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AUDITORÍA DE LA DEUDA, GOBIERNO DIMISIÓN Y CONVOCATORIA DE ELECCIONES #auditoriadeladeuda! #gobiernoILEGÍTIMO #deudaodiosadeudailegítima

Huele mal, cada vez peor...el hedor a corrupción, mafia, fraude y estafa, se hace insoportable. El Partido Popular es el mayor fraude de la historia...La trama Gürtel, ya no es tal, simplemente y con el paso del tiempo, se está demostrando que es, tan solo, una pequeña parte de la verdadera trama que constituye en sí mismo el Partido Popular.

 

Desde el PP han lanzado el mayor ataque de la historia, contra las instituciones, la política, los políticos honestos y honrados, y contra los ciudadanos y ciudadanas del estado español, en definitiva, contra el estado social y democrático de derecho.

 

Desde Naseiro, hasta Bárcenas, el Partido Popular es un claro ejemplo de cómo los políticos corruptos, y los banqueros y grandes empresarios corruptores, han contraído deudas a espaldas a los ciudadanos, sin su consentimiento y con fines de enriquecimiento personal, enriquecimiento corporativo, para la represión social y política y, en todo caso, contra los intereses de los propios ciudadanos.

 

De norte a sur y de este a oeste, la corrupción y las prácticas mafiosas, forman parte, vergonzosa e indecentemente, del paisaje político y de nuestro día a día.

 

El hedor es cada día más insoportable, lo putrefacto del sistema urge una reforma profunda, un cambio de sistema, en el que no tienen cabida ninguno de los partidos políticos que han gobernado durante más de 30 años y que son, los responsables del estado de excepción económico, social y político, en el que vivimos.

 

No valen promesas, ni declaraciones de intenciones cargadas de palabras vacías, de las que ya estamos hartos. No han querido cambiar, no han tenido voluntad de hacerlo. Han vivido y viven muy bien, a cuenta de "papá estado", ellos, sus familiares y amigos.

 

Los mismos que hoy imponen reformas fascistas, violando la Constitución del 78 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y nos obligan, con la reforma del artículo 135 de la Constitución, sin referéndum, al pago de SUS DEUDAS, argumentando para ello que no hay dinero, cuando son ellos, quienes se lo han llevado y se lo llevan calentito.

 

Han perdido, si la tenían, la legitimidad para gobernar (PP) y/o para hacer oposición (PSOE). Son corruptos y corruptores, han estafado y defraudado a todos los ciudadanos y ciudadanas del estado español, han priorizado sus intereses (mantener sus vidas rodeados de lujos, enchufar a sus familiares y amigos, repartiendo entre todos ellos, el dinero público, nuestro dinero) sobre el interés general, incluso y lo más escandaloso, exterminando derechos fundamentales; sanidad, educación, justicia, desempleo, pensiones, etc. 

 

Han impuesto una reforma laboral fascista, injusta, inconstitucional. No han puesto freno a la oleada de suicidios, demostrando su falta de sensibilidad social y su NO voluntad de frenar una ley hipotecaria injusta y criminal. Defienden a los banqueros y grandes empresarios (corruptores), incluso atentando contra el más sagrado de los derechos EL DERECHO A LA VIDA, y a una vida digna.

 

Merecen ser juzgados, inhabilitados de por vida, previa devolución al estado de todo lo que nos han robado. 

 

El pago de SUS DEUDAS, sus miserias y su irresponsabilidad, han condenado a la mayoría, a la exclusión social, paro, pobreza, hambruna y miseria! La esclavitud moderna.

 

Estas prácticas, propias de organizaciones mafiosas, son la base del verdadero problema que estamos sufriendo los ciudadanos y las ciudadanas del estado español, “la deuda”, SUS DEUDAS! Lo explico:

 

Vivimos en un "Estado de excepción económico, social y político". La estrategia del gobierno; después de haber creado la tormenta perfecta, y tener a la ciudadanía en estado de shock, es precisamente, mantener dicho estado de shock, multiplicando los mensajes catastrofistas: “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, “no podemos gastar más de lo que ingresamos”, “no hay dinero”, “son ajustes dolorosos pero necesarios” y su máxima preferida, base de su argumentario para imponernos políticas de destrucción masiva, las mismas políticas que ya han fracasado en Grecia y Portugal, provocando una brutal depresión económica y social; 

          “Una mentira mil veces repetida... se transforma en verdad “(Paul Joseph Goebbels), intentando justificar la violación sistemática de nuestra Constitución y  la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su excusa perfecta, para cambiar el modelo social y el modelo de estado.

