He sufrido maltrato durante más de 10 años, y no fue hasta el año pasado, cuando se me protegió mediante una orden de alejamiento por tres años. Durante el proceso judicial se confirmó que mi hijo sufrió también maltrato familiar por parte de su padre cuando tan solo tenía 2 años. Pero al divorciarme, no se tuvo en cuenta la sentencia penal condenatoria, y mi hijo quedó totalmente desprotegido por la justicia. En la actualidad, son muchas las incoherencias que presentan los juzgados penal y de familia, en un sistema que está, supuestamente, para proteger a los menores ante todo, a fin de apartarles de peligros o de evitarles perjuicios en su entorno familiar.

Después de un año en régimen de visitas con pernocta incluida, mi hijo no quiere irse con su padre. El niño sufre tres tipos de violencia bien marcadas. Violencia económica, ya que su padre le echó del domicilio familiar, estuvo meses sin pasar pensión de alimentos y, en la actualidad, no se hace cargo de ningún gasto extraordinario. También, sufre violencia psicológica, con terrores nocturnos, cambios de conducta y trastorno adaptativo, sobretodo al volver de las visitas de fin de semana. Y, además, violencia física. Ya sea por descuidos o por negligencia, es habitual que el menor regrese con golpes varios, completamente sucio o con candidiasis genital, por no cambiarle el pañal. También, se ha dado bursitis de cadera y, lo peor de todo, en una de las últimas ocasiones, quemaduras de segundo grado en brazo y axila, de las cuales le quedarán secuelas de por vida. Estos daños causados ya son irreparables, pero pueden evitarse en un futuro para que mi hijo no pierda su infancia.

Ante estas circunstancias, suplico una rectificación y modificación de la sentencia del Juzgado de primera Instancia e Instrucción número 4 y Fiscalía de Menores de Melilla, para que, o bien, se suspenda de forma cautelar el régimen de visitas, ya que según la nueva Ley Orgánica de protección integral a la Infancia frente a la violencia, a un padre condenado con orden de alejamiento hacia la madre, se le deben prohibir las visitas o el contacto con ese menor, que es también víctima; o sino, si es tan importante el vínculo paterno filial como defienden en el juzgado, que estas visitas sean a través del punto de encuentro familiar, con supervisión de un equipo social, tal y como estoy solicitando desde el primer momento.

Firma esta petición para que la justicia asuma su error y sea consciente de que, por el bien superior del menor, lo recomendable es no obligar a mi hijo a relacionarse a solas con un hombre condenado con orden de alejamiento, garantizándole así un desarrollo sano lejos de un entorno de violencia. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Que un día no vuelva a casa?