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Petitioning Diputado PRD Dip. Bayardo Ojeda Marrufo and 27 others
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Diputado PRD
Dip. Bayardo Ojeda Marrufo
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Diputado PRI
Dip. Dafné David López Martínez
Comunicación social
C. Gastón Lámbarry Avendaño
Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán
Rolando Rodrigo Zapata Bello
Diputada PAN
Dip. María Yolanda Valencia Vales
Diputado PRI
Dip. Francisco Alberto Torres Rivas
Diputada PRI
Dip. Flor Isabel Díaz Castillo
Diputado PRI
Dip. Luis Antonio Hevia Jiménez
Diputado PRI
Dip. Jorge Augusto Sobrino Argáez
Diputado PRI
Dip. José Javier Castillo Ruz
Diputado PRI
Dip. Luis Ernesto Martínez Ordaz
Diputada PRI
Dip. Leandra Moguel Lizama
Diputado PRI
Dip. Gonzalo José Escalante Alcocer
Diputado PRI
Dip. Fernando Romero Ávila
Diputado PRI
Dip. Rafael Chan Magaña
Diputada PRI
Dip. Elsa Virginia Sarabia Cruz
Diputado PRI
Dip. Pedro Oxté Conrado
Diputado PRI
Dip. Luis Alberto Echeverría Navarro
Diputada PAN
Dip. Judith Virginia Malta y Monforte
Diputado PAN
Dip. Mauricio Vila Dosal
Diputada PAN
Dip. María Sofía del Perpetuo Socorro Castro Romero
Diputado PAN
Dip. Edgardo Gilberto Medina Rodríguez
Diputado PAN
Dip. Víctor Hugo Lozano Poveda
Diputado PAN
Dip. Francisco Javier Chimal Kuk
Diputado PRD
Dip. Luis Jesús Manzanero Villanueva
Diputado PVEM
Dip. Harry Gerardo Rodríguez Botello Fierro
Diputado PRI
Dip. Alvar Iván Rubio Rodríguez
Presidente Municipal de Mérida
Lic. Renan Barrera Concha

H. Congreso del Estado de Yucatán: Aprueben el Matrimonio para todas y todos en Yucatán

La Constitución Mexicana en su artículo primero prohíbe cualquier tipo de discriminación, incluida la que se refiere a las preferencias u orientaciones sexuales y el Estado, que solo permite el matrimonio entre un hombre y una mujer, viola la constitución.

Es importante que los diputados y diputadas analicen y aprueben estos cambios para que los derechos humanos de los habitantes de Yucatán sean respetados


