Exigimos al gobierno ecuatoriano, a OCP Ecuador,  EP Petroecuador, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables la inmediata y eficaz coordinación de acciones para afrontar la nueva rotura del oleoducto OCP del 28 de enero de 2022, en el sector de Piedra Fina, parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, cantón El Chaco, provincia del Napo.

Pese a las declaraciones estatales y de la empresa OCP Ecuador que minimizan los efectos de esta nueva contaminación, las comunidades ribereñas afectadas por el derrame de petróleo en las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos, muestran evidencias claras de la contaminación de los ecosistemas fluviales a través de testimonios, videos y fotos difundidas en redes sociales y medios de comunicación alternativos.

Sorprende el ocultamiento sistemático y la desidia gubernamental frente a este grave desastre ambiental, consecuencia del proceso de erosión regresiva (ampliamente documentado por la comunidad científica), provocado por la construcción de infraestructura como la Represa Coca-Codo-Sinclair, que provocó la implosión de la Cascada de San Rafael en febrero de 2020. Esta tragedia tiene como antecedente el derrame de crudo ocurrido en abril de 2020 tras las rupturas en el Sistema de transporte de crudo, que vertieron 15.800 barriles sobre los ríos Coca y Napo, afectando alrededor de 105 comunidades kichwa (27.000 personas), impactadas nuevamente.

Es preocupante la falta de medidas gubernamentales de previsión y mitigación para enfrentar los impactos en las comunidades, así como la inacción e ineficacia de las empresas responsables del desastre que no han tomado medidas oportunas. Esta gravísima situación ocurre en medio de la emergencia sanitaria por la Covid -19 que ha afectado gravemente a la población indígena.
 
En el marco de este nuevo derrame, exigimos:

1.   Que el presidente de la República declare la Emergencia Ambiental y Sanitaria en las provincias afectadas.
2.   Que  el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y  las empresas OCP y EP Petroecuador activen los protocolos, transparenten la información, remedien de forma ágil y eficaz los daños ocurridos a las poblaciones afectadas  por el derrame de petróleo y adopten las medidas necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de los principios de prevención y precaución en el marco del respeto irrestricto a los derechos humanos y de la Naturaleza.  
3.   Que de manera inmediata, el  Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica cumpla con su obligación de “Ejercer de forma eficaz y eficiente la rectoría de la gestión ambiental” mediante una inspección técnica a lo largo del recorrido del oleoducto y poliducto de Napo para evitar que se profundicen los daños, y a las riveras de los ríos Coca y Napo.
4.   Que la Defensoría del Pueblo dé seguimiento a las vulneraciones de derechos fundamentales como el acceso a agua, salud, alimentación, derecho a vivir en un ambiente sano de la población. Además, que exija las debidas reparaciones integrales.
5.   Que las respectivas entidades del Estado garanticen la disponibilidad de agua suficiente apta para el consumo humano, así como  alimentos culturalmente adecuados para las poblaciones afectadas  sobre todo en el contexto de la pandemia; que cumplan con el artículo 14 de la Constitución “el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”. 
6.   Exhortamos a la Corte Constitucional para que articule al caso del Derrame de crudo de abril de 2020, este nuevo desastre, reconociendo la gravedad de la situación y sancione la vulneración de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza.
 
Atentamente, 
 
Colectiva de Antropólogas del Ecuador
Red de Antropología Ecuatoriana