 

El PSOE, con el apoyo del Partido Popular, reformaron la Constitución, sin referéndum, aprobada el 30 de agosto de 2011, que expone en su artículo 135.3: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. En otras palabras: el pago de la deuda será prioritario; cada euro que entre en tesorería tendrá que ir destinado prioritariamente a pagar la deuda y sus intereses -en detrimento de sueldos, pensiones, prestaciones y cualquier tipo de gasto social- hasta que no se haya cubierto totalmente dicho importe. Y además, se prohíbe su negociación o repudio.

 

Es decir, el dinero de nuestros impuestos, no irá destinado prioritariamente a nuestros servicios sociales, sino al pago de la deuda. Una deuda de la que nunca fuimos conscientes, ni hemos podido opinar o participar. Una deuda, presentada como el mayor de los problemas y de la que nos hacen responsables directos y nos obligan, al reformar la constitución, a pagarla, a todos los ciudadanas y ciudadanos del estado español. Una deuda de la que aún no se ha hecho ninguna auditoría, para determinar su legitimidad. Una deuda que ha establecido una nueva política de gobierno y un nuevo orden de prioridades presupuestarias.

 

El pago de dicha deuda, vulnera los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas del estado español. Viola la Constitución de 1978 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, condenando a la mayoría, a la exclusión social, paro, pobreza, hambruna y miseria! La esclavitud moderna.

 

 

¡Adutitoria de la deuda!

Letter to
Congreso de los Diputados
Coordinador federal de Izquierda Unida Cayo Lara (IU)
Naomi Klein escribió en 2007, La doctrina del Shock: El auge del capitalismo desastre. En él, la periodista canadiense, teorizó sobre la posibilidad de que los estados aprovecharan situaciones de shock, o trauma, para tomar medidas impopulares que en circunstancias normales no serían aceptadas. Estos shocks serían provocados por catástrofes naturales o humanas, que posibilitarían la aceptación de medidas drásticas o bien para paliar la situación o en aras de un bien mayor.

Naomi Klein considera que las catástrofes que provocan esta situación en la ciudadanía son provocadas por las mismas políticas que se aprovechan de estos estados para implementar las medidas. El caso de la crisis económica que estamos viviendo, sería la explicación perfecta a la teoría de la periodista canadiense, ya que una catástrofe financiera como la actual, está sirviendo de excusa para tomar medidas que limiten los derechos de los ciudadanos, cercenen el estado del bienestar y se tomen decisiones, por encima de las soberanías populares y los estados democráticos. La doctrina del shock, atribuida al nobel de economía, Milton Friedman, sería la que se está aplicando a la ciudadanía desde que el Partido Popular gobierna. En palabras de Klein, ‘Milton Friedman entendió que la atmósfera creada por una crisis de gran escala, proveía el necesario pretexto, como para invalidar los deseos expresos de los votantes, y entregarles la economía del país a los tecnócratas’. Lo ocurrido en Grecia con Papadimos o Italia con Monti avala la explicación.

Las ruedas de prensa del consejo de ministros son un argumento más en la línea de la aplicación del shock a la sociedad contemporánea. Por ejemplo, cuándo Soraya Sáenz de Santamaría, se presentó en una de las primeras ruedas de prensa, para presentar “el recorte” que solo es el ‘inicio del inicio’ de las medidas de ajuste. Lo hizo midiendo los tiempos de la presentación, sabiendo que se dirige a una ciudadanía en estado de shock, con muchos problemas, y a la que es difícil pedirle más sacrificios sin hacerle ver lo verdaderamente dramático de la situación y minimizando el verdadero alcance de las medidas que tanto les afectan.

Lo primero es relativizar la culpa del gobierno ante las medidas, La vicepresidenta del gobierno, en dicha rueda de prensa, anunció que la situación es más grave de lo que se esperaban al tener un déficit del 8%, en vez del 6%, que anunció el anterior gobierno de Rodríguez Zapatero, esa herencia es la que provoca las medidas que la sociedad debe aceptar, no la decisión del gobierno, y con ello limitas el golpe provocado a la credibilidad del gobierno.

Justo antes de las medidas de subidas de impuestos, las más impopulares sobre todo para el electorado propio, la vicepresidenta se excusó hasta 13 veces en 30 segundos, con frases como ‘extraordinarias’, ‘medidas no previstas’, ‘no teníamos previsto’. Excusas necesarias sobre todo conociendo que la subida de impuestos ha sido la medida contra la que más llamativamente se ha posicionado el Partido Popular en la oposición.

