El pasado miércoles 19 de noviembre, más de cincuenta de padres de la comunidad del colegio Primera Junta y del Jardín Margarita Ravioli nos hicimos presentes en la Audiencia Pública de la Legislatura Porteña. Nos convocaba el tema a tratar: la ley de aprobación inicial que permitirá la cesión de terrenos públicos al Arzobispado de Buenos Aires.  Un grupo de padres de la comunidad Junta-Ravioli nos pronunciamos en contra de la cesión de tierras fiscales (no sólo las correspondientes a nuestro predio) y pedimos que se cumpla el artículo 7 de esta ley para todos los terrenos listados. Es decir, que se renueve el permiso de uso precario y gratuito de los inmuebles al Arzobispado por 20 años más. Pero no la transferencia de dominio.

¿Por qué nuestra comunidad estuvo tan presente? Todos los terrenos listados involucran parroquias, pero el caso de la Capilla de Nuestra Señora de Caacupé afecta terreno perteneciente al establecimiento educativo al que concurren nuestros hijos, ya que la iglesia, el colegio primario y el jardín comparten predio. Hablamos de una escuela pública y laica, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esta ley –que contó con la  mayoría de votos a favor el 3 de septiembre de 2015– establece que no sólo los 2447m2 correspondientes a la Iglesia de Caacupé  serán cedidos sino que, a partir de un confuso croquis que figura en el anexo, se incluyen casi 3000 m2. Se incluye parte del polideportivo de la escuela, la huerta de la escuela y la salida de emergencia por la que deberían pasar aproximadamente 1600 chicos que asisten a la escuela.

Este conflicto se remonta al año 2003, cuando se venció el plazo con el que contaba la Iglesia para hacer uso precario de ese terreno. La situación irregular, más los avances que las autoridades de la iglesia han hecho sobre el terreno (por ejemplo, la construcción de un SUM sobre terreno del colegio primario), generan un malestar que sería fácil de resolver si se regularizara el tema. Al enterarnos de esta ley, los padres de la comunidad educativa nos sentimos interpelados y decidimos hacer oír nuestra voz en defensa de la escuela pública y en defensa del patrimonio público.

Pese a nuestros reclamos a favor de nuestro predio y en contra de la ley en su conjunto, la única alternativa más o menos viable que nos ofrecen o que dicen estar considerando los legisladores es retirar nuestro caso del listado. Claramente, esto no soluciona el conflicto ya existente y, mucho peor, perjudica al patrimonio público de la ciudad porque los otros terrenos sí serían cedidos.  

Queremos enfatizar que no estamos en contra de la Iglesia Católica. Sabemos del trabajo social que lleva a cabo y de la asistencia que brinda, a modo de caridad, en muchos barrios. Nadie desea que aquellos que encuentran un lugar de contención en las parroquias lo pierdan. Por eso, estamos a favor de que se les renueve el derecho de uso de los terrenos por otros veinte años. En el caso de nuestra escuela, pedimos además que se delimite correctamente cuál es el espacio que les corresponde y que se le ceda a la Iglesia de Caacupé el uso precario por esos 2447 m2, lo cual permitirá recuperar el terreno usurpado al colegio y evitar conflictos limítrofes posteriores.

No queremos que se apruebe la cesión de ningún terreno público porque no estamos de acuerdo con el achicamiento del estado en ninguna de sus formas. Para ceder estos terrenos, la ley establece en su artículo 1°: “Desaféctense del dominio público los inmuebles”. Y en su artículo 2°: “Decláranse innecesarios para la gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. ¿Cómo puede haber terrenos innecesarios para la gestión cuando hay escuelas públicas que alquilan sus instalaciones? ¿Podemos declarar innecesarios los terrenos cuando hay una crisis habitacional enorme en la ciudad? El estado debe garantizar los derechos básicos. La educación, el trabajo social, la salud deben ser garantía del Estado. El trabajo que haga la Iglesia (pertenezca al culto que sea) puede sumar, pero no reemplaza. Un Estado no debe desligarse de sus obligaciones para con sus ciudadanos.

Somos padres que elegimos la escuela pública, laica y libre por convicción. Muchos de nosotros somos profesionales que debemos nuestra formación al sistema educativo modelo que tenemos. Y ese sistema habla de un Estado presente.  Somos ciudadanos y padres preocupados por los valores que enseñamos a nuestros hijos. Defender lo que es de todos y no aceptar una solución parcial a  un problema que excede por mucho el terreno de nuestra escuela, también es una lección de construcción ciudadana para nuestros hijos.

Esperamos que los legisladores que votaron a favor de esta cesión tengan en cuenta nuestro pedido antes de la segunda votación y reconsideren su posición.