La huelga indefinida de las educadoras infantiles del primer ciclo (0-3 años) ha generado mucho debate en las últimas semanas. Y es cierto: existen aspectos de nuestro sector que pueden y deben mejorar.

Sin embargo, antes de prometer cambios o aprobar medidas para poner fin a las protestas, creo que es imprescindible analizar sus consecuencias reales.

Me llamo Laura Barranco y soy directora de una pequeña escuela infantil de barrio. Un proyecto que levanté con mucho esfuerzo y cuya inversión sigo amortizando a día de hoy. Quienes conocen este sector saben que abrir una escuela infantil requiere una inversión muy elevada, solo para cumplir con todos los requisitos de instalaciones, seguridad y equipamiento que exige la normativa.

Entre las reivindicaciones planteadas por las convocantes de la huelga se encuentran la reducción de ratios, la presencia de una pareja educativa en todas las aulas, mejoras salariales y un aumento de los periodos vacacionales.

Sobre el papel, muchas de estas medidas pueden parecer razonables. El problema surge cuando analizamos cómo financiarlas.

¿Alguien se ha parado a calcular lo que supondrían estos cambios para las escuelas infantiles actuales?

Con las cuotas que existen hoy en día, asumir simultáneamente una reducción de ratios, la contratación de más personal y una subida salarial es económicamente inviable para la inmensa mayoría de los centros. Muchas escuelas tendrían que cerrar sus puertas, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y reduciendo drásticamente la oferta de plazas para las familias.

A menudo se comparan nuestras condiciones con las de países como Alemania. Pero para hacer una comparación justa hay que analizar el contexto completo. En Alemania, los salarios medios son significativamente más altos y el coste que asumen las administraciones y las familias para financiar la educación infantil también lo es.

Para que un modelo similar fuera sostenible en España, las cuotas deberían incrementarse de forma muy importante o las administraciones tendrían que asumir una financiación pública mucho mayor.

Quizá el sector público pueda absorber parte de ese incremento mediante una mayor inversión. Pero las pequeñas escuelas privadas, que representan una parte fundamental de la atención educativa de los niños de 0 a 3 años, difícilmente podrían soportar ese aumento de costes.

No podemos olvidar que, actualmente, las plazas públicas no cubren toda la demanda existente. Miles de familias dependen de las escuelas infantiles privadas para poder conciliar su vida laboral y familiar.

Si reducimos drásticamente el número de plazas disponibles sin ofrecer una alternativa real, ¿qué ocurrirá con esas familias? ¿Cómo podrán conciliar? ¿Quién atenderá a sus hijos mientras trabajan?

Y existe otra consecuencia de la que apenas se habla: el impacto sobre el empleo femenino. Nuestro sector está formado mayoritariamente por mujeres profesionales que podrían ver desaparecer sus puestos de trabajo si muchas escuelas se vieran obligadas a cerrar.

Por supuesto que los niños deben estar bien atendidos. En eso estamos todos de acuerdo.

De hecho, existen medidas que sí podrían mejorar la calidad educativa sin destruir puestos escolares. Por ejemplo, exigir que cada aula cuente con una educadora titular y una profesional de apoyo. En mi escuela ya trabajamos así porque considero que es la mejor forma de atender a los niños, aunque actualmente no sea obligatorio.

Esto permitiría crear empleo, mejorar la atención educativa y reforzar la calidad del servicio sin reducir drásticamente la oferta de plazas.

La etapa de 0 a 3 años es maravillosa. En nuestras escuelas desarrollamos proyectos, experiencias y propuestas que favorecen el desarrollo integral de los niños. Pero tampoco debemos olvidar una realidad evidente: son bebés.

La mayoría de madres y padres preferirían pasar más tiempo con sus hijos durante estos primeros años de vida. Sin embargo, la escuela infantil existe porque la conciliación es una necesidad real para miles de familias.

Por eso debemos buscar soluciones que mejoren el sector sin hacerlo desaparecer.

Con salarios medios que en muchos casos apenas alcanzan los 1.200 euros mensuales, no podemos plantear cuotas que equivalgan al sueldo completo de uno de los progenitores. Eso expulsaría a muchas familias del sistema y pondría en peligro la supervivencia de numerosas escuelas que han nacido del esfuerzo, la vocación y el compromiso de quienes trabajamos en ellas.

Las cosas pueden mejorar. Deben mejorar.

Pero necesitamos propuestas realistas, sostenibles y responsables.

Más apoyo educativo en las aulas, sí.

Más empleo y mejor atención a los niños, sí.

Menos plazas, más cierres y más paro, no.

Laura Barranco

Directora de una escuela infantil de 3 aulas