El lenguaje, la puesta en escena, y la dramatización del estado de shock de la sociedad, como elementos indispensables en la comunicación del gobierno; Para que la sociedad acepte unas medidas dramáticas que niegan la propia esencia de lo que el gobierno prometió en las elecciones.
Una rueda de prensa que resultó un compendio para el estudio de la comunicación política en una situación de crisis. No cabe duda que el actual gobierno ha comprendido que comunicar continuamente un estado de schok, con mensajes catastrofistas, es la clave para perdurar, en una crisis (ESTAFA) de semejantes dimensiones.

Vivimos en un "Estado de excepción económico, social y político". La estrategia del gobierno; después de haber creado la tormenta perfecta, y tener a la ciudadanía en estado de shock, es precisamente, mantener dicho estado de shock, multiplicando los mensajes catastrofistas: “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, “no podemos gastar más de lo que ingresamos”, “no hay dinero”, “son ajustes dolorosos pero necesarios” y su máxima preferida, base de su argumentario para imponernos políticas de destrucción masiva, las mismas políticas que ya han fracasado en Grecia y Portugal, provocando una brutal depresión económica y social;
“Una mentira mil veces repetida... se transforma en verdad “(Paul Joseph Goebbels), intentando justificar la violación sistemática de nuestra Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su excusa perfecta, para cambiar el modelo social y el modelo de estado.

El gobierno del estado español, los banqueros y grandes empresarios, han contraído deudas a espaldas a los ciudadanos, sin su consentimiento y con fines de enriquecimiento personal, enriquecimiento corporativo, para la represión social y política y, en todo caso, contra los intereses de los propios ciudadanos.

El PSOE, con el apoyo del Partido Popular, reformaron la Constitución, sin referéndum, aprobada el 30 de agosto de 2011, que expone en su artículo 135.3: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. En otras palabras: el pago de la deuda será prioritario; cada euro que entre en tesorería tendrá que ir destinado prioritariamente a pagar la deuda y sus intereses -en detrimento de sueldos, pensiones, prestaciones y cualquier tipo de gasto social- hasta que no se haya cubierto totalmente dicho importe. Y además, se prohíbe su negociación o repudio.

Es decir, el dinero de nuestros impuestos, no irá destinado prioritariamente a nuestros servicios sociales, sino al pago de la deuda. Una deuda de la que nunca fuimos conscientes, ni hemos podido opinar o participar. Una deuda, presentada como el mayor de los problemas y de la que nos hacen responsables directos y nos obligan, al reformar la constitución, a pagarla, a todos los ciudadanas y ciudadanos del estado español. Una deuda de la que aún no se ha hecho ninguna auditoría, para determinar su legitimidad. Una deuda que ha establecido una nueva política de gobierno y un nuevo orden de prioridades presupuestarias.


El pago de dicha deuda, vulnera los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas del estado español. Viola la Constitución de 1978 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, condenando a la mayoría, a la exclusión social, paro, pobreza, hambruna y miseria! La esclavitud moderna.

¿LA DEUDA DEL ESTADO ESPAÑOL ES ODIOSA E ILEGÍTIMA?

¿Qué es una deuda odiosa?

Deuda odiosa, deuda execrable o deuda ilegítima, en Derecho internacional, es la teoría jurídica, puesta en práctica numerosas veces a lo largo de la historia, que sostiene que la deuda externa de un gobierno contraída, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país, no tiene por qué ser pagada y por tanto no es exigible su devolución ya que los prestatarios habrían actuado de mala fe, a sabiendas, y por tanto dichos contratos —bonos o contratos comerciales— son nulos legalmente. En todo caso, tales deudas podrían considerarse personales debiendo responder quienes las hayan contraído a título personal —sea el monarca, el presidente, el director del banco central nacional o los ministros correspondientes— y no el Estado en su conjunto y por tanto los ciudadanos. En algunos aspectos, el concepto es análogo a la nulidad de los contratos firmados bajo coacción.

Si un poder despótico incurre en una deuda no por las necesidades o los intereses del Estado sino para otorgar mayor fuerza a su régimen despótico, para reprimir a la población que se le enfrenta, etc., esta deuda es odiosa para la población de todo el Estado. Esta deuda no es una obligación para la nación; es una deuda del régimen, una deuda personal del poder que la ha tomado, por lo tanto ésta cae con la caída del poder que la tomó. La razón por la que no se puede considerar que estas deudas odiosas graven el territorio del Estado es que dichas deudas no cumplen con una de las condiciones que determinan la legalidad de las deudas del Estado, que dice: las deudas del Estado deben ser tomadas y los fondos deben ser empleados para satisfacer la necesidades y los intereses del Estado.

