(Eng Below)

Roberto Chávez tenía aproximadamente 60 años. Defendía los bosques y los mantos acuíferos de Villa Madero, Michoacán, contra la tala clandestina y los incendios forestales provocados para expandir las huertas de aguacate. Era miembro del Comité de Defensa Ambiental del Zangarro y uno de los principales promotores de la defensa forestal en una región boscosa a 60 kilómetros de Morelia. Su trabajo era conocido, público y reconocido por toda su comunidad.

El domingo 12 de abril de 2026, alrededor de las 10:30 de la noche, Roberto salió de cenar con su familia en una fonda de Etúcuaro, en el municipio de Madero. Caminaba para alcanzarlos cuando lo ejecutaron con tres balazos en la cabeza. Quienes lo mataron lo conocían: lo vieron salir, lo esperaron, y lo asesinaron a cien metros de donde estaba. Junto a su cuerpo quedaron tres casquillos calibre nueve milímetros (Proceso​, UnoTV).

El Estado sabía que esto iba a pasar.

Roberto había sido amenazado de muerte por integrantes del crimen organizado. El martes siguiente iba a formalizar la denuncia ante la Fiscalía. Lo mataron dos días antes de que pudiera hacerlo. Pero hay algo peor: la autoridad correspondiente fue informada desde el viernes 10 de abril de que en el Zangarro estaban ocurriendo eventos con alta probabilidad de convertirse en actos criminales. Se les pidió ayuda para prevenir y disuadir. El gobierno jamás hizo acto de presencia (Quadratin).

Se les pidió que actuaran. Se les advirtió lo que iba a pasar. No hicieron nada. Y ahora Roberto Chávez está muerto. 

Roberto no es el primero. Ese es el problema.
El asesinato de Roberto Chávez no es un caso aislado: es el eslabón más reciente de una cadena de violencia contra quienes defienden los bosques y el territorio en Michoacán. Una cadena que el Estado conoce y no ha sido capaz de romper.

En enero de 2020, Homero Gómez González, el defensor más visible del Santuario de la Mariposa Monarca, fue desaparecido y hallado muerto en un pozo con un traumatismo craneoencefálico. Había denunciado la tala ilegal y la expansión aguacatera que amenazaba el hábitat de las monarcas. Seis años después, su caso sigue sin esclarecer. Días después, el guía de turistas Raúl Hernández Romero, también del santuario El Rosario, fue asesinado.

En enero de 2023, el abogado Ricardo Lagunes y el líder nahua Antonio Díaz Valencia fueron desaparecidos en los límites de Michoacán y Colima tras encabezar una asamblea en la comunidad indígena de San Miguel Aquila, donde defendían el territorio contra la minería. Más de tres años después, siguen sin ser localizados, a pesar de medidas cautelares de la CIDH y acciones urgentes de la ONU.

En marzo de 2024, el maestro rural y defensor ambientalista José Gabriel Pelayo, fundador del Consejo Popular de Chinicuila y crítico de la minería y la tala ilegal en la Sierra-Costa, fue desaparecido a plena luz del día en el centro de Coalcomán. A dos años de los hechos, la Fiscalía no ha presentado avances efectivos en su búsqueda.

Y en noviembre de 2025, cinco meses antes de la muerte de Roberto, otros defensores ambientales de El Zangarro sobrevivieron a tres ataques armados distintos en una sola noche. Una mujer civil fue asesinada durante esos ataques. Los defensores se vieron obligados a huir a los cerros con sus familias (Quadratín). De acuerdo con Proceso, los ataques fueron perpetrados por una célula vinculada al CJNG. Esos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía. Casi seis meses después, no hay un solo detenido.

Según el CEMDA, solo en 2024 fueron asesinados 25 defensores ambientales en México. Michoacán ha sido consistentemente el estado más letal para quienes protegen la naturaleza. El patrón es siempre el mismo: defensores amenazados, denuncias ignoradas, asesinatos impunes. El Estado sabe, el Estado no actúa, y el Estado no castiga.

Lo que exigimos
1. Protección inmediata para los defensores ambientales de Villa Madero y de Michoacán.

2. Detención de los responsables del asesinato de Roberto Chávez.

3. Fin al patrón de impunidad en las agresiones contra defensores ambientales en Michoacán. Los casos de Homero Gómez, Ricardo Lagunes, Antonio Díaz, José Gabriel Pelayo y ahora Roberto Chávez no pueden seguir sin resolverse.

4. Funcionamiento efectivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. México es uno de los tres países más letales del mundo para defensores ambientales según Global Witness. Mientras el Mecanismo siga siendo papel y burocracia sin capacidad real sobre el terreno, esto no va a cambiar.

Por qué esto es urgente: el contexto completo
Lo que hacía Roberto no era un esfuerzo aislado. En marzo, comuneros de Villa Madero habían denunciado públicamente cómo los camiones cargados de madera talada ilegalmente bajaban por las noches recorriendo Tumbisca, El Palmar, la carretera de La Escalera y Los Fresnos para dirigirse al municipio de Hidalgo. La deforestación está directamente vinculada a la expansión de las huertas de aguacate, una industria que abastece mercados de exportación en Norteamérica y Europa. Michoacán produce cerca de un tercio de todos los aguacates del mundo.

La presencia criminal en Madero se ha reforzado desde que el operativo del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se retiró del municipio en enero de 2026, concediendo en los hechos el territorio al crimen organizado. Eso está pasando en Villa Madero, Etúcuaro, el Zangarro y el sur de San Diego Curucupatzeo. Han llegado al extremo de presumir una lista de ambientalistas que irán asesinando. Existen indicios de que el propio presidente municipal de Madero y su dirección de Seguridad Pública forman parte activa de la delincuencia organizada (Quadratin). 

