El pasado jueves 21 de abril en la ciudad de Quito, una estudiante de 15 años, perteneciente a la Unidad Educativa “Luis Napoleón Dillon”, fue víctima de  violencia sexual. Según detalles brindados a los medios de comunicación por parte de sus familiares, la menor sufrió el abuso por parte del conductor de su ruta de transporte escolar.

El caso se volvió mediático por la difusión en redes sociales. A través de este medio se han denunciado varias irregularidades en los procesos legales que tanto las autoridades de justicia, como las autoridades de educación deben ejecutar para garantizar transparencia, justicia y reparación para la víctima y su familia.

Desde la sociedad civil, como colectivo que apoya las causas sociales y trabaja con niñas, adolescentes y mujeres, instamos a las autoridades del Ministerio de Educación a: 

·         Aclarar los acontecimientos y el accionar por parte del DECE, las máximas autoridades del plantel y las autoridades distritales.

·         Brindar el acompañamiento psicológico a la víctima y sus familiares, tal como lo estipulan los manuales de rutas y protocolos contra la violencia. 

·         Revisar y comprobar que los manuales de rutas y protocolos contra la violencia garanticen seguridad en los espacios educativos.

·         Mantener en capacitación constante a todo el personal que labora en instituciones educativas para evitar fallos en la activación de protocolos 

Además, solicitamos a las y los funcionarios judiciales y demás autoridades competentes a garantizar la transparencia del proceso, brindando un juicio justo y reparador, además de trabajar por encontrar al agresor. 

Finalmente, instamos a la sociedad civil y a  todas las autoridades a nivel nacional en trabajar para no permitir que este caso quede en la impunidad y a luchar para erradicar la violencia sexual en todas sus formas.