Estimada Secretaria de Estado de Función Pública;

La Escuela Ciudadana de la Administración Pública (ECAP), en representación de sus asociadas y de las personas aspirantes afectadas por el proceso selectivo, quiere expresar formalmente su malestar con el desarrollo de los procesos correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2022-2024.

La ECAP, como asociación sin ánimo de lucro que cuenta entre sus fines la preparación de procesos selectivos de personal funcionario, el asesoramiento a quienes aspiran a una carrera en el sector público y la defensa de los servicios e instituciones públicas de España, considera que este proceso presenta problemas que afectan directamente a la vida personal, profesional y económica de cientos de ciudadanos y ciudadanas, y que resultan difícilmente compatibles con los principios de agilidad y eficacia administrativa. 

La propia cronología del proceso con mayor número de plazas, el correspondiente al Cuerpo de Gestión de la Administración del Estado, ilustra con claridad esta situación. La convocatoria se publicó el 9 de julio de 2024, hace ya un año y diez meses, y las personas recientemente nombradas funcionarias todavía no se han incorporado a su puesto de trabajo. 

El proceso selectivo comenzó el 14 de diciembre, cinco meses después de la convocatoria, sin que se conozcan los motivos que justifican ese plazo para la organización logística del proceso. A partir de aquí han ido sucediéndose una serie de hitos prolongados en el tiempo: el listado de aprobados se publicó el 12 de mayo de 2025; la resolución definitiva de aprobados no llegó hasta el 13 de noviembre de 2025 (casi un año desde la celebración de las pruebas); el curso selectivo, en febrero de 2026; y la elección de destinos, entre mayo y junio de 2026, con los nombramientos en el Boletín Oficial del Estado todavía a la espera. Durante el proceso, las notas informativas no siempre han contribuido a mejorar la previsibilidad del mismo, al ofrecer referencias temporales genéricas e indeterminadas que no siempre se han correspondido con la evolución del procedimiento. 

En definitiva, las personas aspirantes han estado desde julio de 2024 (veintidós meses) inmersos en el proceso. Durante este tiempo, han tenido que mantener en suspenso decisiones laborales, familiares y económicas. Ello no solo supone un perjuicio para las personas afectadas, sino también para la propia Administración General del Estado, que ha tenido que seguir cubriendo con personal interino unas necesidades que este proceso selectivo precisamente pretendía resolver de forma estable.

Conviene recordar, además, que el artículo 108 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, establece expresamente que las convocatorias derivadas de las ofertas de empleo público deberán ejecutarse en el plazo máximo de dos años desde su publicación y que las respectivas fases de oposición deberán desarrollarse en un año, salvo causa justificada. Aunque dichos límites puedan cumplirse formalmente, la duración alcanzada se aproxima al máximo previsto por el legislador y se aleja de los objetivos de agilización y modernización que inspiraron la reforma.

A ello se añade que finalmente, tras casi dos años de espera, las personas aspirantes han dispuesto de tan solo siete días hábiles para elegir entre más de 2.500 destinos. La elección de destino condiciona la residencia de la unidad familiar, la escolarización de hijos e hijas, la atención a personas dependientes, la continuidad laboral de las parejas y la asunción de compromisos económicos adquiridos durante el prolongado desarrollo del proceso. Sería razonable permitir que los aspirantes adopten esta decisión con la información, tiempo y reflexión que su trascendencia vital requiere.

Por todo lo expuesto, la ECAP y quienes suscriben el presente escrito consideran necesario impulsar medidas que permitan compatibilizar las garantías jurídicas con una gestión más ágil, eficiente y previsible de todos los procesos selectivos dependientes de la Secretaría de Estado de Función Pública. En particular, proponemos para los futuros procesos selectivos:

1. Que se adopten las medidas necesarias para reducir sustancialmente los plazos de resolución de los distintos trámites del proceso selectivo. En particular, reducir los tiempos existentes entre la publicación de la relación definitiva de aprobados y la incorporación efectiva al puesto. 
2. Que se establezca un calendario oficial vinculante con fechas concretas para cada fase del proceso selectivo en el que aparezcan los meses de realización de los exámenes, publicación de resultados, realización del curso selectivo, incorporación a los puestos de trabajo, que sea publicado con la convocatoria y cuyo eventual incumplimiento sea objeto de justificación motivada.
3. Que se amplíe el plazo para la elección de destino a un mínimo de quince días naturales, y se ponga a disposición de los aspirantes información relativa al puesto de trabajo (localización, funciones a desarrollar, etc.).
4. Que la información proporcionada sobre estos destinos no se limite a la unidad y ubicación del mismo, si no que incluya elementos relacionados con las tareas a realizar. y las condiciones de trabajo. 
5. Que se establezca un procedimiento de evaluación sistemática de los procesos selectivos, a fin de que las futuras convocatorias incorporen las mejoras derivadas de dicho análisis.

La Escuela Ciudadana de la Administración Pública manifiesta su respeto al trabajo desarrollado por los órganos de selección y por el personal responsable de la gestión de estos procedimientos. Precisamente por la relevancia que tiene la captación de talento para la Administración General del Estado, consideramos imprescindible avanzar hacia procesos selectivos más ágiles, previsibles y respetuosos con quienes aspiran a incorporarse al servicio público.

Confiamos en que estas consideraciones contribuyan a mejorar el funcionamiento de futuras convocatorias, en beneficio tanto de los aspirantes como de la propia Administración.