OBJECIONES AL PROYECTO DE LA LEY 8577. SOLICITAMAMOS PARTICIPACIÓN

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OBJECIONES AL PROYECTO DE REFORMA INCONSTITUCIONALIDAD DE SUS NORMAS
IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DE LA CAJA PREVISIONAL SOLICITAN PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN


Ref. Expte.: 31373/L/20 - -Proyecto N° Reforma Ley 8577

Córdoba, 26 de octubre de 2020.

Al Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Manuel Calvo:
S....................../........................D:
De nuestra mayor consideración:

En nuestro carácter de afilados y/o Delegados de la Asamblea de la Caja de Previsión Social para Profesionales de la Salud de la Provincia de Córdoba, en el carácter invocado más abajo, constituyendo domicilio a los efectos del presente en calle Ayacucho N° 367, 5to A de esta ciudad de Córdoba, nos presentamos, y como mejor proceda, decimos:

I. LEGITIMACIÓN
Que esta presentación la formulamos en nuestro carácter de afiliados a la Caja de Previsión Social para Profesionales de la Salud de la Provincia de Córdoba, –en adelante “la Caja profesional”- y/o delegados ante la Asamblea de la institución, y en representación de todos los delegados –titulares y suplentes- elegidos para cada departamento por la “Lista 01 Color Blanca”, conforme resolución de la junta electoral.

II.- ANTECEDENTES
Como antecedente preliminar del caso, debemos poner en contexto al Sr. Legislador, manifestando que la Caja Profesional nuclea a aproximadamente 40.000 afiliados y maneja un presupuesto anual de miles de millones de pesos.
Por iniciativa de la actual conducción de la comisión directiva (que carece de Mayoría de Delegados en la Asamblea), en plena pandemia, con los profesionales de la Salud al borde del colapso y con los jubilados de la Institución percibiendo un haber jubilatorio del orden de los $ 25.000 se pretende modificar la Ley 8577 que crea y regula el funcionamiento de la Caja Profesional de la Salud, como así también los derechos, obligaciones, prestaciones y demás cuestiones vinculadas a nuestro régimen previsional profesional
Relacionado con el tema en cuestión, exhortamos a los Legisladores se interioricen del “CASO AMPROSA”, encontrándose publicado en la página web de la institución (http://www.cajasalud.com.ar/un-paso-tan-importante-como-esperado/ un anuncio que menciona la firma de un convenio que vincula a nuestra Caja Profesional con la Asociación Mutual de Profesionales de la Salud de Córdoba (Amprosa).


​Dicho Acuerdo genera una erogación para la caja que estimamos en 24 millones de Pesos, durante la Pandemia.
​¿Cómo explicar a los profesionales de la salud que exponen sus vidas, a los jubilados y a la familia de los profesionales fallecidos que AMPROSA Se lleva 24.000 millones en meses y que el haber de un jubilado es $ 25.000?
​Que dicho acuerdo se llevó a cabo con la OPOSICION DE LA ASAMBLEA, razón por la que se requiere MODIFICACION LEGISLATIVA PARA DEJAR SIN PODER A LA ASAMBLEA.


Que la gravedad del asunto en nuestro caso resulta más preocupante si se aprecia la integración y la falta de trayectoria en el rubro de la mutual Amprosa. En ese sentido, continuaremos las investigaciones pertinentes para desenmascarar la estructura jurídica de esa entidad, formulando reserva de denuncias penales por las IRREGULARIDADES E INCOMPATIBILIDADES que ADVERTIMOS que podrían existir.


Que hacen saber que cualquier decisión tomada entre el Directorio de la C.P.S.P.S y la Mutual AMPROSA, sin intervención del Cuerpo de Delgados y de los afiliados; sin respetar los procedimientos administrativos correspondientes, deberá ser revisada por los carriles administrativos, y de ser necesario judicialmente. Ello en resguardo de la transparencia, igualdad y concurrencia que debió regir al proceso.
En ese contexto, la actual dirección de la Caja nos ha retaceado información vinculada a dicho negocio. Ante ello, nos vimos en la obligación de iniciar acción judicial en autos caratulados “GARCIA MARQUEZ, JORGE Y OTROS C/ CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA PROVINCIA DE CORDOBA – AMPARO POR MORA (n° 9559797)” para obtener la información pública referida a los des-manejos de la caja.
No es momento de pensar y proyectar inversiones con plata de los jubilados de la salud. Por ello, el proyecto en cuestión tal y como está redactada, luce inoportuno e inconstitucional, como se consigna seguidamente.


