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Petitioning Presidente de la Suprema Corte de Justicia Mariano Germán and 2 others

Justicia para las víctimas de sacerdotes pederastas en el albergue de Higüey, República Dominicana

Desde el 2005 permanece cerrado el caso de los abusos y violaciones sexuales ocurridas en los años 2002 y 2003 a 12 niñas y un niño del albergue "La Ciudad del Niño, San Francisco Javier" de Rafael del Yuma, de Higüey, República Dominicana. Esto sucede a pesar de que las investigaciones del Ministerio Público presentaron exámenes de 10 niñas, que revelaron que por lo menos cuatro fueron víctimas de “desfloración de membrana del himen” y otras presentaban la membrana intacta pero “con laceraciones y manipulación vaginal”.

En el año 2004 la justicia dominicana favoreció seguir las exenciones y privilegios que otorga el Concordato Trujillista de 1954 a los clérigos y el juez Ramón Emilio Sánchez Carpio declaró un no ha lugar a favor de los acusados.

El día 1ro de marzo del 2005, el diácono Rigoberto de Jesús González Padial, querellante y Director del albergue, acusó al ministerio público de obstruir las investigaciones. La procuradora fiscal adjunta de niños, niñas y adolescentes, Marisol Altagracia Tobar, manifestó que “la Iglesia Católica no ha tenido ninguna reacción oficial, y ha mantenido un silencio permanente” y que la decisión del Juez Ramón Emilio Sánchez Carpio era una “monstruosidad”.

Desde el 2005 el caso se cerró debido a la trágica muerte de dos testigos condenados por los abusos sexuales, el dominicano Joel Pérez y el haitiano Eliseo Colen, que el 7 marzo del 2005 murieron entre las 134 personas carbonizadas bajo el fuego de la cárcel de Higüey. Estos testigos según el informe de patología forense presentaban impactos de bala con trazos de pólvora en los orificios de entrada en la frente. Los cuerpos presentan quemaduras después de tener horas de muertos. Y presos confesaron que los guardias trancaron los candados de las cárceles para evitar que los presos salieran de las llamas. En el 2006 el director del albergue Rigoberto González murió en un centro de salud de Santiago, donde fue a consultar, bajo declaraciones previas de que lo querían asesinar.

Antes de morir, Rigoberto González dio declaraciones televisivas en el programa de Mirna Pichardo en el 2005 que deben de tomarse en cuenta:

Primero: Desde el principio los sacerdotes Cirilo Núñez y Ramón Betances fueron mencionados por las niñas como violadores, junto a otros sacerdotes que no fueron identificados por nombres, pero que las niñas alegaban eran transportadas por una maestra para que los sacerdotes las abusaran. A pesar de ello, nunca fueron requeridos por la Fiscalía ni por el juez de instrucción de esa jurisdicción.

Segundo: Cuando llevó las niñas ante el Obispo de la diócesis para que éste las entrevistara; la reacción del Obispo Nicanor Peña fue de “que no creía en las violaciones y que las niñas estaban locas.”

Tercero: Sintió que su vida corría peligro y la de las niñas, por lo que se llevó a todos los niños del albergue a su casa las dos noches anteriores al cierre del albergue. Temía que me matarían a machetazos y a todos los niños del albergue.

Ante tantos interrogantes, no podemos continuar con un sistema de justicia parcializado. El poder ejecutivo, la Justicia Dominicana, y la Iglesia Católica, deben de enviar un mensaje claro a la sociedad de que la niñez no puede continuarٞ desprotegida y los crímenes impunes. En países como Canadá, los Estados Unidos, Australia, Irlanda, Bélgica, Inglaterra, Holanda y Alemania, entre otros, los gobiernos han tomado acción enérgica para investigar y traer a la justicia a sacerdotes y religiosos católicos que han usado su poder y la confianza depositada en ellos contra la población más débil y desprotegida, los niños.

No cesaremos en reclamar justicia en los tribunales, y compensación y ayuda psicológica para las víctimas, la menor con solo dos años y la mayor con 10 años cuando fueron sometidas a violaciones. Tres de ellas huérfanas y sin familiares que las socorrieran. Todas sumidas en la pobreza.

En medio de tanta preocupación por el cigoto, el embrión o el no-nacido, es inexplicable que la Iglesia Católica permita que la justicia no investigue ni lleve a los tribunales para ser debidamente juzgados a los sacerdotes señalados por niñas víctimas como culpables.