Roberto Chávez defendió los bosques que dan vida a su región. Le respondieron con balas. Homero Gómez defendió a las mariposas monarca. Lo encontraron muerto en un pozo. Ricardo Lagunes y Antonio Díaz defendieron a su comunidad indígena. Llevan más de tres años desaparecidos. José Gabriel Pelayo denunció la minería y la tala ilegal. Lleva dos años desaparecido. La lista sigue creciendo porque el Estado lo permite.

Exigimos que esa lista termine aquí.

ENG

Justice for Roberto Chávez and protection for Michoacán's environmental defenders.

Roberto Chávez was approximately 60 years old. He defended the forests and aquifers of Villa Madero, Michoacán, against illegal logging and deliberately set wildfires used to clear land for avocado orchards. He was a member of the Environmental Defense Committee of El Zangarro and one of the leading voices for forest protection in a wooded region 60 kilometers from Morelia. His work was well known, public, and recognized by his entire community.

On Sunday, April 12, 2026, at approximately 10:30 PM, Roberto left a restaurant in Etúcuaro, in the municipality of Madero, where he had been having dinner with his family. He was walking to catch up with them when he was shot three times in the head. His killers knew him: they watched him leave, waited for him, and executed him a hundred meters from where he had been. Three 9mm shell casings were found next to his body (Proceso​, UnoTV).

The government knew this was going to happen.

Roberto had received death threats from organized crime. He was planning to file a formal complaint with the state attorney general's office on Tuesday. He was killed two days before he could do so. But it gets worse: authorities were informed as early as Friday, April 10, that criminal activity was imminent in El Zangarro. They were asked to intervene and provide security. The government never showed up (Quadratín).

They were asked to act. They were warned about what was going to happen. They did nothing. And now Roberto Chávez is dead.

Roberto is not the first. That is the problem.
The murder of Roberto Chávez is not an isolated case. It is the latest link in a chain of violence against those who defend forests and territory in Michoacán, a chain the government knows about and has been unable, or unwilling, to break.

In January 2020, Homero Gómez González, the most prominent defender of the Monarch Butterfly Biosphere Reserve, was disappeared and found dead in a well with a head injury. He had repeatedly denounced illegal logging and avocado expansion threatening the monarchs' habitat. Six years later, his case remains unsolved. Days after his death, tour guide Raúl Hernández Romero, also from the El Rosario sanctuary, was murdered.

In January 2023, lawyer Ricardo Lagunes and Nahua community leader Antonio Díaz Valencia were disappeared on the border of Michoacán and Colima after leading an assembly in the indigenous community of San Miguel Aquila, where they defended their territory against mining. More than three years later, they have not been found, despite precautionary measures from the Inter-American Commission on Human Rights and urgent actions from the United Nations.

In March 2024, rural teacher and environmental activist José Gabriel Pelayo, founder of the Popular Council of Chinicuila and an outspoken critic of mining and illegal logging in the Sierra-Costa region, was disappeared in broad daylight in the center of Coalcomán. Two years on, authorities have made no meaningful progress in locating him.

And in November 2025, five months before Roberto's murder, fellow environmental defenders from El Zangarro survived three separate armed attacks in a single night. A civilian woman was killed during those attacks. The defenders were forced to flee into the hills with their families (Quadratín). According to Proceso, the attacks were carried out by a cell linked to the Jalisco New Generation Cartel (CJNG). Those events were reported to the attorney general's office. Nearly six months later, not a single arrest has been made.

According to CEMDA (the Mexican Center for Environmental Law), 25 environmental defenders were murdered in Mexico in 2024 alone. Michoacán has consistently been the deadliest state for those who protect nature. The pattern is always the same: defenders threatened, complaints ignored, murders unpunished. The government knows, the government does not act, and the government does not punish. 

Our demands
1. Immediate protection for environmental defenders in Villa Madero and across Michoacán.

2. Arrest of those responsible for the murder of Roberto Chávez.

3. An end to the pattern of impunity in attacks against environmental defenders in Michoacán. The cases of Homero Gómez, Ricardo Lagunes, Antonio Díaz, José Gabriel Pelayo, and now Roberto Chávez cannot remain unsolved.

4. Effective implementation of the Protection Mechanism for Human Rights Defenders and Journalists. Mexico is one of the three deadliest countries in the world for environmental defenders according to Global Witness. As long as this mechanism remains paperwork and bureaucracy with no real capacity on the ground, nothing will change.

Why this is urgent: the full context
Roberto's work was not isolated. In March, community members from Villa Madero had publicly denounced how trucks loaded with illegally felled timber descended through the hills at night, passing through Tumbisca, El Palmar, the La Escalera highway, and Los Fresnos on their way to the municipality of Hidalgo. This deforestation is directly linked to the expansion of avocado orchards, an industry that supplies export markets across North America and Europe. Michoacán produces roughly a third of all the avocados in the world and over 80% of avocados consumed in the United States.

The criminal presence in Madero has intensified since the Michoacán Peace and Justice Plan operation withdrew from the municipality in January 2026, effectively surrendering the territory to organized crime. This is happening in Villa Madero, Etúcuaro, El Zangarro, and southern San Diego Curucupatzeo. Criminal groups have gone so far as to boast about a list of environmental activists they plan to kill. There are indications that the mayor of Madero and his public security office are actively involved in organized crime (Quadratin). 

Roberto Chávez defended the forests that sustain his region. They answered him with bullets. Homero Gómez defended the monarch butterflies. He was found dead in a well. Ricardo Lagunes and Antonio Díaz defended their indigenous community. They have been missing for over three years. José Gabriel Pelayo denounced mining and illegal logging. He has been missing for two years. The list keeps growing because the government allows it.

We demand that this list ends here.