Mi hermano, como muchos pequeños propietarios en España, decidió colaborar con un programa de apoyo a refugiados gestionado por Cruz Roja, ofreciendo su vivienda a una familia ucraniana desplazada por la guerra. Confiaba en que esta institución sería garante de un alquiler justo, responsable y seguro tanto para los inquilinos como para el propietario.

La realidad ha sido muy distinta: la familia dejó de pagar el alquiler, acumulando deuda, y Cruz Roja, lejos de mediar o asumir su responsabilidad en la gestión, se ha desentendido completamente del problema. Esta situación no solo vulnera los derechos de los propietarios, sino que pone en riesgo la confianza en los programas solidarios de acogida.

Los pequeños propietarios no somos grandes fondos ni bancos: dependemos de esas rentas para pagar hipotecas, mantener nuestras viviendas y sostener a nuestras propias familias. Nadie debería verse atrapado entre el impago de inquilinos y la indiferencia de una organización que actúa como intermediaria.

Por todo ello, pedimos al Gobierno y a las autoridades competentes:

1. Que Cruz Roja y otras entidades intermediarias asuman su papel de mediación y responsabilidad en los contratos de alquiler que promuevan.

2. Que se establezca un mecanismo legal de garantía de pago para propietarios que colaboren con programas sociales de acogida.

3. Que se agilicen los procedimientos de desahucio en casos de impago, protegiendo a la vez a los propietarios y a los inquilinos vulnerables con alternativas reales de vivienda.

La solidaridad no puede convertirse en abuso. Necesitamos una normativa clara que proteja a los propietarios solidarios y garantice el buen uso de los recursos destinados a la ayuda humanitaria.

Firma esta petición y ayúdanos a exigir un sistema justo, equilibrado y responsable.