Cuando un ciudadano compra una vivienda en España, paga el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) — entre el 6% y el 10% según la comunidad autónoma — sin posibilidad de deducirse ese coste. Además, si obtiene una ganancia al vender, tributa en el IRPF.

Cuando un fondo de inversión compra esa misma vivienda, lo hace bajo el Impuesto de Sociedades, con deducciones, amortizaciones y estructuras fiscales que reducen enormemente su carga real. Las SOCIMIs, además, han llegado a pagar un 0% de Impuesto de Sociedades gracias a una reforma aprobada para atraer inversión.

Esto no es competencia. Es un juego amañado.

Mientras los ciudadanos pagamos íntegramente nuestros impuestos, los grandes fondos compran cientos o miles de viviendas con ventajas fiscales que no están al alcance de ninguna familia. El resultado es bien conocido: menos vivienda disponible, precios más altos, y un mercado cada vez más difícil de acceder para la mayoría.

Lo que pedimos es sencillo y justo:

Que los fondos de inversión y grandes tenedores paguen al menos el mismo ITP que paga un ciudadano particular al comprar un inmueble residencial, sin ventajas ni exenciones adicionales.
Que se establezca un tipo incrementado para la compra masiva o especulativa de vivienda por parte de personas jurídicas.
Que se eliminen los beneficios fiscales especiales (como el tipo 0% para SOCIMIs) aplicados a entidades que acumulan vivienda residencial con fines especulativos.
No pedimos que no puedan invertir. Pedimos que paguen lo mismo que pagamos el resto. Si la vivienda es un derecho (art. 47 de la Constitución), el sistema fiscal no puede ser un privilegio para unos pocos.

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