MESA AMPLIA NACIONAL DE PROFESORAS Y PROFESORES DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS (MANPUP)

La Mesa Amplia de Profesoras y Profesores de Universidades Públicas hace un llamado a las comunidades universitarias, a la sociedad colombiana y a las fuerzas políticas para exigir al gobierno nacional el cumplimiento de sus obligaciones en medio de la crisis, y asignar la adición presupuestal correspondiente al Sistema de Universidades Estatales (SUE) con el fin de garantizar el derecho a la educación de sus estudiantes, mientras persistan las condiciones generadas por la pandemia de COVID-19.

La Ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo, anunció el día de ayer a los medios de comunicación el paquete de “ayudas” del gobierno nacional para el sector educativo en medio de la crisis de la pandemia. Para la educación superior, le informó a la opinión pública que el propósito es evitar la deserción estudiantil. Las medidas adoptadas van en dos sentidos: de un lado, las que van orientadas a los y las estudiantes (demanda); y de otro, las que van hacia las instituciones (oferta).

Para sostener la demanda, se anuncia la ampliación de los subsidios para el pago de las matrículas de los y las estudiantes pobres (Sisben 1 y 2), que corresponde al componente de Equidad del programa Generación E; para los no pobres, se les ofrecen créditos de ICETEX, con tasas de interés “subsidiadas” y periodos de gracia. Para la oferta, a todas las Instituciones de Educación Superior (IES), sean públicas o privadas, se les ofrece el programa de subsidio del 40% de la nómina, como a todas las empresas, y créditos blandos de Findeter para cubrir sus gastos y mejorar sus dotaciones para su adaptación a la virtualidad.

Como en cualquier mercado, el gobierno pretende mejorar la demanda y sostener la oferta de educación superior para disminuir el impacto en la economía, pero la educación no puede verse como un simple servicio que se compra y se vende en un mercado. Mucho menos, si por Constitución y por Ley existe un Sistema de Universidades Estatales (SUE) que materializa las responsabilidades y obligaciones del Estado en esta materia. No por otra razón, estas instituciones son financiadas con recursos públicos definidos por presupuestos conformados con fuentes fiscales del orden nacional o territorial. El pago de las matrículas de los estudiantes pobres por parte del gobierno nacional no representa una salida de fondo para enfrentar la caída de los recursos propios de las universidades públicas, ni un camino para resolver el problema del desfinanciamiento acumulado durante las últimas décadas.

En estas condiciones, frente a una crisis que afecta la actividad académica y pone en peligro la garantía del derecho a la educación, el instrumento con el que cuenta el Estado es el de fortalecer el presupuesto de las entidades públicas para cubrir su funcionamiento pleno, además del incremento de la inversión en bienestar universitario que garantice las condiciones materiales necesarias para que los y las estudiantes puedan continuar su formación. Endeudar a las familias y a las instituciones no hará más que prolongar la crisis y profundizar las desigualdades acumuladas en materia de educación superior.

Bogotá DC, mayo 15 de 2020