La conciencia social y la preocupación sobre la calidad de los alimentos que consumimos, es cada vez mayor.

Con la última polémica sobre la ganadería extensiva frente a las macogranjas, se pone de manifiesto que, tanto consumidores como ganaderos, no tenemos un marco jurídico que diferencie entre que es intensivo y que es extensivo. Por tanto no se puede impulsar un etiquetado diferencial entre ambos sistemas de producción, lo que perjudica tanto a consumidores como a ganaderos de extensivo que a duras penas pueden sobrevivir frente a otros sistemas de producción.

Es un clamor social, a parte una evidencia científica, que las explotaciones extensivas tienen un positivo impacto directo a todos los niveles: producen carne y productos  de una alta calidad, crean empleo en las zonas rurales y arraigan población, favorecen la biodiversidad, la lucha contra los incendios y frenan el cambio climático, son un reservorio genético de razas autóctonas, etc.

Mediante esta petición popular, perdimos al Gobierno de España que se ponga del lado de la sociedad, que legisle y defina claramente que es extensivo y que se impulse, también mediante una ley, el etiquetado diferencial de los diferentes productos agropecuarios.