III.- INCONSTITUCIONALIDAD DE PARTES DEL PROYECTO
Que habiendo analizado el proyecto, la reforma se dirigen lisa y llanamente a quitar atribuciones y funciones a la Asamblea que –dada la peculiar integración que la misma reviste en esta entidad- constituye el órgano máximo representativo y plural de gobierno de nuestra Caja.
Que, concretamente, consideramos que las reformas propuestas a los artículos 13, inciso g) y 35, incisos c), g) y h) resultan contrarias a las clausulas 23, 35 y 57 de la Constitución Provincial, conforme se explica a continuación:
1) El artículo 2 del proyecto: la reforma inconstitucional del artículo 13, inciso g) de la Ley. El artículo 2 del proyecto modifica el inciso g) del artículo 13 de la Ley, el cual quedaría redactado de la siguiente manera: “g) Fijar el presupuesto anual de gastos de operaciones y cálculo de recursos y los planes de inversión, con la aprobación de la Asamblea y previa opinión de la sindicatura, de conformidad a las disposiciones de esta Ley. Si la asamblea no se reuniere o no aprobase el mencionado presupuesto, se convocará a una asamblea extraordinaria a ese solo efecto. Hasta tanto resulte aprobado el nuevo presupuesto el Directorio reconducirá el presupuesto vigente.” La parte resaltada en negrita se corresponde con el agregado del proyecto de reforma.

Al respecto, cabe resaltar que siendo el propio Directorio quien convoca a las asambleas, la posibilidad de que no se reúna la misma, depende de su sola voluntad. Por ello, la reforma le otorga al Directorio la posibilidad de reconducir el “presupuesto” anterior, sin ningún control de la Asamblea.
Nótese que el proyecto de ley, si bien requiere una Asamblea extraordinaria convocada a ese solo efecto, no le pone un plazo o límite temporal a dicho acto; y para peor, la falta de aprobación por la Asamblea, habilita al Directorio a reconducir sin límite alguno –ni sustanciales ni formales-.
Por otra parte, -y lo más engañoso de la reforma propuesta-, es que el inciso en cuestión, en la primera parte le da la atribución al Directorio para fijar el “presupuesto anual de gastos de operaciones y cálculo de recursos y los planes de inversión” con la aprobación de la Asamblea; pero en el agregado de la parte final sólo se habla del “presupuesto”. Hay que tener en cuenta que, en la práctica consolidada por los años, el presupuesto, el cálculo de recursos y los planes de inversión configuran un solo instrumento. Por lo tanto, con la reforma propuesta, se está legitimando que el Directorio determine “los planes de inversión” sin autorización de la Asamblea, lo cual resulta inconcebible.
La cuestión de los “planes de inversión” se relaciona directamente con la reforma propuesta para el artículo 35 de la ley, donde –como se verá seguidamente- se amplían sustancialmente las potestades del Directorio para definir y ejecutar inversiones que nada tiene que ver con la previsión social.
Entendemos que la reforma debe dejar en claro que las inversiones no pueden ser reconducidas a sólo voluntad del directorio. Así las cosas, debe la legislatura suprimir el agregado propuesto en ese inciso.

2) El artículo 5 del proyecto: la reforma inconstitucional al inciso c) del artículo 35 de la Ley
El artículo 5 del proyecto modifica el inciso c) del artículo 35 de la Ley 8577, el cual quedaría redactado de la siguiente manera: “c) En préstamos personales a los afiliados, a entidades profesionales de la salud sin fines de lucro y a terceros aportantes de CPSPS.” El resaltado en negrita es lo que incluye la reforma.
Al respecto, debemos poner en conocimiento del Sr. Legislador que nuestra asamblea había ya rechazado expresamente los préstamos a entidades profesionales o a cualquier otra entidad que no sea a los afiliados. Frente a ello, las autoridades del directorio, pretenden que mediante ley se los autorice a hacerlo.
Hacemos notar también que existe una íntima vinculación entre los dirigentes de nuestra caja profesional y los dirigentes de colegios profesionales, por ejemplo, siendo claramente la intención de esta reforma legitimar esos préstamos.
Nuestra institución no es una entidad financiera, sino previsional, y sus recursos deben ser aplicados a solventar las prestaciones previsionales específicas, no para cualquier entidad.
Por otra parte, no podrá funcionar como entidad financiera, si no cuenta con la autorización de funcionamiento y regulación del BCRA y demás organismos de aplicación específicos.