Las deudas odiosas tomadas y usadas con fines que, con el conocimiento de los acreedores, son contrarios a los intereses de la nación, no comprometen a esta última -en el caso que la nación tenga éxito en liberarse del gobierno que incurrió en ellas- excepto por la cantidad con la que obtuvo beneficios de esas deudas. Los acreedores han cometido un acto hostil para con la población; ellos, por lo tanto, no pueden esperar que la nación liberada de un poder despótico asuma las deudas odiosas, que son deudas personales de ese poder.

Las 3 características para identificar una deuda odiosa:

1 - El gobierno del país recibe un préstamo sin el conocimiento ni la aprobación de los ciudadanos.

2 - El préstamo se destina a actividades no beneficiosas para el pueblo.

3 - Aunque el prestamista está informado de la situación descrita en los puntos anteriores concede el préstamo -normalmente por el alto interés que recibirá-.

En cuanto la deuda legítima, es aquella que sirve para equilibrar las cuentas de la Administración del Estado respecto de las operaciones propias de la actividad del Estado (Justicia, Servicios Generales, Seguridad, Sanidad, prestaciones sociales, infraestructuras…) y que no debe recurrirse al endeudamiento para otros fines, pues este uso “ilegítimo” de la deuda, en la actual “crisis de deuda”, dificulta el acceso al crédito del Estado, hace aumentar los tipos de interés, aumenta vía gastos financieros el déficit público y facilita la justificación de los agentes neoliberales para los recortes al Estado de Bienestar.

El Partido Popular y Mariano Rajoy han llegado al poder estafando y engañando a los ciudadanos del estado español, prometiendo en campaña electoral que iban a hacer, justamente, todo lo contrario a lo que están haciendo, cometiendo fraude electoral y gobernando en fraude democrático, convirtiéndose en el primer gobierno ilegítimo de la democracia.

Con Mariano Rajoy a la cabeza, el Partido Popular desde su llegada al “poder” ha violado, continua e indecentemente, la Constitución Española de 1978 (desde el preámbulo, hasta la disposición final) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Han dado la espalda a las ciudadanas y a los ciudadanos del estado español, gobernando desde Bruselas, para los mercados y por los mercados, cometiendo alta traición al pueblo español, subordinando la soberanía nacional, a los intereses de los especuladores y mercenarios económicos.

Con las políticas del Partido Popular se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. Una clarísima transferencia de dinero, desde lo público hasta lo privado. La deuda, está siendo el elemento de política económica, más recurrido para cristalizar la inmensa estafa que está siendo esta crisis económica.

La Democracia no consiste tan sólo en depositar una papeleta en una urna cada cuatro años, coaccionados y manipulados previamente por los medios de comunicación, aleccionados a su vez y pagados, por los dos grandes partidos. La democracia reside en la igualdad de oportunidades, la justicia, la libertad y, sobre todo, el reparto justo de las riquezas.

Dentro de toda democracia que se precie de serlo, debe de existir una Carta Magna o Constitución. La cual será la ley madre, por la cual todas las leyes de la nación, se deberán normar y subordinar.

Dentro de toda Constitución, se establecerán las normas por las cuales se elegirán a las autoridades del país, y cómo estas deben actuar, frente a sus cargos. Así mismo sus atribuciones y limitaciones constitucionales estarán escritas de manera explícita. Por otra parte, y aspecto fundamental de toda democracia, en la Constitución se deberán plasmar, todos los derechos primordiales y obligaciones de todo ciudadano de la nación. Principio básico de toda Democracia representativa.

La separación de los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) es uno de los pilares fundamentales de toda democracia. Cada uno de ellos es independiente y existe un control constante, de uno, sobre el otro. Aquello redunda en un control sobre el actuar de los mismos y evitar casos de corrupción o ilegalidades de los mismos. Por el contrario, en el Estado Español, los tres poderes, dependen, única y exclusivamente, de los políticos. Vulnerando uno de los principios básicos de cualquier democracia que se precie de serlo.

-Estado democrático; Esto significa que a todos los ciudadanos se le reconocen una serie de derechos fundamentales, que el pueblo mediante sus representantes elige a sus gobernadores, porque existen diversos partidos a los cuales se puede pertenecer, porque el pueblo participa directamente en el ejercicio del poder y en las tareas del gobierno.

