SEPARACIÓN DE LA IGLESIA DEL ESTADO

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SEPARACIÓN DE LA IGLESIA Y EL ESTADO
PROYECTO DE LEY DEL PARTIDO OBRERO DE SALTA PARA QUE LA IGLESIA PAGUE IMPUESTOS

Presentamos un Proyecto de Ley, que modifica el Código Fiscal Provincial, que actualmente exime de impuestos inmobiliarios y de Sellos a la Iglesia Católica, en los artículos 126 y 275 respectivamente.

El sostenimiento económico de las religiones y, en particular de la católica, establecido en la Constitución Nacional y ratificado por la provincial, entraña un privilegio y una imposición sobre el conjunto de la población. Una cuestión de orden privado como la creencia religiosa adquiere el carácter de orden público, colocándose por encima del conjunto de la sociedad con sus propias leyes, valores y métodos, que adquieren así una predominancia fundamental para imponerse. La eliminación de este sostenimiento tiene un sentido claramente democrático.

La injerencia del clero se ha podido ver no sólo en la discusión de la ley IVE, sino en las modificaciones al Código Civil y Comercial bajo el kirchnerismo, en su oposición a la enseñanza de la educación sexual, en la campaña contra el uso de preservativos para prevención del HIV, contra el matrimonio entre personas del mismo sexo y en su discriminación a la diversidad sexual. Ésta intervención reaccionaria contra un enorme sector del pueblo que no comulga con su dogma, se hace paradójicamente con recursos del pueblo.

Según la respuesta de la Dirección de Inmuebles al pedido de informe, la Iglesia Católica cuenta con un total de 212 propiedades: 15 son rurales, por un total de 387 hectáreas y 197 son urbanas por un total de 800 mil metro des cuadrados. Las propiedades son en su enorme mayoría donadas por el Estado, destacándose, por ejemplo, el Potrero de Linares, de 130 hectáreas en La Silleta, en donde se tercerizó y privatizó la atención de las personas que sufren adicciones.

Con esta ley para que la Iglesia pague impuestos por su enorme propiedad, se busca dar un paso adelante en la necesidad de separar la Iglesia del Estado. Esta es una conclusión directa de la reciente lucha por el derecho al aborto legal.

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