Soy ingeniero civil y he observado una distorsión estructural en el sector construcción que afecta tanto a profesionales como a la calidad de la infraestructura del país. El modelo actual de licitación pública genera presión hacia la baja en costos de personal técnico, lo que crea una desproporción entre la inmensa responsabilidad penal y civil que asumimos, y las remuneraciones que en muchos casos se sitúan en apenas 1.6 - 2.5 SMMLV. Esta situación es insostenible y genera una erosión progresiva del capital técnico en los proyectos de infraestructura de nuestro país.  

Esta iniciativa reconoce a las empresas del sector construcción como aliados estratégicos en el desarrollo del país. El problema raíz no reside en la voluntad del empresariado, sino en los presupuestos oficiales y pliegos de licitación que a menudo no guardan proporción con la responsabilidad técnica, civil y penal que los cargos exigen. Al solicitar que el Estado asigne presupuestos realistas que reconozcan el valor del talento técnico, buscamos que las empresas cuenten con los recursos necesarios para fortalecer sus equipos, garantizando así la sostenibilidad del sector y la excelencia de la infraestructura colombiana.  

He radicado formalmente alertas ante Presidencia, Ministerio de Trabajo, la Contraloría General y la Procuraduría General de la Nación porque esta subvaloración no solo afecta al profesional, sino que representa un riesgo fiscal significativo para todos los colombianos. Según la Ley de Sitter (Regla del Factor 5), ampliamente reconocida en gestión de infraestructura, cuando las condiciones laborales generan alta rotación de personal técnico y comprometen la estabilidad de la supervisión, los errores no detectados en fases tempranas pueden costar al Estado hasta 125 veces más en mantenimiento correctivo futuro.

No se trata de falta de capacidad técnica de los profesionales, sino de condiciones estructurales que dificultan el ejercicio riguroso de la supervisión que el país necesita.  No se trata solo de un salario; se trata de eficiencia fiscal y protección del patrimonio público. Es necesario que el modelo de contratación estatal asegure que los perfiles de excelencia requeridos en las licitaciones cuenten con respaldos presupuestales reales que permitan su materialización efectiva. Los pliegos de licitación deben incluir presupuestos que garanticen condiciones laborales dignas y el cumplimiento integral de obligaciones de seguridad social, pues esto fortalece la integridad técnica que el país necesita y previene sobrecostos futuros.

Propongo las siguientes medidas:

1. Una Directiva Presidencial que garantice remuneraciones proporcionales a la responsabilidad legal del ingeniero.
2. Mecanismos de verificación y transparencia contractual: Implementar sistemas de verificación entre SECOP, PILA por supervisión para garantizar transparencia en la ejecución contractual y que los recursos presupuestados para talento humano se materialicen efectivamente.
3. Evaluación costo-beneficio de la inversión en talento técnico: Análisis técnico que evidencie cómo la inversión adecuada en personal calificado previene sobrecostos exponenciales en mantenimiento correctivo, en línea con la Ley de Sitter.  
4. Referente Salarial Nacional para el Sector Infraestructura:  Establecer tablas salariales referenciales que reconozcan la responsabilidad del ingeniero como garante legal de la seguridad estructural, aplicables tanto en contratación pública como privada. La responsabilidad por la vida humana y la seguridad de la infraestructura no cambia según quién pague el salario; por tanto, su valoración debe ser un estándar nacional consistente.  

Es momento de actuar con responsabilidad institucional. Firma esta petición para solicitar que el Estado implemente políticas que reconozcan el valor estratégico del talento técnico en infraestructura. La calidad de nuestras obras públicas, la eficiencia del gasto y la seguridad de todos los colombianos dependen de decisiones que tomemos hoy.