La implementación del programa BA Aprende que se pretende llevar adelante en nuestra escuela carece de un componente fundamental: la participación democrática de todos los involucrados. Hasta el momento solo se generaron espacios de consulta aislados, donde el coordinador del área recibe dudas de manera individual sin convocar a un espacio común donde todos los docentes podamos reunirnos y debatir colectivamente sobre los alcances de esta propuesta.

Asimismo, tampoco se emitió ningún comunicado oficial que informe de manera clara sobre las decisiones adoptadas. Esta falta de información dificulta el ejercicio de una participación genuina y consciente por parte de quienes integran la institución.

Consideramos que el derecho de la comunidad educativa a participar en las decisiones que afectan directamente el sistema de enseñanza no debe ser ignorado. Un programa de la magnitud del BA Aprende, que busca alterar significativas estrategias y métodos de enseñanza, debe ser evaluado y debatido por aquellos que serán impactados por sus resultados.  Estas transformaciones no solo impactan en los procesos pedagógicos y en la organización institucional, sino también en las condiciones laborales de los y las docentes, al redefinir funciones, responsabilidades, formas de planificación, criterios de evaluación y modalidades de trabajo. Por ello, cualquier cambio de esta naturaleza requiere instancias de participación efectiva, consulta y consenso con la comunidad educativa.

Hasta el momento, no se han establecido mecanismos claros que permitan una consulta pública o votación abierta para permitir que las voces de toda la comunidad sean escuchadas.  Hacemos un llamado urgente a las autoridades educativas para que suspendan cualquier avance en la aplicación o capacitación relacionada con BA Aprende y exigimos que se establezca de inmediato un marco participativo donde toda la comunidad educativa pueda decidir, a través de una votación libre, informada y transparente, sobre la implementación o el rechazo del programa.

Apoyar esta causa es fundamental para proteger los valores democráticos y asegurar que las decisiones sobre la educación sean construidas de manera colectiva, participativa y respetuosa de las voces de quienes sostienen cotidianamente la tarea educativa.