Soy Patricia Eunice Hernández Pianeta, una ingeniera que, en busca de un futuro próspero, se unió a la Refinería de Cartagena. Pero el fatídico 13 de enero de 2014, mi vida dio un giro inesperado cuando sufrí un terrible accidente laboral. Pero eso no fue lo peor: mi empleador, Incolproy Ltda y PSC S.A.S, no reportó el incidente y dejó que mi salud se deteriorara sin ninguna consideración.

Desde entonces, mi vida ha sido una lucha constante, una batalla por mis derechos fundamentales que ha dejado cicatrices emocionales profundas. He presentado más de 25 tutelas desesperadas por obtener atención médica, protección laboral y justicia. Pero lo que he encontrado en mi camino ha sido una indiferencia despiadada de aquellos en posiciones de poder. Jueces, fiscales, médicos, magistrados y procuradores de Cartagena y Cali han demostrado una crueldad insensible hacia mi condición de discapacidad, pasando por alto mis derechos más básicos.

Mi lucha se ha extendido a las entidades encargadas de proteger nuestros derechos. He denunciado a la EPS Salud Vida en múltiples ocasiones, exponiendo servicios falsos en clínicas de Uribia y Riohacha. Además, he sido ignorada y humillada, sin recibir el pago de 10 meses de incapacidad médica, desde junio de 2018 hasta abril de 2019. Incluso hay una sanción con una orden de arresto al liquidador David Laguado Monsalve, quien aún así se niega a cumplir con su deber.

Desesperada por recibir atención médica, me afilié a la EPS Sanitas desde abril de 2019 hasta la fecha actual. Sin embargo, esto solo ha traído más obstáculos. He tenido que presentar cuatro tutelas y más de 21 incidentes de desacato, sin recibir el pago de seis meses de incapacidad médica. Han negado autorizaciones vitales y me han negado citas con especialistas en columna, cirujanos de cadera y medicina laboral. Todo esto a pesar de que existe un convenio activo entre la EPS Sanitas y la IPS Fundación Valle de Lili.

El abuso no se detiene ahí. Mi familia ha tenido que soportar la carga financiera de mis gastos médicos, ya que solo se pagaron los días desde el 4 de noviembre de 2021 hasta el 27 de diciembre de 2021. Mi estancia en Cali ha dejado una deuda pendiente y, a pesar de presentar pruebas irrefutables, no se ha emitido ninguna orden de pago desde el 20 de octubre de 2022. Las entidades oficiales, como el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Salud, los tribunales de ética médica, los fiscales y los procuradores, han fallado en su deber de protegerme, archivando denuncias y desestimando las pruebas presentadas.

He agotado toda las vías legales nacionales disponibles por el estado Colombiano, donde mi vida para el gobierno no es importante ni merece protección. Estoy viva por la misericordia de Dios. Acudo a ustedes para que me ayuden, sólo, por favor, firmando esta petición. Necesito tu ayuda.