nada de esto se cumple y que nuestra Constitución se ha convertido en un rey de burlas. Ni el Consejo Nacional Electoral, ni la Comisión de Acusaciones, ni las autoridades judiciales, ni el Congreso, actúan definitoriamente sobre este aspecto en Colombia.

Ante el escándalo nacional que los actos de corrupción han producido y buscando restablecer el orden y el cumplimiento estricto de la Constitución Política, solicitamos respetuosamente de nuestros altos dignatarios, que se alejen de la complicidad y del silencio cómplice, como primera necesidad del país. Hagan cumplir los mandatos legales, sea quien sea el afectado. No se trata de golpes, sino de restablecer el orden y evitar el caos y la confusión en la que estamos sumergidos. Todos, incluido también el Presidente de la República, estamos sujetos a la justicia y es nuestra obligación someternos a la justicia que correspondan, y al debido proceso, pero la impunidad no puede seguir reinando y aquellos que tienen la obligación de imputar los cargos, deben hacerlo sin contemplación alguna. 

Colombia no puede seguir repitiendo los mismos errores, originados en el mal ejemplo, la violación de la ley, el orden y la institucionalidad. Es vergonzoso ver espectáculos como el reciente en Miami, cuando el país parecía unirse a través del deporte, todo porque no se cumplen las leyes ni los reglamentos. No imperan el orden, la justicia, ni la verdad, sino el caos, la mentira y el mal. Se crean derechos que no son derechos sino deseos, y se olvida el cumplimiento del mandato de nuestra naturaleza al desatender la convivencia y la ley positiva. Parece que esta es una guerra que está ganando el mal y, en lugar de paz, por el perdón otorgado entre víctimas y, victimarios sin propósito de enmienda ni verdadera contrición; imponemos apetencias y mayor daño.

Formados en la Constitución de 1.886 y habiendo vivido la transformación del país con la Constitución de 1.991, solicitamos a ustedes preservar la Constitución Nacional y hacer cumplir las Leyes y restablecer el equilibrio y la moral pública. 

Los abajo firmantes hemos autorizado que la respuesta a este Derecho de Petición se debe enviar al correo: defensaporlapatria@hotmail.com

Cordialmente,