Letter to
Presidente de la Suprema Corte de Justicia Mariano Germán
Gobierno de la República Dominicana Presidente Danilo Medina
Nuncio Apostólico en la República Dominicana Arzobispo Jozef Wesolowski
Presidente de la República Dominicana, Danilo Medina,
Presidente de la SCJ, Mariano Germán,
Nuncio Apostólico en el país, Jozef Wesolowski


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Desde el 2005 permanece cerrado el caso de los abusos y violaciones sexuales ocurridas en los años 2002 y 2003 a 12 niñas y un niño del albergue "La Ciudad del Niño, San Francisco Javier" de Rafael del Yuma, de Higüey, República Dominicana. Esto sucede a pesar de que las investigaciones del Ministerio Público presentaron exámenes de 10 niñas, que revelaron que por lo menos cuatro fueron víctimas de “desfloración de membrana del himen” y otras presentaban la membrana intacta pero “con laceraciones y manipulación vaginal”.


En el año 2004 la justicia dominicana favoreció seguir las exenciones y privilegios que otorga el Concordato Trujillista de 1954 a los clérigos y el juez Ramón Emilio Sánchez Carpio declaró un no ha lugar a favor de los acusados.


El día 1ro de marzo del 2005, el diácono Rigoberto de Jesús González Padial, querellante y Director del albergue, acusó al ministerio público de obstruir las investigaciones. La procuradora fiscal adjunta de niños, niñas y adolescentes, Marisol Altagracia Tobar, manifestó que “la Iglesia Católica no ha tenido ninguna reacción oficial, y ha mantenido un silencio permanente” y que la decisión del Juez Ramón Emilio Sánchez Carpio era una “monstruosidad”.


Desde el 2005 el caso se cerró debido a la trágica muerte de dos testigos condenados por los abusos sexuales, el dominicano Joel Pérez y el haitiano Eliseo Colen, que el 7 marzo del 2005 murieron entre las 134 personas carbonizadas bajo el fuego de la cárcel de Higüey. Estos testigos según el informe de patología forense presentaban impactos de bala con trazos de pólvora en los orificios de entrada en la frente. Los cuerpos presentan quemaduras después de tener horas de muertos. Y presos confesaron que los guardias trancaron los candados de las cárceles para evitar que los presos salieran de las llamas. En el 2006 el director del albergue Rigoberto González murió en un centro de salud de Santiago, donde fue a consultar, bajo declaraciones previas de que lo querían asesinar.


Antes de morir, Rigoberto González dio declaraciones televisivas en el programa de Mirna Pichardo en el 2005 que deben de tomarse en cuenta:


Primero: Desde el principio los sacerdotes Cirilo Núñez y Ramón Betances fueron mencionados por las niñas como violadores, junto a otros sacerdotes que no fueron identificados por nombres, pero que las niñas alegaban eran transportadas por una maestra para que los sacerdotes las abusaran. A pesar de ello, nunca fueron requeridos por la Fiscalía ni por el juez de instrucción de esa jurisdicción.


Segundo: Cuando llevó las niñas ante el Obispo de la diócesis para que éste las entrevistara; la reacción del Obispo Nicanor Peña fue de “que no creía en las violaciones y que las niñas estaban locas.”


Tercero: Sintió que su vida corría peligro y la de las niñas, por lo que se llevó a todos los niños del albergue a su casa las dos noches anteriores al cierre del albergue. Temía que me matarían a machetazos y a todos los niños del albergue.


Ante tantos interrogantes, no podemos continuar con un sistema de justicia parcializado. El poder ejecutivo, la Justicia Dominicana, y la Iglesia Católica, deben de enviar un mensaje claro a la sociedad de que la niñez no puede continuarٞ desprotegida y los crímenes impunes. En países como Canadá, los Estados Unidos, Australia, Irlanda, Bélgica, Inglaterra, Holanda y Alemania, entre otros, los gobiernos han tomado acción enérgica para investigar y traer a la justicia a sacerdotes y religiosos católicos que han usado su poder y la confianza depositada en ellos contra la población más débil y desprotegida, los niños.


No cesaremos en reclamar justicia en los tribunales, y compensación y ayuda psicológica para las víctimas, la menor con solo dos años y la mayor con 10 años cuando fueron sometidas a violaciones. Tres de ellas huérfanas y sin familiares que las socorrieran. Todas sumidas en la pobreza.


En medio de tanta preocupación por el cigoto, el embrión o el no-nacido, es inexplicable que la Iglesia Católica permita que la justicia no investigue ni lleve a los tribunales para ser debidamente juzgados a los sacerdotes señalados por niñas víctimas como culpables.


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Sinceramente,