Juicio a autoridades y desarrollares ante el incumplimiento del reglamento de construcción

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A partir del terremoto que sufrió México el pasado 19 de septiembre de 2017, los derrumbes de edificaciones con una antigüedad menor a 31 años de su construcción, deben ser investigados en el cumplimiento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el Reglamento de Construcción, así como las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismos y el otorgamiento por parte de la autoridad delegacional sobre la autorización del uso y la ocupación de la construcción, que se hayan apegado a lo manifestado y autorizado al constructor.

A fin de que la autoridad competente, con el apoyo del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y el Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C., determinen posibles hechos causales de delitos civiles y penales por la pérdida de vidas, ante el posible incumplimiento de la ley y reglamentos y la irregularidad en los permisos, ya sea por parte de la Autoridad y/o el Constructor y/o el Habitante del inmueble y romper con los pactos de impunidad, corrupción y negocios que tienen los desarrolladores con las autoridades que otorgan los permisos de construcción y evitar en el futuro la pérdida de vidas.

A continuación se describe como proceder para la reparación de los daños patrimoniales, sin embargo no considera los penales por la pérdida de vidas.

En términos generales puede decirse que un sismo no es un acontecimiento previsible. Normalmente un sismo suele clasificarse como un caso fortuito y el sistema jurídico no hace responsable a nadie por su acontecimiento, pues no existen precauciones que puedan adoptarse para que el mismo no suceda.

Nadie es responsable del fenómeno natural, pero los daños generados por el mismo son otra historia.

La responsabilidad patrimonial del Estado lo obliga a indemnizar a quienes haya dañado por su actividad irregular.1 Esta responsabilidad incluye acciones u omisiones y la indemnización implica una reparación integral del daño, lo que incluye la restitución (si es posible), compensación (dinero), satisfacción (disculpas públicas, por ejemplo), rehabilitación y mediadas de no repetición. Es directa y objetiva pues no requiere que se acredite que existió intención o dolo por parte del funcionario público.

El procedimiento es sencillo, pues no requiere identificar personalmente a la autoridad específica responsable de la acción u omisión. El ciudadano afectado solamente tiene que señalar la dependencia a la que pertenecen estos funcionarios, debe acreditar el daño y probar la conexión entre la acción u omisión de la autoridad y la generación del daño. Se presenta a través de un escrito que debe contener los hechos detallados que describan los daños y su vinculación con el actuar o no actuar de la autoridad. Por último, los particulares tienen hasta dos años para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado (dependiendo del tipo de daño). Una vez establecida la responsabilidad, la dependencia puede reclamar o sancionar al funcionario público específico que cometió la falta.

A nivel federal ya existen decisiones favorables en relación con actos de omisión por parte de autoridades. Normalmente se requiere de pruebas de expertos que objetiva y científicamente demuestren que de haberse cumplido con la normatividad existente los daños no se hubieran dado (o por lo menos no hubieran sido tan graves).

Un ejemplo de estos casos se refiere a la omisión por parte de la Comisión Nacional del Agua de supervisar y vigilar las descargas irregulares de los drenajes urbanos de los municipios de Atizapán y Tlalnepantla y realizar trabajos de mantenimiento tendientes a actualizar las características técnicas del túnel Emisor Poniente, lo que incidió en la ruptura de dicho emisor el 6 de septiembre de 2009 y que derivó en el desbordamiento del agua que conducía.2

El Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal contiene diversas disposiciones relacionadas con sismos. El no cumplimiento de estas reglas o el otorgamiento indebido de licencias de construcción pueden ser fuente de responsabilidad del gobierno. La reparación integral de daños es un derecho de los afectados por construcciones que no cumplieran las normas debidas. Iniciar estos procedimientos de responsabilidad patrimonial puede ayudar no solamente a indemnizar a las víctimas del sismo, sino que puede también prevenir futuras omisiones de los gobiernos al imponerles la carga de pagar por sus actos.


Información tomada de la Dra. Adriana García García es profesora afiliada del CIDE. Es maestra y doctora en derecho por la Universidad de Chicago. Sus líneas de investigación incluyen: justicia administrativa, análisis económico del derecho, transparencia, reparaciones y responsabilidad patrimonial del Estado. Síguela en @adgarcia22


1. Esta responsabilidad se encuentra prevista en el último párrafo del artículo 109 de la Constitución (La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes), en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y sus homólogas a nivel local.

2. Sentencia de fecha 1 de diciembre de 2014 en el juicio 22444/11-17-11-6 emitida por la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.



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