Nuestra sociedad vive actualmente una situación de emergencia absolutamente trágica e inédita en cuanto a la pérdida de vidas humanas, al sufrimiento social por la vivencia y la cercanía de una enfermedad descontrolada en su propagación y altamente letal.

Esta situación está agravando de manera severa las condiciones de vida de toda la población. Según la última ECV del INE (2018), la población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) se situaba en el 26,1%. Actualmente, y con millones de personas que han perdido temporal o definitivamente sus ingresos anteriores a la crisis, sólo nos es posible imaginar cual puede ser la calamitosa situación.

El Gobierno de España ha decidido finalmente instaurar  el Ingreso Mínimo Vital, que es una cantidad absolutamente insuficiente tanto en monto como en cobertura, implica enormes costes de gestión y por lo tanto resulta ineficiente, al igual que el resto de subsidios sólo segmenta a la población en "grupos de receptores" que acaban siendo "grupos de interés", dinamitando toda cohesión social, alimentando desigualdades, así como realidades y sentimientos de discriminación. El IMV que ha instaurado ya el gobierno sin diálogo social alguno, la pagarán además las rentas del trabajo, mayoritariamente.

Por todo ello, y DE MANERA ADICIONAL A LAS MEDIDAS SOCIALES Y FISCALES APROBADAS POR EL GOBIERNO HASTA LA FECHA, SIN PERJUICIO DE OTRAS MEDIDAS FOCALIZADAS QUE PUEDAN MEJORAR LA SITUACIÓN DE COLECTIVOS ESPECÍFICOS ESPECIALMENTE VULNERABLES Y SIN PERJUICIO DE NUESTRA FIRME VOLUNTAD DE QUE SEA APROBADA EN ESPAÑA A PARTIR DE 2020 UNA RENTA BÁSICA UNIVERSAL INCONDICIONAL (que estimamos en estos momentos no es posible instrumentar) instamos al Gobierno a que adopte, antes de que finalice este mes de abril, las medidas necesarias para establecer una RENTA CIUDADANA DE EMERGENCIA que cubra PARA CADA PERSONA EMPADRONADA EN ESPAÑA (niñas, niños y personas extranjeras incluidas) la cantidad de 436,95 EUROS desde este mes de abril y hasta el 31 de diciembre del presente año. Esta cantidad, que se propone como mínima, se ha calculado integrando en ella el coste actualizado de la canasta básica (aproximadamente 96,95 euros) más una cantidad correspondiente al costeo de servicios básicos (vivienda, agua, electricidad, transporte) promediados por persona (340 euros) y que siguen sin ser cubiertos (si acaso han sido aplazados) por las medidas gubernamentales adoptadas hasta la fecha. Esta renta monetizada deberá ser completada con la garantía de acceso a una vivienda digna, esto es, adaptada a las necesidades de la persona u hogar perceptora de la misma.

Este ingreso será corregido por la declaración del IRPF, de manera que quien no lo necesite lo devolverá a las arcas públicas.

Consideramos que, además de asegurar esta percepción mensual los costes básicos de la vida para cada habitante y resolver con ello las carencias materiales más básicas, esta medida proporcionará de inmediato un alivio psico-social profundo en toda nuestra sociedad que facilitará mucho el éxito de las duras medidas de restricción a la movilidad y las libertades que está suponiendo el Estado de Alarma desde hace ya más de un mes de su establecimiento.Por si estas no fueran razones suficientes, estos ingresos mínimos vitales asegurarán para todo este año un consumo nacional mínimo que asegurará la supervivencia y sostenimiento de actividades esenciales.

Solicitamos además que esta RENTA CIUDADANA DE EMERGENCIA no cargue contra el ya menguado Presupuesto General del Estado que exigimos debe dedicarse a sostener los servicios públicos esenciales, ni sea financiada por contrataciones de deudas que acabarán pagando las clases trabajadoras, tarde o temprano y de una u otra forma (impuestos indirectos, directos, recortes, inflación...). Solicitamos por el contrario que sea FINANCIADA  A TRAVÉS DE DOS MECANISMOS: UN IMPUESTO INSTANTÁNEO Y ÚNICO SOBRE LAS GRANDES FORTUNAS de este país de entre el 3% y el 5% sobre el patrimonio neto (España contaba en 2019 con 979.000 millonarios, es decir, personas con un patrimonio neto superior a 1 MILLÓN DE DÓLARES); Y UN IMPUESTO INSTANTÁNEO Y ÚNICO SOBRE LAS GRANDES CORPORACIONES de entre el 5 y el 10%, (sólo las empresas del IBEX obtuvieron beneficio neto conjunto de 27.792 millones de euros el año pasado).

Consideramos que nuestra petición resulta URGENTE, JUSTA, VIABLE Y FACTIBLE en lo que debiera ser su instrumentación en lo que resta de mes de abril.

Estamos además seguros/as de que las grandes fortunas y corporaciones de este país, tan solidarias como se muestran siempre en torno a campañas de donaciones y buenos deseos para la población, estarán encantados/as de aportar de manera REALMENTE SIGNIFICATIVA, DECISIVA Y ANÓNIMA Y DESINTERESADA al bienestar colectivo de los habitantes de este país, que no son sino aquellos que a través de su consumo han contribuido a sus fortunas y utilidades.