-Estado de derecho; Esto significa que impera el derecho, las leyes pretenden ser un reflejo, lo más aproximado posible, de esa suprema virtud que llamamos justicia.

-Estado social; El estado está obligado a solucionar los problemas sociales y económicos de los ciudadanos. Una de las finalidades es la de promover el desarrollo de la cultura y de la economía, para asegurar a todos una digna calidad de vida y sobretodo deberá actuar en favor de una serie de grupos más indefensos; protección a la familia y a la educación, a los trabajadores y a la juventud, a los minusválidos y menores, a la salud, a la cultura, al medio ambiente, a los ancianos, consumidores.

La Constitución Española de 1978 dice:

El Gobierno de España gobierna (Art. 97), es decir, dirige la política interior y exterior del Estado, sobre la base de un programa previo, que hubo de ser presentado a la hora de la investidura por el Presidente (Art. 99).

El Partido Popular ha presentado un programa de gobierno, a todos los ciudadanos, en campaña electoral, programa que está incumpliendo desde que ha ganado las elecciones.

La fórmula de toma de posesión en la investidura del Presidente dice así:

"Juro/Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Presidente del Gobierno con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministros".

El Presidente del gobierno incumple su juramento/promesa hecho en la investidura, de guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del estado.

Por los motivos anteriormente expuestos:

Pedimos una auditoría de la deuda: ¿Cuánto se debe? ¿Por qué se debe? (en esta cuestión radica la esencia del problema) y ¿A quién se debe? Conocer la verdadera naturaleza de la misma (análisis del origen y composición de la deuda del estado, con el fin de determinar si es “ilegítima” u “odiosa”).

Repudiar y denunciar la odiosa e ilegítima. Suspensión de pagos a los acreedores, negociación de la deuda y de los intereses, para que se quite la deuda odiosa e ilegítima, y los intereses ilegítimos, que estamos pagando la sociedad española y que está provocando el recorte de derechos básicos, la violación de la Constitución Española del 78 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Proponemos asimismo, la creación de una comisión, formada por expertos de diferentes ámbitos de la vida social y económica, incluyendo a las múltiples organizaciones especializadas en este tema, que trabajan desde hace años, en esta línea, tanto a nivel nacional, como internacional.

Más allá del control financiero, la auditoría tiene un papel eminentemente político ligado a dos necesidades fundamentales de la sociedad: la transparencia y el control democrático del Estado y de sus gobernantes por los ciudadanos.

Se trata de necesidades que se refieren a los derechos democráticos elementales, reconocidos en el derecho internacional, el derecho interno y la Constitución, aunque sean violados continuamente. El derecho de control que tienen los ciudadanos sobre aquellos que los gobiernan, de informarse de todo lo que concierne a su gestión, sus objetivos y sus motivaciones es intrínseco a la propia democracia. Esto emana del derecho fundamental de los ciudadanos a ejercer su control sobre el poder y de participar activamente en los asuntos públicos y por lo tanto comunes.

-Propongo una serie de medidas que acompañen a la auditoria de la deuda:

•Prohibición de los paraísos fiscales.
•Lucha contra el fraude fiscal masivo de las grandes empresas y de los más ricos
•Reducir drásticamente el tiempo de trabajo para crear empleo, al tiempo que se aumentan los salarios y las pensiones
•Socializar las numerosas empresas y servicios privatizados en los últimos 30 años.
•Aprobación de una Ley de transparencia que garantice el derecho de la ciudadanía a la información y la lucha contra la corrupción.
•Una reforma fiscal, para hacerla verdaderamente progresiva y redistributiva, priorizando la tasación de capitales y recursos naturales, de manera que paguen más quienes más tienen y más contaminan, hacerla capaz de equilibrar las cuentas y, mantener y mejorar los servicios públicos de salud, de educación y las políticas sociales, y ambientales.
•Solicitar la ampliación de los tipos penales y endurecimiento de las penas establecidas en el Código Penal para los corruptos y para los corruptores públicos, y privados, así como para los delitos fiscales, blanqueo de capitales, prevaricación y otras figuras delictivas como el cohecho o la malversación de caudales públicos, sin prescripción de estos delitos.

-Separación efectiva de los tres poderes del estado (ejecutivo, legislativo y judicial).

-Dimisión del gobierno de España.

-Reforma de la ley electoral.

-Convocatoria de elecciones generales.






Atentamente,

Miguel Angel Lage Martínez