Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México:

Actualmente, cuando una familia trabajadora logra terminar un juicio sucesorio (herencia) y el juez le adjudica la propiedad, el sistema legal le impone un obstáculo injusto: la "doble ventanilla". Se obliga a las familias a acudir ante un Notario Público para "que" lo que un juez ya dictaminó, imponiendo el pago de honorarios privados que llegan a representar entre el 8% y el 15% del valor del inmueble incluyendo impuestos.

Para millones de mexicanos, este costo es impagable. ¿El resultado? Sentencias justas que se convierten en letra muerta y familias que se quedan en la irregularidad patrimonial.

La grave realidad en México:

Nuestras instituciones revelan una crisis silenciosa ocasionada por esta barrera económica:

• 24 millones de edificaciones son potencialmente irregulares, la mayoría por sucesiones que no pudieron pagarse (Datos del INSUS).

• 7 millones de viviendas carecen absolutamente de escrituras (Datos del INEGI).

• 18% de las propiedades formalmente inscritas siguen a nombre de personas difuntas.

Esta realidad margina a millones de familias, impidiéndoles acceder a créditos, subsidios o a los beneficios del desarrollo económico. Exigir el pago de un notario tras un juicio es un exceso carente de razonabilidad, pues la autoridad jurisdiccional ya está investida de la Fe Pública del Estado y sus resoluciones tienen presunción plena de veracidad.

La Solución Legal:

Solicitamos respetuosamente al Ejecutivo Federal que impulse una iniciativa para reformar los artículos 780 y 781 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF).

El objetivo es claro:

1. Que la Sentencia Definitiva de Adjudicación constituya, por sí misma, el Título de Propiedad.

2. Eliminar la "cuantía" como factor para obligar la intervención notarial.

3. Facultar al juez para ordenar directamente la inscripción en el Registro Público y Catastro municipal.

¿Cuáles son los beneficios de esta reforma?

El derecho mexicano debe ser una herramienta para desmantelar privilegios y acercar la justicia a la gente. Al facilitar la adjudicación judicial directa, no solo ayudamos a las familias, sino que beneficiamos al Estado:

• Aumenta la recaudación municipal: Las familias tendrán liquidez para pagar su Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) de forma directa.

• Más ingresos estatales: Se incrementa el pago de Derechos por Inscripción en los Registros Públicos.

• Actualización catastral: Permite un cobro eficiente del impuesto predial a los nuevos y verdaderos propietarios.

La respuesta ciudadana a esta necesidad es innegable. A través del canal educativo “El Derecho Explicado por el Doctor Millán”, expusimos esta problemática legal y en poco tiempo recibimos el respaldo de cientos de miles de mexicanos, acumulando más de 400 mil vistas y miles de comentarios de ciudadanos que exigen esta simplificación administrativa.

Obligar al pueblo a pagar un peaje económico a entes privados contradice el principio de justicia social. Firma esta petición para que el Gobierno de México y nuestros legisladores eliminen esta carga y garanticen la seguridad patrimonial de millones de mexicanas y mexicanos. ¡La firma del juez debe bastar!