Letter to
Diputado PRD Dip. Bayardo Ojeda Marrufo
Diputado PRI Dip. Dafné David López Martínez
Comunicación social C. Gastón Lámbarry Avendaño
and 25 others
Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán Rolando Rodrigo Zapata Bello
Diputada PAN Dip. María Yolanda Valencia Vales
Diputado PRI Dip. Francisco Alberto Torres Rivas
Diputada PRI Dip. Flor Isabel Díaz Castillo
Diputado PRI Dip. Luis Antonio Hevia Jiménez
Diputado PRI Dip. Jorge Augusto Sobrino Argáez
Diputado PRI Dip. José Javier Castillo Ruz
Diputado PRI Dip. Luis Ernesto Martínez Ordaz
Diputada PRI Dip. Leandra Moguel Lizama
Diputado PRI Dip. Gonzalo José Escalante Alcocer
Diputado PRI Dip. Fernando Romero Ávila
Diputado PRI Dip. Rafael Chan Magaña
Diputada PRI Dip. Elsa Virginia Sarabia Cruz
Diputado PRI Dip. Pedro Oxté Conrado
Diputado PRI Dip. Luis Alberto Echeverría Navarro
Diputada PAN Dip. Judith Virginia Malta y Monforte
Diputado PAN Dip. Mauricio Vila Dosal
Diputada PAN Dip. María Sofía del Perpetuo Socorro Castro Romero
Diputado PAN Dip. Edgardo Gilberto Medina Rodríguez
Diputado PAN Dip. Víctor Hugo Lozano Poveda
Diputado PAN Dip. Francisco Javier Chimal Kuk
Diputado PRD Dip. Luis Jesús Manzanero Villanueva
Diputado PVEM Dip. Harry Gerardo Rodríguez Botello Fierro
Diputado PRI Dip. Alvar Iván Rubio Rodríguez
Presidente Municipal de Mérida Lic. Renan Barrera Concha
Quien suscribe, con fundamento en lo establecido por el artículo 8 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a ustedes para expresar lo siguiente:
El pasado 27 de noviembre de 2012, fue presentada en el Congreso del estado, una iniciativa de ley para modificar diversas disposiciones de la Constitución del estado de Yucatán y del Código de Familia, de tal manera que se eliminen las imitaciones que impiden que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en el estado de Yucatán, ante este hecho, quisiera puntualizar lo siguiente:
1.- El Congreso del estado de Yucatán debe dictaminar la iniciativa en cuestión teniendo como parámetro fundamental los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los Tratados Internacionales. La reforma constitucional de junio de 2011 genera, entre otras, la obligación para todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. La incorporación de este mandato, obliga a todo servidor público a utilizar el estándar más alto de protección en materia de derechos humanos al momento de tomar una decisión de orden público.
De especial consideración al momento de dictaminar la presente iniciativa es el contenido del derecho a la igualdad y no discriminación establecido en el párrafo quinto del artículo 1 constitucional, que señala la prohibición expresa de discriminación por motivos de preferencia sexual. Ese mandato obliga a todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, no solo a no discriminar, sino a establecer todas aquellas políticas públicas, incluyendo las de índole legislativa, para revertir las situaciones históricas de discriminación en la que han vivido determinados grupos sociales, en el caso concreto, hombres y mujeres homosexuales, partiendo de los estándares más altos de protección en materia de derechos humanos.
Que existan todavía obstáculos normativos que impiden que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, ser reconocidos como concubinas/os, y/o fundar una familia, es un acto de discriminación que debe ser corregido por el Congreso del estado atendiendo al citado artículo 1 de la Constitución Federal.
2.- En México ya existen parámetros y avances que deben ser tomados en consideración por las diputadas y los diputados al momento de discutir y dictaminar la iniciativa en cuestión. En diciembre de 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el matrimonio universal en esa entidad, reforma que posteriormente fue declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010 presentada por la Procuraduría General de la República. El 10 de agosto de 2010, con nueve votos a favor y dos en contra, ese mismo Tribunal confirmó su decisión de avalar que los 31 estados del país reconozcan oficialmente los matrimonios que celebren personas homosexuales en el Distrito Federal.
Con esa decisión, el Máximo Tribunal de nuestro país determinó la constitucionalidad de las uniones entre personas del mismo sexo, incluyendo el derecho a formar una familia y a adoptar, y estableció criterios de avanzada, desde una perspectiva de derechos humanos, que deben ser tomados en consideración al momento de dictaminar la presente iniciativa.
De manera reciente, el 6 de diciembre de 2012, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un paso más en el reconocimiento del derecho a la no discriminación al ordenar al Registro Civil del estado de Oaxaca inscribir tres uniones de personas del mismo sexo. De esta forma, y por unanimidad, los ministros declararon inconstitucional el fragmento del artículo 143 del Código Civil de Oaxaca que refiere que el matrimonio tiene la finalidad de procrear, ello en virtud de que, argumentaron, se atenta contra la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de su personalidad. Al emitir esta resolución fijaron criterios claros sobre la necesidad de eliminar situaciones de discriminación de la norma, en este caso, por orientación sexual.
Por otra parte, también están por aprobarse en el Congreso de la Unión, reformas a las leyes del Seguro Social y del ISSSTE para que las parejas del mismo sexo puedan incorporar a sus cónyuges a los beneficios de seguridad social que ya operan para las parejas heterosexuales. Lo anterior denota que, aunque hay mucho camino por recorrer, existe un avance indudable en el reconocimiento de los derechos humanos de la diversidad sexual, avance del cual no pueden estar ajenos los poderes públicos del estado de Yucatán.
3.- Uno de los elementos esenciales que el legislativo debe considera al momento de dictaminar la iniciativa es el principio de laicidad que se encuentra establecido tanto en la Constitución como en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Este principio impone a las y los servidores públicos la obligación de tomar decisiones desapegados de cualquier credo religioso. El derecho a profesar una religión tiene su límite en el ámbito de la toma de decisiones públicas. En consecuencia, ninguna decisión de Estado puede estar basada en opiniones o credos religiosos ni debe ser tomada atendiendo a presiones de ninguna autoridad religiosa. El único criterio que debe prevalecer en el ejercicio de la función pública, es el apego irrestricto a los derechos humanos.
4.- Es necesario que las y los diputados que integran el Congreso del estado de Yucatán, dictaminen la iniciativa en cuestión alejados de los múltiples prejuicios que han acompañado a las relaciones no heterosexuales. La homosexualidad no es una enfermedad ni desviación; ha sido eliminada de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud y de casi todos los países. Tampoco es una agresión para la familia “tradicional” ni un atentado contra la moral y las buenas costumbres. Las parejas homosexuales y las familias homoparentales ya existen. Lo que se está exigiendo no es el derecho a existir, sino el derecho a ser reconocidos en igualdad de circunstancias que otras relaciones y familias.
Al respecto, es preciso recordar que en Julio de 2009, el Congreso local modificó el artículo 94 de la Constitución para cerrar la posibilidad de que hombres y mujeres homosexuales pudieran legalizar sus uniones en una clara violación al derecho a la igualdad y no discriminación. Los argumentos que sustentaron dicha modificación se basaron, justamente, en los múltiples prejuicios que sobre la homosexualidad se han esgrimido, prejuicios que poco a poco han quedado evidenciados frente al avance y reconocimiento que a nivel nacional e internacional se ha dado en torno a los derechos humanos de la diversidad sexual. Esta nueva legislatura tiene la posibilidad de corregir esa violación y modificar la citada norma, no sólo como una forma de hacer efectivo el derecho humano a la igualdad y no discriminación, sino como un medio para reconocer la pluralidad de la sociedad yucateca
Finalmente, quiero expresar mi preocupación porque, a dos meses de haberse presentado la iniciativa en cuestión, no existe información sobre el avance que, al interior del poder legislativo, se ha dado en torno a la dictaminación de la misma. Sería preocupante que, una propuesta que tiene por objetivo hacer efectivos derechos humanos de grupos históricamente discriminados, sea congelada para evitar su dictaminación y discusión.
En ese sentido, expreso mi solicitud porque dicha iniciativa sea dictaminada con apego a los derechos humanos y los criterios que se han generado en el ámbito nacional e internacional.
Sin otro particular, y en espera de su pronta respuesta, quedo de ustedes.