Clara Brugada Molina

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,

Nelly Antonia Juárez Audelo:

Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, 

Nos dirigimos a ustedes como habitantes y ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México para exigir la publicación inmediata de las Reglas de Operación del programa social "Bienestar para Pueblos y Comunidades Indígenas 2026" (BPyCI 2026), a cargo de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI).

El programa existe. El presupuesto existe. Las reglas no han salido.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, 125,153 personas hablan alguna lengua indígena en la Ciudad de México, de las cuales 1,032 son monolingües. Estas personas tienen derecho constitucional, legal y humano a recibir servicios de interpretación y traducción cuando acuden a un hospital, a un juzgado, a una institución pública. Ese derecho no puede ejercerse sin el programa. Y el programa no puede operar sin sus Reglas de Operación.

Estamos en junio. Medio año ha transcurrido sin que el Gobierno de la Ciudad publique este instrumento normativo. Mientras tanto, hospitales de la ciudad buscan intérpretes de manera informal y gratuita para atender ciudadanos mexicanos en calidad de pacientes hablantes de una lengua nacional en situación de vulnerabilidad. Mientras tanto, personas detenidas, enfermas o en crisis enfrentan procedimientos legales y médicos sin entender ni ser entendidas. Mientras tanto, las y los intérpretes y traductores de la Red de Intérpretes-Traductores en Lenguas Indígenas de la Ciudad de México —profesionales con formación especializada— no pueden ejercer su trabajo sin este apoyo.

El programa BPyCI no es nuevo ni experimental. Lleva seis años operando de manera continua desde 2019, con una trayectoria de crecimiento sostenido que habla por sí sola. En 2021 se realizaron 500 servicios de interpretación y traducción. En 2022, otros 500, en 14 lenguas distintas y en coordinación con 39 instancias públicas. En 2023 la cifra creció a 980 servicios en 17 lenguas, con 58 instituciones colaborando. En 2024 se superaron los 1,080 servicios en 22 lenguas indígenas nacionales, beneficiando directamente a 211 personas. En total, entre 2019 y 2024 el programa acumuló 3,423 servicios de interpretación y traducción, y llegó de manera indirecta a 2,271 personas hablantes de lenguas indígenas en situación de vulnerabilidad. Las Reglas de Operación del ejercicio 2025 fueron aprobadas desde el 24 de febrero de ese año y publicadas en la Gaceta Oficial el 11 de marzo. No hay razón técnica, legal ni presupuestal que justifique el retraso en 2026. Lo que hay es una decisión que aún no se toma, y esa omisión tiene consecuencias reales para personas reales.

La Ciudad de México se ha comprometido, a través de su propia Constitución, de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, y de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a garantizar que las personas hablantes de lenguas indígenas puedan acceder a la justicia, la salud y los servicios públicos en su propia lengua. Sin las Reglas de Operación del BPyCI 2026, esos compromisos son letra muerta.

Seis años de operación continua, más de 3,400 servicios brindados y una demanda que no ha dejado de crecer demuestran que la interpretación y traducción en lenguas indígenas no es una necesidad emergente ni ocasional: es una necesidad estructural y permanente de la ciudad. Sin embargo, este servicio sigue dependiendo de un programa social sujeto a aprobación anual, a suficiencia presupuestal y a la publicación de reglas de operación que, como vemos en 2026, pueden simplemente no llegar. Un derecho constitucional no puede estar condicionado a los tiempos y voluntades de un ciclo programático. La interpretación y traducción en lenguas indígenas debe contar con un recurso presupuestal permanente, etiquetado y protegido, que garantice la continuidad del servicio independientemente del calendario político o administrativo. Mientras eso no ocurra, cada año la población indígena de esta ciudad quedará expuesta al mismo riesgo: que su derecho a ser entendida dependa de si alguien firmó un documento a tiempo.

Por todo lo anterior, exigimos:

1. La publicación inmediata de las Reglas de Operación del programa “Bienestar para Pueblos y Comunidades Indígenas 2026” en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
2.  La apertura urgente de la convocatoria correspondiente para que las personas intérpretes y traductoras puedan incorporarse al programa y comenzar a brindar servicios.
3. Contar con un recurso presupuestal permanente, etiquetado y protegido que garantice la continuidad del servicio independientemente del calendario político o administrativo.

La diversidad lingüística de esta ciudad no es un ornamento cultural. Es una realidad cotidiana que exige respuestas institucionales concretas, sostenidas y a tiempo. Cada semana de retraso es una semana en que personas indígenas en situación de vulnerabilidad enfrentan solas sistemas que no hablan su lengua.

El tiempo de actuar es ahora.

Firmamos quienes sabemos que los derechos lingüísticos son derechos reconocidos por la constitución de la Ciudad de México, y que el Gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación —no la opción— de garantizarlos, no podemos permitir que nuestras autoridades violentes a sus ciudadanos por medio de la omisión.