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Ya van 5 días de intensas movilizaciones sociales en las que millones de personas han salido a las calles para protestar y expresar su descontento por las deterioradas condiciones de vida a que ha llevado la desatención social de la pandemia. A pesar de que la voz de la ciudadanía finalmente fue escuchada por el Gobierno Nacional que decidió retirar la reforma tributaria, el mismo Gobierno ha intentado ahogar el grito ciudadano a punta de represión, violencia y brutalidad policial.

Como organizaciones de derechos humanos, hasta el momento hemos registrado múltiples irregularidades y violaciones que la fuerza pública está perpetrando en las calles de ciudades y municipios, no solo en los centros urbanos, sino en barrios alejados y zonas residenciales en las que se presentaban protestas pacíficas. Hasta el momento hemos registrado:

• 112 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. 13 sufrieron lesiones oculares. 27 personas defensoras de DDHH fueron agredidas en el marco de las movilizaciones.
• 5 personas fueron víctimas de violencias sexuales o violencias basadas en género ejercidas por la misma institución.
• 379 personas han sido detenidas, gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos.
• 8 allanamientos que fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas.
• 307 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.

Este accionar violento por parte del Estado a través de la fuerza pública, niega flagrantemente las garantías elementales de un Estado de Derecho para el ejercicio de la movilización, la protesta y la participación ciudadana en los asuntos que los afectan. Además, el anuncio de la militarización de las ciudades añade una nueva vulneración al orden constitucional y legal, y genera nuevos riesgos para el ya deteriorado clima de violaciones colectivas al derecho a la vida, la libertad, la integridad y demás derechos fundamentales, que están sufriendo los colombianos.

La estigmatización desde el gobierno a la protesta como mero vandalismo, ha llevado a las fuerzas de seguridad a actuar con la percepción inducida de que la población que reclama son enemigos internos. Por esta razón, es un peligro sacar los militares a las calles a enfrentar los reclamos de los ciudadanos, pues su entrenamiento y misión, están orientados a confrontar las situaciones relacionada con conflictos armados, mediante el uso de las armas, y no para tramitar movilizaciones por el reclamo de derechos.

Plataformas de organizaciones de derechos humanos, de víctimas y de lucha por la paz vemos con gran preocupación la presencia de militares en las calles y cómo esto puede incrementar sistemáticamente la violencia contra la ciudadanía. Por lo anterior, demandamos al gobierno de Iván Duque reversar la decisión de militarizar la respuesta a las protestas sociales, y, por el contrario, abrirse a una actitud de escucha a los reclamos de la movilización social.

También, le pedimos a los alcaldes y gobernadores, sumarse a las voces de rechazo a la pretensión del gobierno nacional de enfrentar la protesta social con el refuerzo de acciones militares y represivas de toda índole.

Por favor, FIRMA y COMPARTE esta petición para ayudarnos a decir #DuquePareLAMasacre.