A la sociedad en general:

En México y el mundo la investigación científica se basa en la formación de recursos humanos de alta especialización, sobre todo a nivel de posgrado y la vinculación entre la academia y los sectores público, privado y social. Para que el país se integre a la economía del conocimiento, es necesario fomentar en la sociedad la cultura científica, humanística y tecnológica. En este sentido se requiere la participación de todas las investigadoras y todos los investigadores adscritos a instituciones de educación superior (IES) públicas y privadas, lo que incluye Centros Públicos de Investigación, centros de investigación en la industria, e investigadores independientes. Según cifras de la UNESCO, en México hay un total de 65,824 personas que pueden clasificarse como científicos, ya que mantienen al menos una mínima actividad de investigación: de estos 33,165 (el 50%) forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

La investigación es fundamental para las instituciones de educación superior del país. La importancia en cada institución (universidades públicas o privadas, empresas, otras instituciones del sector público o privado) se refleja en sus productos: artículos de investigación científica y su impacto en otras investigaciones, patentes, estudiantes formados en sus posgrados de calidad durante el desarrollo de proyectos de investigación, así como en el número de miembros adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). También, y no menos importante, se refleja en el impacto social que tienen sus líneas de trabajo en las comunidades y para enfrentar requerimientos regionales y nacionales. Además, el acotar las áreas en las que puede llevarse a cabo investigación, determinando "líneas preferenciales" alineadas a una Agenda de Estado es poner límites a la libertad de investigación.

Para cumplir con los principios y derechos a la inclusión, igualdad y fomento amplio a la actividad científica contenidos en la Constitución y convenios internacionales firmados por el Estado Mexicano, el gobierno acordó otorgar el mismo reconocimiento del SNI a los investigadores en las IES públicas y privadas. El estímulo económico del SNI se otorga a cada investigadora e investigador después de una ardua evaluación por pares como un reconocimiento a la calidad de su trabajo. Las actividades realizadas contribuyen a cerrar la brecha del acceso a la educación superior, la formación de recursos humanos especializados, promueven la movilidad social y contribuyen a resolver problemas interdisciplinarios de gran importancia para el pueblo de México. Sin importar su adscripción, los miembros del SNI comparten la pasión por la creación del conocimiento científico, humanístico y tecnológico para contribuir al desarrollo de soluciones a los problemas que aquejan al país. Esto debe incluir también a investigadores miembros del SNI que no cuentan con adscripción institucional pero que cumplen con las actividades y requerimientos mínimos exigidos por el reglamento y debe considerar también la integración definitiva de los miembros (pasados y presentes) del programa de Cátedras Institucionales que cumplan con los requerimientos indicados. La reforma al Reglamento del SNI, en particular en sus artículos 61 y 62 atenta contra el principio de igualdad y trato sin discriminación. Además, cambios a otros artículos limita la libertad de investigación y genera ambigüedad en los criterios de evaluación, de promoción y de permanencia en el SNI.

Es por lo anterior que los investigadores miembros del SNI en el país e investigadores de otros países, así como ciudadanos preocupados por la implementación de una política pública en ciencia y tecnología que promueva realmente una sociedad basada en el conocimiento, que busque soluciones a los problemas que nos atañen a través de la ciencia y la investigación solicitamos de la manera más atenta al Presidente de la República y autoridades correspondientes detener de forma inmediata las reformas propuestas por CONACYT al Reglamento  del SNI, para evitar así incurrir en actos de discriminación y de afectación a la libertad de investigación. Como parte de la comunidad científica nacional e internacional, creemos que deben explorarse estrategias que incentiven la participación de tanto investigadores adscritos en instituciones públicas y privadas, así como investigadores sin adscripción e investigadores del programa de Cátedras Institucionales, actualmente sin una adscripción institucional permanente. Así mismo, un Reglamento moderno, pero no discriminante, aunado a una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación que no concentre el poder de decisión de las políticas científicas nacionales en una sola institución (CONACYT), sin retroalimentación con voz y voto de la comunidad científica, debe convertirse en una meta a alcanzar en los siguientes meses. Las propuestas que hasta el día de hoy se siguen promoviendo al respecto, no han recibido consenso de la comunidad científica ni académica, y representan un retroceso, en lugar de un necesario avance. Pedimos respetuosamente a las autoridades correspondientes un diálogo enriquecedor e incluyente con los integrantes del sistema nacional de investigación e innovación. Debemos establecer estrategias incluyentes y no discriminatorias para fortalecer la investigación, en beneficio del presente y el futuro de la sociedad mexicana. 

Atentamente:

Investigadores, miembros del SNI de universidades públicas y privadas, y sociedad civil.