Alberto Fernández debe ser destituido. Y esto puede y debe hacerse de manera legal. La Constitución Nacional prevé mecanismos para destituir a un gobernante por mal desempeño o delito en el ejercicio de sus funciones.

La Cámara de Diputados puede iniciar juicio político al presidente, vicepresidente o los ministros (artículo 53), y el Senado debe llevar adelante el juicio (artículo 59).

Aunque sobran razones para hacerlo, una sola de ellas basta: la Fiesta de Olivos. La culpabilidad del presidente no necesita ser probada, ya que él mismo la admitió públicamente. Que la Justicia le haya permitido evitar consecuencias penales a cambio de dinero no lo exime de las consecuencias institucionales.

El juicio político no sólo permite destituir al acusado, sino también declararlo incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. No sólo nos libera de un gobernante indigno y pernicioso, sino que nos exime de pagar por la pensión y la custodia vitalicias de un inmoral que estaba de fiesta mientras un país permanecía encerrado por los decretos que él dictó.

No queremos que renuncie, para escapar de su vergüenza conservando, en calidad de ex presidente, títulos, honores y beneficios de los que no es digno.

Tampoco queremos que se lo destituya por medios violentos e inconstitucionales, para que luego se victimice, como tantas veces hicieron los suyos, reclamando empatía de aquellos a los que él mismo se la negó en el momento más oscuro.

Queremos que, con la Constitución en la mano, se lo destituya, y se le retiren así el prestigio y los privilegios que, claramente, no merece.

Es responsabilidad de los legisladores promover el juicio político, y anunciarlo de manera clara y contundente ante la opinión pública. Es su deber hacerlo, y nuestro derecho exigirlo.