La Casa de la Cultura Ecuatoriana necesita rehabilitarse desde sus bases, la casa de todas y todos no puede concebirse desde un discurso que distinga entre los propios y los ajenos, los miembros de la institución y los RUAC.

Es necesario que la autonomía de la CCE se vea reflejada también en su autonomía de los vaivenes de lo peor de la política partidista del país: ¡dejen  de utilizar a la Casa como un trampolín burocrático o como un espacio de negociación individual, con los gobernantes de turno!

La Junta Plenaria de la CCE, en una clara violación al derecho que nos asiste de elegir y ser elegidos, ha aprobado un Reglamento para la elección de Presidente de la Sede Nacional y Directorios Provinciales, en dónde dispone:

1.     Que solo podremos participar como votantes para elegir a los Directorios Provinciales, quienes nos hayamos inscrito en el RUAC hasta 90 días antes de las elecciones, es decir hasta el pasado 08 de febrero (requisito absurdo pues hace retroactiva la prohibición de participar).

2.     Quienes estemos inscritos en el RUAC solo podremos constar en el padrón electoral, con la condición de enviar una carta en la que declaramos expresamente nuestro interés en participar en dicho proceso electoral.

3.     Se estableció  un plazo de 30 días para la entrega de esta carta, a partir de la publicación del calendario electoral, fecha  que finaliza el 08 de marzo.

¿En qué momento la Casa de la Cultura dejó de pertenecer a todas y todos? ¿Por qué el  temor de los presidentes de los Núcleos Provinciales y de la Sede Nacional, frente al clamor de cambio? ¿En verdad se necesitan crear reglas perversas para mantener el control sobre esta institución cultural del país?

Son momentos muy duros para la Cultura del Ecuador: las reducciones de presupuestos ponen en peligro de desempleo a un buen número de trabajadores de la cultura, y de desaparición a las  líneas de fomento para los demás. Pero esta reducción se vuelve crónica en instituciones que dedican más de las tres cuartas partes de su presupuesto al pago de gasto corriente y sueldos,  cuya inversión en fomento cultural es mínima.

Solo la organización y el rechazo público a estas acciones, avaladas por el Ministro de Cultura, quien ha participado de las reuniones de la Junta Plenaria, nos permitirá pensar en mejores días para la institucionalidad cultural del país.

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