3) El artículo 5 del proyecto: la reforma inconstitucional al inciso g) del artículo 35 de la Ley
Actualmente, el inciso en cuestión habilita “g) Compra de inmuebles para uso propio o renta.” La reforma propuesta amplía a “g) Construcción, compra de inmuebles para uso propio, venta o renta”.
Parece ser que lo que se pretende es legitimar negocios inmobiliarios con el dinero de nuestros aportes; todo ello, sin la debida autorización de la asamblea, tal como se consignará posteriormente.
4) El artículo 5 del proyecto: la reforma inconstitucional al inciso h) del artículo 35 de la Ley
Por último, la reforma introduce un nuevo inciso, que habilita “h) Otras inversiones resueltas por el Directorio”. Es decir que EL LEGISLADOR LE ESTÁ DANDO UN CHEQUE EN BLANCO AL DIRECTORIO PARA QUE HAGA NEGOCIOS E INVERSIONES CON LA PLATA DE LOS JUBILADOS, sin ninguna limitación.
Si bien es cierto que la posibilidad de hacer inversiones ya estaba prevista en la ley anterior; lo era respecto de un abanico cerrado de opciones de inversión, y siempre sujeto a aprobación previa de la asamblea. Pero ahora, con el proyecto en cuestión, tornan nuestra caja en una entidad financiera y de inversiones, con el único límite de un 4% previsto en el primer párrafo del artículo 35 como fondo de reserva.
En ese sentido, hacemos presente que, siendo el objeto principal de la Caja Profesional, el otorgamiento de jubilaciones, pensiones, becas para huérfanos y subsidios; cualquier otro destino que se le dé al dinero debe serlo con interpretación estricta y restrictiva, tanto respecto a las formas para decidirlo, como en sus alcances y efectos consecuentes. Que esto es así porque su eventual otorgamiento, afecta directamente los beneficios jubilatorios del resto de los afiliados, al destinar fondos propios de estos para solventar cometidos que no están previstos en la norma.
5) La relación entre el artículo 13 inciso g) y el artículo 35 de la Ley 8577.
Si bien es cierto que el proyectado artículo 35, al regular las inversiones posibles explicita que “Las inversiones previstas en los incs. a), b), c), g) y h) requieren la aprobación de la Asamblea como punto expreso del orden del día.”, no puede pasar inadvertido que a ese efecto –determina el primer párrafo del mismo artículo que – “el Directorio someterá a aprobación de la Asamblea el plan anual de inversiones”.
Ahora bien, conforme la reforma que el proyecto introduce en el inciso g) del artículo 13 de la Ley, ese plan de “plan de inversiones” puede ser reconducido por el directorio –sin límite alguno- si la asamblea no se junta o si no lo aprueba. Con lo cual, la reforma admite una inconstitucional interpretación y aplicación de la ley, en el sentido de que el directorio puede definir y poner en marcha inversiones sin contar con la aprobación de la asamblea, que es el cuerpo representativo de todos los afiliados.
Así las cosas, la maniobra es clara, y se requiere –nada más y nada menos- que límites a los negocios e inversiones con la plata de los jubilados.

IV.- SOLICITUD DE AUDIENCIA PREVIA
Que, por otra parte, vemos que el fundamento del convenio hace referencia a que “Las autoridades de la Caja de Previsión Social para los Profesionales de la Salud de la Provincia de Córdoba, han traslado a las autoridades del Poder Legislativo una iniciativa tendiente a la modificación de un conjunto de artículos de su ley de creación, la 8.577.”.
Al respecto, hacemos saber al Poder Legislativo Provincial que nosotros – en nuestro carácter de delegados ante la Asamblea de la Caja participamos también en la gestión de la entidad previsional de que se trata.
Por ello, estimamos justo, necesario y conveniente que se nos otorgue la debida audiencia previa ante la comisión para poder efectuar las observaciones al proyecto en cuestión.

V.- En ese marco, quedamos a disposición para cualquier información complementaria, consignando los datos de los abogados patrocinantes de nuestro grupo, para cualquier tipo de consulta: Dr. C. Mariano Briña y Dr. Nicolás A. Bergesio, TE. 0351- 4280674 - 152057455 - 4272584. 156562301 Mail: b.b.asuntosjuridicos@gmail.com.
Agradeciendo desde ya la disposición, y esperando una pronta respuesta favorable, en resguardo de la juridicidad y constitucionalidad del inalienable derecho a la previsión social en la Provincia de Córdoba y ofreciendo nuestra colaboración con el Gobierno de la Provincia de Córdoba, les saludamos atentamente.