(Transcrito de la petición original por la Dra. Raquel Guitérrez Nájera)

Lic. Enrique Peña Nieto.
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Presente.

Distinguido Presidente de México:

La suscrita Dra. Raquel Gutiérrez Nájera, Presidenta del Instituto de Derecho Ambiental A.C., investigadora de la Universidad de Guadalajara, Premio al Mérito Ecológico 2009 y Consejera Social de la Coordinación de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático 2015-2018, por este medio, me dirijo a Usted a efecto de:

Solicitar su intervención para la liberación inmediata de 35 indígenas nahuas del ejido de Ayotitlán, Municipio de Cuautitlán, Jal., y del abogado defensor ambientalista Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, quienes se encuentran recluidos este último en la cárcel de máxima seguridad del estado de Colima y los 35 indígenas en el Centro de Reclusión del mismo estado de Colima.

Al respecto, presento a usted a la Comunidad Indígena Nahua de Ayotitlán, ubicada en el corazón de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, (RBSM) en el Municipio de Cuautitlán, Jal.

El ejido de Ayotitlán, si bien es cierto tiene la figura jurídica de “ejido” la gente que lo conforma, antropológicamente forma parte de una de las comunidades indígenas nahuas de nuestro país, asentada en estas tierras tan prodigiosamente dotadas por la naturaleza en bosques, aguas, flora y fauna y la riqueza mineral de su subsuelo.

Esta comunidad indígena es un referente en la defensa de sus recursos naturales, su conservación y su usufructo sustentable. Así, fue una de las comunidades que apoyó la declaratoria del ANP en sus tierras, muchas de ellas en la parte Núcleo de la RBSM.

De igual manera, desde tiempos inmemorables han tenido un diferendo de propiedad con la empresa Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada S.A. de C.V., por 192-00-00 has., que la empresa dice están sobrepuestas con su propiedad. No obstante este diferendo la empresa ha aceptado que el mismo lo resuelvan los tribunales competentes. De igual manera tienen celebrados contratos de ocupación temporal con Peña Colorada desde 1991, 1998 y 2012 por mas de 1,200-00-00 has., entre las que se encuentran las 192 arriba mencionadas.

En el 2013 interpusieron demanda de amparo por el reconocimiento y ejecución de la resolución presidencial del ejido que los dota por más de 50,000-00-00 has. El Juez de distrito del Juzgado 4º., en materia Administrativa y del Trabajo otorgó una suspensión de plano para que se les permitiera el libre acceso a las 1,200-00-00 has., en las que existe el diferendo con la empresa Peña Colorada.

Bajo el referente anterior, y, después de agotar procedimiento de conciliación ante la Procuraduría Agraria (22 de julio del 2015) la asamblea del ejido acordó el hacer un recorrido para verificar el cumplimiento de la suspensión otorgada por el Juez en el Juicio de Amparo 462/2013 .

Así, el 22 de Julio del año en curso, mas de 500 ejidatari@s, llegaron a los terrenos propiedad del ejido en el Municipio de Cuautitlán, Jalisco, donde se encuentra la empresa Peña Colorada.

La empresa en complicidad con el Gobierno del estado de Colima instrumentó un operativo a cuyo frente iba en persona el Procurador de Justicia del estado de Colima, quien expresó al abogado del IDEA Pasante de Derecho Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, que en “Colima los amparos no sirven, usando un lenguaje poco propio de un Procurador” y aprehendió al abogado defensor que le estaba exhibiendo la suspensión del Juez de Distrito en el amparo 462/2013. De allí en adelante golpearon ancianos, niños, mujeres y jóvenes y aprehendieron alrededor de 35 nahuas, entre ellos ancianos muy golpeados de casi 80 años de edad.

La sorpresa fue la fabricación burda de delitos en contra de los nahuas y del abogado por “secuestro consumado, despojo, robo calificado, daños en propiedad ajena y lesiones,”, exhibiendo una transferencia que la empresa había hecho al ejido por $14:000,000.00, para que liberaran a 3 empleados de la empresa, supuestamente secuestrados.

De la transferencia anterior, se exhibió un recibo firmado por la propia empresa en pago a adeudos atrasados por la renta de la tierra. Despojo, la propiedad de la tierra es del ejido de Ayotitlán y no despojaron a nadie de ningún derecho de uso ya que lo único que estaban haciendo era supervisar que se cumpliera la orden del Juez de Distrito y abrir puertas para un nuevo acuerdo con la empresa. Robo, ¿qué robaron Sr. Presidente?, acaso la tierra que llevaban en su cuerpo después de haber sido brutalmente golpeados? Y daños si todo el operativo de Colima represor se fue sobre las personas nahuas?

Quienes sufrieron lesiones de gravedad fueron los indígenas nahuas, tal y como lo constató el Comisionado de la CNDH, quien se dio cuenta de las lesiones de que fueron objeto y las constató el jueves 23 de Julio del año en curso debido a la queja que interpusimos ante la CNDH, por cierto Comisionado que ya no regresó al día siguiente.

Sr. Presidente Enrique Peña Nieto:

Apelamos a la sangre indígena que corre por sus venas para que defienda a una de las comunidades nahuas originarias de nuestro país, ya que el Gobierno del estado de Colima ha fabricado de la manera más burda delitos en contra de ellos en contubernio con la empresa Peña Colorada y cuyo único delito es defender sus derechos ancestrales sobre el territorio.

Con su intervención se libere de manera inmediata a todos los nahuas y al abogado defensor ambientalista Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez.

Se suspendan las órdenes de aprehensión y detención en contra de los integrantes del Comisariado Ejidal los C.C. Ernestino Ciprián Ocaranza (Presidente), Roberto Cobián Gutiérrez (Secretario) y Dionisio Elías de los Santos (Tesorero)

El número de causa penal es la 142/2015-S3 que se sigue en el Juzgado Primero de lo Penal de la Ciudad de Colima, Colima.

Atentamente.
Guadalajara, Jal., a 27 de Julio del 2015.

Dra. Raquel Gutiérrez Nájera.
Presidenta del IDEA A.C.
Premio al Mérito Ecológico 2009.
Consejera Social de la Coordinación de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático 2015-2018.

C.c.p. Presidente de la CNDH